El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, reconoció ayer que los aumentos de precios en la carne y la falta de oferta en el mercado interno se deben a que “los productores se están volcando a la exportación”. La eliminación de las retenciones para el sector, sumada a la devaluación y apertura irrestricta de las ventas al exterior tiene por objetivo modificar la ecuación del consumo interno de carne bovina, para aumentar la rentabilidad de los exportadores. La consecuencia la empiezan a pagar los consumidores ya que entre octubre del año pasado y enero de este año los precios en góndolas aumentaron más de un 30 por ciento. Según manifestó el funcionario, la solución pasa por “dejar de consumir”, y eventualmente, agregó que el Gobierno aplicaría la Ley de Defensa de la Competencia con “multas y clausuras”.

“Acá se consume novillo liviano. Pero ante las medidas que tomamos, el que cría novillo empezó a meterle más peso. Se guardó el novillo. Entonces los precios subieron, a nuestro entender desproporcionadamente. Entonces, mientras el productor engorda el novillo para entrar en la exportación, si hay pedidos para importar, lo autorizaremos. Si los productores se quejan (por la importación), es porque no entienden el negocio”, reconoció Buryaile durante una entrevista en Radio 10. El funcionario, oriundo de Formosa, también es empresario ganadero, con más de 20.000 hectáreas en Formosa y en Salta.

El precio de la carne comenzó a subir apenas Mauricio Macri le prometió a los empresarios ganaderos la eliminación de retenciones y la apertura irrestricta para exportar. Esa promesa contrajo la oferta de carne, por un lado, y provocó un aumento superior al 30 por ciento por el otro. Este impacto en el sector había sido anticipado por analistas y economistas, mientras que los representantes de Cambiemos hablaban de una “campaña del miedo”. Sin embargo, esa “campaña” ahora es confirmada por los propios funcionarios.

La solución de Buryaile para este problema coyuntural pasa por recomendarle a los consumidores dejar de comer carne bovina, lo mismo que vienen sosteniendo los lobbystas exportadores desde 2008. “Nos queda hacer concientización y trabajar sobre el consumidor, si éste se tiene que abstener de consumir que lo haga”, afirmó el funcionario. La Sociedad Rural se pronunció en el mismo sentido, con un “pedido de conciencia” a todos los eslabones de la cadena. Curiosamente, la SRA es una de las entidades que más presiona para que baje el consumo interno de carne, a favor de los exportadores. El otro dato curioso es que el titular de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, también es empresario ganadero.

Por otro lado, Buryaile también insinuó que el Gobierno podría aplicar la Ley de Defensa de la Competencia, para “multar y clausurar” comercios que abusen con los precios. Una de las herramientas que podrían utilizarse es la ley que regula las relaciones de consumo (que modificó la vieja ley de abastecimiento). Sin embargo, durante la campaña del año pasado, el senador Federico Pinedo reconoció que el PRO buscaría derogar dicha norma. “Es evidente que falta carne por la especulación de los exportadores. Pero también afectó mucho las inundaciones en el litoral. Este año podrían faltar 300.000 terneros”, indicó a Página/12 Mariano Bondone, de la Federación Agraria, línea Grito de Alcorta. Este dato no es menor. Buryaile tiene en su escritorio un informe detallado con las cabezas de ganado afectadas por las inundaciones, pero hasta el momento no anunció ningún tipo de asistencia concreta. Página/12 accedió a este documento. En Formosa, sobre un total de 400.000 cabezas de stock, 20.000 requieren asistencia inmediata (5 por ciento). Estas cabezas están distribuidas entre pequeños productores. En Chacho, de un total de 60.000 cabezas de ganado afectadas por las inundaciones, el INTA Centro regional Chaco-Formosa registró un 10 por ciento de mortandad (6000). En Corrientes, la superficie dedicada a la ganadería que resultó afectada asciende a 700.000 hectáreas, en donde hay 667.000 animales. Ya se murieron 2000 cabezas.

El informe detalla que si continúan los problemas climáticos, aproximadamente 160.000 cabezas precisarán asistencia. En Entre Ríos se registró uno de los peores escenarios. Según la Dirección de Ganadería de la provincia, se calcula que 90.000 animales están riesgo producto de las crecidas. Hasta el momento, la cartera que dirige Buryaile no informó sobre esta situación, ni aplicó medidas concretas para resolver la situación de los pequeños productores ganaderos.