Un joven de nacionalidad china que había llegado al país en abril, luego de un viaje digno de un émulo moderno de Marco Polo, fue rescatado de un supermercado marplatense regenteado por una pareja –compuesta por connacionales suyos–, que lo tenía bajo un régimen de esclavitud. Luego de viajar primero en tren, luego en varios aviones y finalmente en micro, entró a la Argentina por la frontera con Brasil y cuando llegó a Mar del Plata, sus patrones le comunicaron que tenía una deuda con ellos de 20 mil dólares, por gastos de transporte, alojamiento y comida. Por esa razón, sin más explicaciones, la pareja le hizo saber que debía trabajar dos años seguidos sin cobrar sueldo alguno. Apenas le daban de comer, lo hacían trabajar sin tener días de descanso y lo mantenían oculto en un cuarto oscuro del supermercado cada vez que había una inspección. La pareja fue detenida y procesada por trata de personas por explotación laboral; la mujer tiene un régimen de prisión domiciliaria porque tiene una hija pequeña a su cargo.

La situación de esclavitud se vivía, desde abril, en el supermercado Pino, ubicado en Santiago del Estero y Colón, en la zona céntrica de la ciudad de Mar del Plata. La denuncia fue realizada en el juzgado federal marplatense a cargo de Santiago Inchausti, con intervención de la fiscal Laura Mazzaferri, quienes solicitaron que se mantuviera en reserva el nombre de víctima y victimarios. El joven explotado fue liberado y ahora se encuentra en Buenos Aires, bajo el acompañamiento del Programa de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación.

El joven, que vivía con su familia en un pueblo pequeño, primero viajó en tren a Hong Kong, luego se trasladó a Tailandia, donde subió a un avión que lo llevó a Yemen o Abu Dhabi, donde se conectó con una persona oriunda, posiblemente, de Malasia, a la que le entregó su documento de identidad. Se supone que esa persona era cómplice de la pareja instalada en Mar del Plata. El misterioso intermediario le dio un documento de identidad falso, donde se decía que era nacido en Tailandia, y lo acompañó en el resto del viaje. En la última etapa del periplo llegó a Brasil, desde donde ingresó a la Argentina por Puerto Iguazú, Misiones.

Antes de llegar a Mar del Plata tuvo un breve paso por Buenos Aires, donde su acompañante inicial lo dejó en manos de otra persona, que lo llevó a su destino final, en Mar del Plata. En el expediente judicial, traductor mediante, la víctima sostuvo que lo convencieron para venir a la Argentina mediante una “tentadora oferta laboral” que nunca se concretó.

Luego de recibir la denuncia, el juzgado federal ordenó la realización de tareas de inteligencia para tratar de determinar el movimiento interno del supermercado Pino, que más tarde fue clausurado. De esa forma se pudo determinar que el joven era sometido a trabajo esclavo, sin descanso, y que lo escondían en caso de que se realizara una inspección municipal o de autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones.

Al llegar al supermercado de la calle Santiago del Estero, entre Colón y Brown, el joven se enteró de que tenía una deuda de 20 mil dólares por las costas del viaje. La víctima vivía con los hoy procesados, en un departamento sobre la avenida Colón. El hijo de la tierra de Mao cumplía una rutina que parecía marcada por Juan Domingo Perón: “De casa al trabajo y del trabajo a casa”.

Durante los seis meses que vivió en Mar del Plata, nunca cobró un solo peso, pero eso sí, era maltratado por la dueña del comercio, a la que él llamaba “la patrona”. Unas pocas veces lo dejaron salir a correr por una plaza vecina y tardó meses en conocer las playas y el mar. Varias de sus salidas coincidieron con la llegada de algún inspector al supermercado; otras veces lo escondían en un depósito, rodeado de trastos viejos.

Al declarar en la causa, la imputada aseguró que el joven tenía en su poder las llaves del departamento y que podía salir cuando le dieran ganas, pero la víctima lo negó. El joven tenía algunas dificultades para moverse libremente fuera de sus lugares de cautiverio: no tenía un peso en el bolsillo, carecía de documentos y no pronunciaba dos palabras en castellano.

Al dictar el procesamiento de la pareja, el juez Inchausti resaltó que debido a todos esos impedimentos, los imputados eran para el joven “el filtro y canal único para establecer vínculos con el mundo”. La investigación determinó, además, que el supermercado funcionaba desde hacía cuatro años, siempre al borde de la ilegalidad.

Respecto de la víctima, el magistrado sostuvo que provenía de “una situación económica de pobreza y necesidad que provocaba que cualquier horizonte, por más desfavorable o adverso que fuera, comparativamente resultaría mejor al de su lugar de origen”. El juez dio por probada la existencia de “una restricción de la libertad ambulatoria y de decisión”.

En consecuencia, Inchausti resolvió el procesamiento de la pareja por trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima, y por haberse consumado la explotación, en concurso aparente con el delito de reducción a la servidumbre. Esto, indica la resolución, concurre idealmente con el delito de haber facilitado la permanencia irregular de una persona extranjera en el territorio nacional abusando de su necesidad. Todo ello “con el fin de beneficiarse económicamente mediante la explotación de mano de obra esclava”.

Además de los procesamientos y la detención de ambos, luego reducida a prisión domiciliaria en el caso de la mujer, Inchausti trabó un embargo sobre los bienes de los procesados por 500 mil pesos.