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Antes de convertirse en el director de la organización Tax Justice Network, dedicada a denunciar e investigar las prácticas abusivas del mundo offshore, John Christensen trabajó en la multinacional de servicios Deloitte y asesoró durante once años a las autoridades de Jersey. La isla ubicada en el canal de la Mancha es uno de los paraísos fiscales británicos. El territorio de 119 kilómetros cuadrados donde nació el economista ocupa el puesto 16 entre más de 100 jurisdicciones ordenadas de acuerdo al secreto financiero que ofrecen a las multinacionales en la búsqueda de maniobras de evasión fiscal e individuos ricos ávidos de ocultar sus fortunas. “Los flujos financieros ilícitos y la evasión impositiva que afectan los procesos de desarrollo de muchos países alrededor del mundo son el resultado de una enorme falla en la arquitectura financiera global. A pesar de algunos avances observados a lo largo de los últimos años, los paraísos fiscales continúan bloqueando los cambios necesarios para hacer públicos los registros de información sobre los fideicomisos y compañías offshore. Nada de eso sería posible sin la complicidad de Estados Unidos e Inglaterra”, afirmó Christensen durante una intercambio de mails con Página/12.

–¿Cuál es el rol del Reino Unido en el mundo offshore?

–El Reino Unido es un jugador fundamental. Por sí sola la city de Londres es el centro financiero offshore más grande, pero uno debe incluir los satélites con los que opera como Bermuda, las Islas Vírgenes británicas, Islas Caimán, Jersey, Guersney, Gibraltar y la isla de Man, entre otras, que exhiben elevados niveles de secretismo. El elemento común entre todos estos paraísos fiscales isleños es que responden al mismo jefe de Estado, la reina de Inglaterra. En la práctica se desempeñan como los canales para la salida de flujos financieros hacia la City que, con los elevados estándares de secreto que venden a sus clientes, proveen una coartada perfecta para quienes buscan evadir impuestos y lavar dinero.

–Argentina acaba de firmar un nuevo acuerdo de intercambio de información con Suiza, ¿cuál es el grado de colaboración que se puede esperar de las autoridades helvéticas?

–La filtración de la banca privada del HSBC reveló un tesoro de información sobre los evasores alrededor del mundo con la evidencia dura necesaria para montar investigaciones judiciales. El problema con los acuerdos bilaterales, sobre todo el modelo para intercambio de información de la OCDE, es que requieren a las autoridades del país que solicita información, en este caso la Argentina, que presente un dossier de evidencia a las cortes del paraíso fiscal, digamos Suiza, demostrando que tales individuos o empresas tienen cuentas en determinado banco. Sin una evidencia conclusiva, esa aproximación ofrece un mecanismo débil para obtener información o disuadir a los evasores.