Además de las radiografías que debió hacerse Karina A. para dejar registrada la molienda a palos sobre su cuerpo por parte de su ex marido, su caso es una radiografía del sistema de disfunciones del Estado para con las víctimas de violencia de género. Tras años de desa- venencias y golpes, una medida de exclusión del orden de los placebos dictada por una jueza polémica, y seis horas de demora para presentar una denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica, el martes pasado, Día Internacional de la Mujer, recibió una tunda que por poco la mata si no hubiera sido por su hijo de 9 años que logró convocar a vecinos en ayuda. El 911 llegó después, aunque había sido llamado una hora antes de los golpes. Fue llevada en patrullero a la comisaría. Allí llegó también el ex marido con la intención de denunciarla. Los hicieron pasar a los dos juntos como si se tratara de una audiencia de reconciliación. El juzgado interviniente ordenó que los retuvieran hasta que llegara el médico forense y a ella (como a él) los mantuvieron en una habitación con rejas que cualquiera podría confundir con una celda, la liberaron a las dos de la madrugada, golpeada y con los anteojos rotos, volvió caminando sola. Cuando llegó, él estaba en la puerta. La placa radiográfica se completa con un dato obvio y paradójico: hay violencia de género en el Poder Judicial. Ella es oficial de notificaciones y él secretario de un juzgado laboral.

“La historia viene de larga data”, dijo Karina A. a Página/12, confirmando uno de los datos típicos de los casos de violencia de género, y relató los peldaños de la historia que derivaron en la última golpiza.

Antes, con un hijo en común, pasaron por escenas cotidianas que Karina relata como de “silencio, menosprecio, celos”, además de un puñetazo en el ojo derecho que obligó a una operación de córnea que debió repetirse dos veces más y le dejó escasa visión en ese ojo.

“Me pidió perdón, me prometió bajar todas las estrellas del cielo”, dijo Karina, otro peldaño común en los casos de violencia de género. En 2010 sobrevino una crisis mayor. “Le pedí separarnos, se negó. y después vino el silencio”, relató Karina con el temor ya incorporado a que después del silencio llegaba el golpe. Sufrió una fuerte depresión, se sobrepasó con las pastillas, y durante 18 días permaneció en internación psiquiátrica. “No pude ver a mi hijo durante ese tiempo, fue insoportable.”

Hubo terapias de pareja que no funcionaron (“siempre las abandonaba”). Llegó otro golpe. “Les había dicho a mi familia que me había golpeado contra la puerta de una alacena. Después me quebré, les conté y se produjo una ruptura de mi familia con él.”

El año pasado, pidió cambiar. Trabajaba en un juzgado laboral y pidió ser trasladada como notificadora de cédulas, a la calle. El argumento que da es que no requiere la atención visual que requiere dentro del juzgado.

Karina recuerda que “teníamos que llevar al nuestro hijo a misa pero discutimos quién lo llevaba porque él tenía el auto”. Se subieron los tres al auto, con el perrito del chico, hasta que en un momento “agarró al perro y lo tiró por la ventanilla”. Karina lo relata como el punto de quiebre. Decidió presentar la denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica mientras dejaba a su hijo de ocho años con una vecina amiga. Era un día feriado. Karina entró a las 11. Salió a las cinco de la tarde. “Profesionales excelentes. Pero eran pocos. Había un solo equipo y éramos diez o doce las que presentábamos la denuncia.”

El Poder Judicial, que habilita la oficina, no toma en cuenta que una buena parte de las víctimas de violencia de género son madres y, como resulta de la definición, tienen hijos. Tampoco que los días feriados las mujeres son igualmente golpeadas (quizás más porque no hay trabajo). Por lo que no tiene en cuenta que la demora en la atención victimiza también a los niños.

El ex marido, que trabaja en un juzgado laboral como secretario, se enteró de la denuncia y “me dijo de todo delante del nene. Terminamos conviviendo en diferentes habitaciones”, relató Karina.

La denuncia por violencia abrió su puerta en un juzgado civil. No fue auspicioso. Se trata del juzgado 102, a cargo de la jueza Martha Gómez Alsina, denunciada en repetidas ocasiones por impedir varias uniones civiles entre parejas del mismo sexo pese a que habían sido homologadas por otros jueces. Gómez Alsina dictó una medida de exclusión del hogar que derivó en problemas de aplicación inmediatos. “La exclusión era sobre mí, pero no sobre mi hijo, con lo que los días en que no había clases por ejemplo y el padre lo llevaba, como él no se podía acercar a buscarlo lo tenía que llevar yo a la casa de la madre y ahí lo pasaba a buscar él.”

Para colmo, la jueza sermoneó con un llamado de atención. No a él sino a ella, basada en el descargo del denunciado en el que aseguraba que la víctima de los golpes que motivaron la denuncia lo había insultado delante del chico.

Como la espiral siguió in crescendo, y ante la negativa del marido, Karina decidió iniciar el divorcio por su cuenta. La espiral siguió.

Hasta que llegó el Día Internacional de la Mujer de 2016. “Estaba como loco. Se fue con el perro a dar una vuelta en ojotas y pantalón corto. Me dio miedo y llamé al 911. El tenía un programa que sabía a quien llamaba y cuando volvió me dijo que había llamado a la policía. Empezó a tironear de la cartera. Ahí tenía el DNI, las llaves y el documento para presentar por el divorcio. Me sacó las llaves y tironeaba del documento. Me empezó a golpear. yo estaba en piso. Agarró la barreta que usamos para cruzar en la puerta y me la puso en el mentón y apretaba. Ahí mi hijo fue corriendo a pedir ayuda. Cuando llegaron los vecinos y se escuchaba la sirena, una hora después de que los había llamado, él revoleó el palo y salió corriendo. me pateó en el piso y caí por la escalera”.

Karina dejó a su hijo de 9 años en pijama en lo de una vecina y fue traladada a la comisaría 11 en patrullero. Apenas llegó a la comisaría llegó el denunciado a denunciarla. Mostraba un rasguño en el cuello, típica marca de defensa en casos de violencia de género. Ella presentaba un ojo en compota, fuertes hematomas en el cuerpo y los lentes rotos. Desde la comisaría se comunicaron con el juzgado Correccional 4, a cargo de Francisco Ponte. Contradiciendo todos los protocolos, el secretario 67, Julio Pedroso, ordenó tomar declaración a ambos, víctima y denunciado-denunciante. Para colmo, en la comisaría 11 decidieron hacer pasar a ambos a declarar a una misma sala. Como demostración de que la Justicia debe sacudir mucha resaca para sentir empatía por lo que le pasa a una mujer, retuvo a la víctima de violencia de género durante 6 horas en la comisaría, tras las rejas, mientras su hijo de 9 años permanecía en lo de una vecina, con el argumento de que debía aguardar la llegada de la médica forense, la única en horario nocturno para todas las comisarías. Cuando fue liberada, en la 11 adujeron que no había patrullero para devolverla a la casa. Volvió caminando, sola, a las 2 de la madrugada, magullada, estresada, aterrada y con los lentes rotos. Cuando llegó a la casa, él estaba en la puerta.

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