“Los titulares de bonos bajo legislación europea intimaron al Banco de Nueva York a que les pague o renuncie como agente fiduciario. Si no lo hace en cinco días, le pedirán a un juez europeo que designe como nuevo agente al Banco Nación.” El ministro de Economía, Axel Kicillof, informó durante una conferencia de prensa la jugada de los bonistas bajo legislación europea, entre los que se encuentra el magnate George Soros, para encontrar una salida a la decisión del BONY de frenar el pago. Los tenedores de títulos europeos se basan en un reciente fallo de la Justicia de Bélgica que sostuvo que la sentencia de Griesa no le permite obstaculizar el pago de esos bonos a sus tenedores en jurisdicción europea. Horas después de la conferencia de prensa de ayer, el juez Griesa falló a favor de un grupo de bonistas que reclamaron la cláusula “me too” por un total de 5400 millones de dólares. El propio Kicillof había adelantado que dicha sentencia estaba al salir.

“Si el BONY le tiene miedo a Griesa, eso no lo debería obstaculizar para ejecutar sus obligaciones como agente de pago. No puede negarse a transferir el dinero depositado por la Argentina. Si tenemos en cuenta los títulos bajo legislación argentina y europea, estamos hablando del 75 por ciento de los bonistas, que hoy son rehenes de Griesa. Esta decisión de intimar al Banco de Nueva York debería ser el comienzo del fracaso de los fondos buitres”, sostuvo Kicillof.

El Bank of New York Mellon es el organismo que paga los títulos de deuda argentina en el exterior que tiene prohibido, por el juez norteamericano, abonar unos 539 millones de dólares en títulos que ya fueron depositados el 26 de junio del año pasado, hasta que Argentina no cumpla con la sentencia que lo obliga a pagar a los fondos buitre unos 1600 millones de dólares por títulos que no entraron en los canjes de deuda. Para Kicillof, lo que hizo Griesa, junto a la Justicia de Estados Unidos, fue “enfrentar a los buitres con los bonistas”. “Ahora los propios bonistas han accionado para que el BONY les pague, ya que la plata es de ellos”, aclaró el ministro de Economía.

Durante la conferencia de prensa, de la que también participaron los secretarios de Finanzas y de Legales, Pablo López y Federico Thea, el titular de Hacienda recordó a aquellos dirigentes que en declaraciones mediáticas proponían acatar el fallo de Griesa y pagar los 1600 millones de dólares al contado. Sin nombrarlo, Kicillof se refirió a Mauricio Macri. Pero, inmediatamente, el titular del Palacio de Hacienda recordó que en el fallo de Griesa había una trampa, ya que no eran solamente los 1600 millones de ese fallo original, sino que detrás podrían venir reclamos por 23.000 millones de dólares. “La idea de los buitres fue desde el primer momento entorpecer el cobro de todos los bonistas, para presionar. La cuestión urgente no era sentarse en el despacho de Griesa y pagar sino defender los intereses argentinos, con tenacidad y convicción”, argumentó Kicillof.

Algunas horas después de pronunciadas esas palabras, el magistrado neoyorquino ratificó un fallo a favor de los acreedores denominados “me too” por 5400 millones de dólares. Griesa sostuvo que la Argentina no presentó los argumentos necesarios para justificar que su trato había sido “igualitario” para todos los bonistas, y de ahí su fallo adverso para el país. Kicillof ya había adelantado más temprano que esa decisión estaba al salir.

“El país fue sometido a una enorme extorsión a escala internacional. Había dos caminos, o someterse a las barbaridades que reclamaban los fondos buitre, o mantener en alto nuestra bandera, ir a una negociación que acepte lo que hoy son los principios aceptados por la ONU”, sostuvo Kicillof, al recordar los nueve principios aprobados recientemente por el organismo multilateral y ratificados por el Congreso de la Nación. Uno de esos principios establece que si una reestructuración de deuda alcanza una mayoría calificada, debe extenderse hacia el conjunto de los tenedores de esos títulos. También indica que dicha negociación debe ser equitativa y debe respetarse la legislación de cada país. Argentina alcanzó con los canjes de 2005 y 2010 una aceptación de 93 por ciento.

Del total de bonos en conflicto, el 50 por ciento están bajo legislación argentina, los cuales nunca tuvieron dificultades en ser cancelados, un 25 por ciento están bajo legislación europea y sólo el 23 por ciento bajo la normativa norteamericana. Este último tramo es el universo de títulos que deberían haber sido alcanzados por el fallo de Griesa. “Hubo un exceso de jurisdicción”, sostuvo Kicillof para explicar la modificación de la cláusula pari passu por parte del magistrado neoyorquino.