Un destacamento de Gendarmería en Villa Soldati aplicado a la seguridad del Cinturón Sur mostró la hilacha luego de que un adolescente denunciara que había sido picaneado, golpeado y amenazado con que le plantarían drogas. Cuando fue allanado el destacamento en busca de pruebas, se toparon con 125 ravioles de cocaína listos para ser entregados, dos “piedras” que aparentaban ser de marihuana y medio centenar de DNI, además de tarjetas de débito, de crédito, tarjetas verdes, documentación de prepagas, y toda una suerte de utilidades surgidas posiblemente de requisas, o con una mirada positiva, de recolección de objetos perdidos, y con toda seguridad listas para ser entregadas a la Justicia, aunque todavía no informadas. Una demorita puede tener cualquiera. Hablando de demoras, quedó detenido el comandante Néstor Alfredo Villanueva, segundo jefe del destacamento destinado a la prevención de ilícitos.

En julio del año pasado, un pibe de dieciséis años fue detenido por gendarmes en la Plaza Ramón Carrillo, del barrio Fátima, con el supuesto de investigar su identidad, seguramente con el argumento de aspecto de peligrosito para la sociedad, o el clásico e indefinible “actitud sospechosa”. Los gendarmes lo trasladaron al mentado puesto, ubicado debajo de la autopista Cámpora, con acceso por la calle Lacarra en su intersección con Plumerillo, Villa Soldati.

Según la denuncia posterior, el chico fue introducido al pequeño local y sentado en una silla. Los gendarmes de turno entonces fueron sacando número para aplicarle “correctivos” a saber, paliza en el rostro y en el estómago, mientras el chico intentaba defenderse con sus manos estratégicamente esposadas por la espalda. Antes, durante y/o después de la golpiza le mostraron cocaína y marihuana y lo amenazaron con “plantarle una causa”, esto es, colocarle la cocaína y la marihuana en el bolsillo, fotografiarlo y denunciarlo como narco. Después, como para dejarle claro la difusa línea que separa las amenazas de los hechos, le pasaron corriente eléctrica por algunas de sus tantas costillas.

Luego, en un gesto de redención legalista, lo trasladaron al cercano Hospital Piñero, a los golpes, para verificar que no tenía marcas, y luego lo entregaron en el Centro de Admisión y Derivación Ursula Llona de Inchausti, cogestionado por la Secretaría de la Niñez y el Ministerio de Seguridad, en Perón al 2000.

Tras la denuncia, la Procuración General ordenó al titular de la Procuvin, Abel Córdoba, investigar el caso. La medida que tomó fue pedir un allanamiento al propio destacamento de Lacarra y Plumerillo en busca de alguna prueba que se pudiera aportar a la investigación. “La finalidad de la medida pedida excedía la cuestión probatoria de este caso concreto –dijo Abel Córdoba a este diario–, y se realizaba para prevenir hechos futuros, que es una obligación del Ministerio Público Fiscal en su rol de garante de la legalidad y la vigencia de los derechos fundamentales de las personas, especialmente reducir los peligros de violación de derechos de niños, adolescentes y barrios vulnerables.”

El martes 7, a la madrugada, un equipo de la Procuvin, encabezado por Katia Troncoso, coordinadora del Area de Violencia Policial de la Procuvin; Fernando Vallone, coordinador del Area de Corrupción en las Fuerzas de Seguridad, y María Laura Grigera, subsecretaria letrada de la Procuraduría, participó del allanamiento ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 32, con asistencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que se extendió durante casi cinco horas.

En principio se buscaban instrumentos de tortura como los denunciados por la víctima, y para ello se registraron los autos, a los gendarmes y todos los rincones del destacamento. Precisamente en uno de los cofres personales se toparon con el aspecto preventivo del destacamento: un envoltorio que contenía en su interior 42,2 gramos de cocaína fraccionada en 125 envoltorios, dos “piedras” de 65,9 gramos de una sustancia que aparentaba ser marihuana, cuyo reactivo no arrojó resultados definitivos. Cabe aclarar que a pasos del destacamento se encuentra un centro de rehabilitación de adicciones, lo que hace sugerente el particular hallazgo.

En un cajón de las oficinas se encontró medio centenar de DNI, ocho tarjetas de débito, cuatro de crédito, tarjetas verdes, carnets de prepagas y un sinfín de articulillos obtenidos bajo el amparo del punguismo seudoegal.

Además del secuestro de los objetos y “estupefacientes” secuestrados, los de la PSA se llevaron detenido al comandante Néstor Alfredo Villanueva, segundo jefe del Destacamento de curiosa Prevención Barrial Villa Fátima. Interviene en la causa el juzgado federal 5. Es posible que el preventor de Barrio Fátima sea indagado hoy mismo.

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