El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica y titular de la CGT, Antonio Caló, manifestó ayer su preocupación por los despidos y suspensiones de obreros metalúrgicos y adelantó que el consejo directivo de la entidad aprobó la convocatoria a una marcha en defensa de las fuentes de trabajo. “La situación está muy brava, muy complicada, de acuerdo a lo que me informan los secretarios generales de las seccionales de todo el país, ya hubo 3000 despidos y 4000 suspensiones a raíz del modelo que lleva el Gobierno habilitando la libre importación”, explicó Caló.

“Si esto sigue y no se producen cambios en la importación de artículos extranjeros que afectan la producción nacional, a corto plazo serán más de 10.000 los trabajadores metalúrgicos que pueden quedar en la calle”, aseguró el dirigente. Al respecto sostuvo que “ahora es más fácil importar artículos de afuera porque son más baratos que acá y si esto continúa y no se realizan medidas correctivas, vemos un panorama muy feo, muy triste”.

A fines de diciembre, el Gobierno reemplazó el control instrumentado con las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación por un Sistema Integrado de Monitoreo de Importaciones. Desde entonces unos 12.000 productos pasaron a tener licencias automáticas, por lo que empezaron a ingresar con un simple trámite, en tanto que solo para 1400 productos funciona el régimen de licencias no automáticas, que requiere autorización para entrar al país en un plazo máximo de 60 días. De este modo, el 88 por ciento de los productos que tenían controles a la importación pasaron a estar libres de regulaciones comerciales y pueden ingresar al país con una simple presentación.

El combo que supuso importaciones liberadas e incremento en los costos, en un contexto de caída de la demanda internacional, puso en jaque a varias firmas metalúrgicas. Las grandes siderúrgicas Siderca y Acindar despidieron a trabajadores de firmas contratistas controladas y aplicaron suspensiones. Acindar confirmó incluso que un sector de la acería parará su producción entre el 18 y el 28 de marzo, ante la merma de la demanda brasileña, su principal cliente. Otras firmas en problemas son la fábrica de línea blanca Bambi, que no le renovó contratos a 55 trabajadores, y Vasalli, la mayor fábrica nacional de cosechadoras. A su vez, Paraná Metal de Villa Constitución cerró a fines de noviembre y dejó en la calle a 1200 personas. Caló advirtió que “hay empresas que trabajan cuatro días por semana y hay un conglomerado de situaciones que nos hace reflexionar y estar alertas, porque vemos que vamos por mal camino”.

El líder de la CGT sostuvo que en la reunión del consejo directivo de la UOM “los compañeros hicieron referencia a que el modelo es similar al aplicado en la década del 90 y que nos vamos a quedar sin trabajadores” y recordó que “la UOM llegó a perder, entre 1990 y 2000, casi 180.000 trabajadores”. También agregó que “vemos que en la actividad metalúrgica y en otros gremios industriales las fuentes laborales están peligrando y pretendemos defenderlas antes de que se agudicen los despidos, porque un despedido no recupera más el empleo”.

“Hemos resuelto convocar a una marcha de trabajadores metalúrgicos en defensa de las fuentes laborales. No es contra el gobierno nacional, ni contra nadie, pero nosotros debemos defender los puestos de trabajo”, aseveró. “Si a esta situación no le buscamos un acuerdo con el Gobierno y prosigue la libre importación van a ser miles los puestos de trabajo que pueden de- saparecer”, estimó el dirigente, quien ya pidió una reunión con el presidente Mauricio Macri. Caló precisó también que el sector “está trabajando entre un 60 y 70 por ciento para estirar el trabajo, porque algunos empresarios son conscientes de que este problema que vive la industria no lo tienen que pagar los trabajadores”.