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El ex presidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega habría revelado ayer la “historia secreta del acuerdo que fracasó” para cerrar el conflicto con los buitres en julio de 2014. Según esta versión, el acuerdo ya estaba cerrado cuando entonces “apareció Kicillof y les dijo a los bancos que sólo les reconocería el valor del canje de 2005 (...) Era imposible cerrar la operación en esas condiciones y finalmente entramos en default técnico”. Además, de acuerdo a Fábrega, aquella solución era “razonable”, aunque aclara “tenía razón Kicillof en que el gobierno no podía mejorar la propuesta a los holdouts por la RUFO. Pero esto era un acuerdo entre privados”. Evidentemente, al ex presidente del Central le falla la memoria. Dado que formé parte de esas negociaciones, es interesante aclarar por qué razón fracasó el acuerdo propuesto por bancos privados argentinos.

En primer lugar, interesa recordar que todos los funcionarios del gobierno involucrados en la operación fuimos claros respecto a nuestra posición de un acuerdo entre privados. En mi caso, declaré al diario Ambito Financiero que “cualquier solución por parte de terceros que contribuya a una solución estamos a favor, pero sin ningún tipo de participación nuestra, para no arriesgar que se dispare la cláusula RUFO”. Cabe recordar que hasta el 31 de diciembre de 2014 estaba vigente la cláusula RUFO que establecía que si Argentina pagaba a los buitres algo más que lo que había pagado en los canjes de 2005 y 2010, debería pagarle lo mismo al 93 por ciento de los bonistas reestructurados. Violar la cláusula RUFO hubiera implicado que Argentina pagara a sus bonistas la friolera de 500.000 millones de dólares.

El 29 de julio de 2014 fue un día agitado. Axel se encontraba en Nueva York haciendo una oferta de 300 millones a los fondos buitres y exigiendo al mediador que nos permitiera negociar con la totalidad del 7 por ciento que no habían ingresado a los canjes. Mi teléfono sonó a las 6.15 AM y me sorprendió que el llamado no fuera del entonces ministro, sino de las autoridades de Seguros de Depósitos SA (Sedesa) para decirme que el acuerdo propuesto por los bancos privados para conseguir una medida cautelar otorgada por los buitres a favor de Argentina requería de la participación de esta institución. La forma en la cual Sedesa debía participar no era clara y por esa razón pedí a sus autoridades que me informaran en detalle de la operación. Luego de eso, hablé con el entonces jefe de Gabinete, Capitanich, como era habitual todas las mañanas, y le comenté sobre esta situación. El jefe de Gabinete me dijo que la solución de los bancos privados no requería de la participación de ningún ente estatal y que, por tanto, averiguara qué estaba pasando.

Sedesa es una sociedad anónima creada en 1995 por el decreto 540/95 con el objeto exclusivo de ejercer las funciones de fiducario del Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD). Por esa razón, para entender qué es Sedesa basta con comprender cuál es el objetivo del FGD. El objetivo del FGD es garantizar los depósitos bancarios que tienen todos los argentinos en el sistema financiero. Para cumplir con esta función el FGD se nutre con el aporte mensual de los bancos, cuya cuota se determina en función de los depósitos con los que cuentan. Si un banco quiebra, los depósitos son cubiertos por el FGD y de esta manera los ahorristas pueden recuperar su dinero. Es decir, la plata de Sedesa, no es de los bancos ni del gobierno. Es la plata de los ahorristas argentinos.

A medida que el día fue avanzando logré desentrañar, gracias a las explicaciones que, entre otros, me dio el propio Juan Carlos Fábrega, que los bancos privados pretendían usar esos fondos depositados en Sedesa para pagar los 250 millones de dólares que los fondos buitre reclamaban para otorgarnos el “stay” (medida cautelar a favor de Argentina). También hablé con representantes de los bancos privados argentinos que me aseguraron que no existían riesgos de activar la cláusula RUFO, puesto que el gobierno no estaba de manera alguna involucrado en la operación. Esta última frase llamó mi atención. Si el gobierno no estaba involucrado en la operación ¿por qué había tantas personas del sector privado y, en particular, las autoridades de Sedesa, consultándome sobre la viabilidad de la operación?

La respuesta resultó sencilla: porque Sedesa es propiedad del Estado Nacional. El decreto 540/95 establece en su artículo 2: “Delégase en el Ministerio de Economía y Obras Públicas la aprobación del Acta Constitutiva y los Estatutos Sociales de Sedesa, que tendrá como socios al Banco Central de la República Argentina, con una acción como mínimo”. De hecho, el capital accionario de SEDESA asciende al millón de pesos y el Banco Central de la República Argentina es titular de la única acción clase A de esta entidad, es decir, tiene la “acción de oro”.

Por tanto, el acuerdo que impulsaban los bancos era del tipo OPM: “otro pone la mosca”. El acuerdo implicaba pagarle a los buitres con el dinero de todos los argentinos y, para peor, requería que el Estado Nacional autorizara esta operación. Tal acción no sólo hubiera disparado la cláusula RUFO, sino que además habría resultado en que el Banco Central perdiera la causa que le iniciaron los fondos buitres por ser el alter ego del Estado Nacional. Este diagnóstico no era sólo mío, sino que fue confirmado a lo largo del día por el área legal del Ministerio de Economía e incluso por el área de legales del propio Banco Central, que recomendaba fervientemente no realizar tal operación.

Ante el claro riesgo de generar un perjuicio económico de 500.000 millones de dólares para nuestro país, informé de esta situación al presidente del Banco Central, al jefe de Gabinete, al ministro de Economía, e incluso mantuve una charla telefónica con la Presidenta, quien me dio una clara instrucción: me dijo que si eran los propios bancos privados los que ponían plata propia, entonces que era una transacción entre privados. Si la plata es de ellos, entonces el gobierno no tiene nada que ver y tampoco podría oponerse. El Estado no ponía nada ni se involucraba en la transacción y, por tanto, no violaba la cláusula RUFO. Al mediodía me comuniqué con un director de uno de los bancos privados argentinos más grandes de nuestro país que se encontraba en ese momento en Nueva York manteniendo negociaciones con los buitres, para explicarle que la posición del gobierno consistía en no involucrarse dado el riesgo de la RUFO. Comprendió mis razones y, de hecho, estuvo de acuerdo en que la participación de Sedesa no era una buena idea. Me informó también que estaba realizando gestiones para conseguir los 250 millones de dólares mediante un crédito con bancos extranjeros. Le pedí que me mantuviera al tanto de la negociación.

Finalmente, a las 11.30 PM de ese día mantuve mi última conversación con el directivo del banco. Me confesó que estaba abatido. “Nos cagaron los buitres. Nos corrieron el arco”, fue su frase. Cuando los bancos estaban a punto de conseguir los 250 millones de dólares, los buitres les informaron que ese dinero no aseguraba el otorgamiento del stay, sino que para esto último los bancos argentinos debían depositar la totalidad del reclamo en una cuenta a nombre de los buitres: 1600 millones de dólares. Terminaba así la negociación de los privados. Me comuniqué nuevamente con el ministro, el jefe de Gabinete y el presidente del Banco Central y les informé sobre esta situación y me dispuse a terminar uno de los días más largos de mi gestión.

Resulta llamativo que el ex presidente del Banco Central no recuerde estos “detalles” que casi le cuestan al país 500.000 millones de dólares. Nunca me enteré que ese día Juan Carlos le había presentado la renuncia a la presidenta. Más bien me dio la sensación de que la presidenta lo echaba el 30 de septiembre de 2014, cuando en cadena nacional se quejaba de la existencia de unos 80.000 sumarios financieros que el Banco Central no gestionaba y de la filtración de información privilegiada a un grupo de bancos que conocieron con antelación la obligación de vender dólares estipulada unos días después por el Banco Central, hecho que generó abultadas ganancias. El acuerdo ofrecido por los bancos no era un buen acuerdo si incluía la participación de Sedesa. Utilizaba los ahorros de todos los argentinos para pagarle a los buitres y, para peor, el Estado debía participar de esa operación y gatillaba la RUFO por 500.000 millones de dólares. Ni los ahorros de todos los argentinos hubieran alcanzado para afrontar semejante deuda. Esperemos que la historia no se repita una vez más y que los argentinos tengamos que pagar con nuestros ahorros, con nuestro trabajo y con nuestro futuro la rendición incondicional a los buitres que propone ahora Cambiemos.

* Ex viceministro de Economía.