Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados tenía todo listo para aprobar el proyecto que (re)crea la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo recibirá el apoyo del Frente para la Victoria (FpV) y de sus aliados tradicionales, pero también contará con el aval de la UCR, el PRO y el Frente Renovador. Por su parte, los diputados del Frente Amplio Progresista adelantaron que se abstendrán. En el transcurso de la jornada, los palcos del Palacio Legislativo y las veredas aledañas al Congreso estuvieron colmadas por trabajadores ferroviarios y militantes de las distintas vertientes del oficialismo. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, estuvo presente en el recinto (ver aparte). La iniciativa será tratada a partir de la semana que viene en el Senado.

“El andamiaje jurídico de las privatizaciones elaborado por (Roberto) Dromi fue difícil de desarmar. Con esta ley se inaugura una nueva relación con los concesionarios regulados por Ferrocarriles Argentinos. Los ferrocarriles no sólo son transportes, son historias de vida. Cuando los gobernantes gestionan en favor de los poderes económicos se produce el vaciamiento”, manifestó María Eugenia Zamarreño, titular de la Comisión de Transporte.

En el artículo 1º se declara de interés público nacional la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento de la infraestructura y la incorporación de tecnología. “Se ha planteado como objetivo central lograr una red ferroviaria con logística plenamente integrada al circuito productivo regional y enlaces comerciales a los países limítrofes”, puede leerse en los fundamentos. Desde el oficialismo destacaron la posibilidad de que los productores de las economías regionales logren una reducción del 80 por ciento en sus costos de fletes, a partir de la reconstrucción de los ramales de carga, y por la posibilidad de instalar un sistema abierto, para que distintos proveedores puedan sumarse al servicio de fletes. “La recuperación de las vías de los trenes de carga representará más trabajo para las provincias y una mejora en la ecuación económica de las economías regionales”, explicó Alejandro Abraham (FpV-Mendoza).

“Fue desastrosa la gestión de los ferrocarriles de los ochenta, sin ningún tipo de mantenimiento y reparación. Después vino otra desastrosa decisión, las privatizaciones. Tampoco sirvieron los entes de control. Este es un proyecto de reordenamiento. No estatiza ni privatiza nada. Es como una ley de ministerios”, sostuvo Felipe Solá, al justificar su voto positivo.

Durante el debate parlamentario, tanto la oposición como el oficialismo introdujeron cambios. Por ejemplo se incorporó en el directorio de Ferrocarriles Argentinos un representante de los usuarios. Esto lo había solicitado el radicalismo. Una vez en el recinto, Miguel Angel Giubergia (UCR) pidió incorporar también a las provincias dentro del directorio. A su vez, se estableció que el sistema de “acceso abierto” no sea solamente para el transporte de carga, sino también para el transporte de pasajeros. Este cambio lo había solicitado Federico Sturzenegger, del PRO. “Este proyecto logra un balance con un Estado que invertirá en la infraestructura necesaria mientras que le permite al capital privado competir en la operación de manera sana”, sostuvo el macrista.

El proceso de reorganización del sistema comenzó en 2008, con la creación de dos empresas estatales, pero no fue hasta luego de la tragedia de Once que las transformaciones tomaron un ritmo vertiginoso. A través de la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), el Gobierno invirtió en nuevas vías, trenes, señalamiento y medidas de seguridad. A su vez, se hizo cargo de los sueldos de los trabajadores de las líneas metropolitanas. El rol de los privados había quedado circunscripto a la operación diaria. Ahora, bajo el paraguas de la nueva Ferrocarriles Argentinos quedará unificada la gestión estratégica y diaria del transporte de pasajeros y carga.

“Ser gorila no es sólo una cuestión de derecha, también de izquierda”, lanzó Oscar Romero (FpV-Buenos Aires). El legislador salió al cruce de Néstor Pitrola, quien había calificado de “gorila” a Randazzo. “Estamos ante una ley de reprivatización ferroviaria”, sostuvo el referente de la izquierda, que tenía sobre su banca una imagen de Mariano Ferreyra, militante asesinado por una patota de José Pedraza, ex dirigente de la Unión Ferroviaria.

“El actual secretario general de la Unión Ferroviaria, el compañero Sergio Sasia, tomó un gremio vaciado. Este proyecto es un hecho histórico. Me da lástima esa supuesta izquierda”, retrucó Romero.

Durante el debate en el recinto, el “lilito” Fernando Sánchez (Coalición Cívica) sostuvo que votaría a favor de la iniciativa. Su jefa, Elisa Carrió, no emitió opinión en el recinto, al menos hasta el cierre de esta edición. El sindicalista Omar Plaini, ahora referente del sciolismo, también ratificó su voto positivo. El bloque del FAP anunció que se abstendría, al igual que Alcira Argumedo.

“Este gobierno ha sido cómplice de la trama de corrupción que dio como resultado el desastre y desguace del sistema ferroviario. Al no rescindir los contratos y al abrir incluso la puerta a nuevos operadores privados, se vuelve a consumar la lógica del Estado bobo que tanto conocemos en la Argentina y que ha sido parte de distintos gobiernos”, sostuvo Claudio Lozano (Unidad Popular).

El debate comenzó 20 minutos pasado el mediodía y prometía extenderse hasta las dos de la mañana de hoy. Los distintos palcos de la Cámara de Diputados fueron testigos del ir y venir de trabajadores ferroviarios y militantes, durante las largas horas del tratamiento del proyecto.

“Este es un tema clave, porque todo lo que pasó en la Argentina de los ’90 se construyó sobre el trabajo ideológico de instalación previa de que la eficiencia era sinónimo de la actividad privada y que lo público era sinónimo de ineficiencia. Cuando se habla de interés público nacional se está diciendo que el interés del conjunto de la sociedad prima sobre el interés particular sobre el afán de lucro, sobre el objeto mercantil de la actividad económica que no debería tenerse en el caso de la prestación de servicios esenciales”, concluyó Carlos Heller, de Nuevo Encuentro (FpV).

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