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El presidente de la Nación, Mauricio Macri, prometió la construcción de 120 mil viviendas en los próximos cuatro años y la entrega de 62 mil unidades que se encuentran en ejecución. Dichos objetivos forman parte del nuevo Plan Nacional de Vivienda que el gobierno lanzó ayer desde Ezeiza. “Cuando hablamos de dignidad, un elemento central es la vivienda propia”, definió el jefe de Estado. La ambiciosa propuesta habitacional apuntada, según se dijo, a resolver un déficit de 1,6 millones de casas, a las que se suman otras 2,2 millones de unidades que necesitan refacción o mejoras de infraestructura, contrasta con la experiencia del propio Macri como jefe de gobierno de la Ciudad. Durante sus ocho años de gestión, recibió una dura condena de los especialistas por la falta absoluta de atención al tema, el enfoque eminenemente inmobiliario de los distintos planes para erradicación de villas y asentamientos, el desmantelamiento y desarticulación de los organismos responsables del área (Instituto de la Vivienda de la Ciudad), promesas de adjudicación de terrenos incumplidas, desfinanciamiento de las políticas de acceso a la vivienda a través de cooperativas y mutuales, y la ausencia del Banco Ciudad en el plano de la promoción del crédito subsidiado para sectores de ingresos medios y medio-bajos.

“Los beneficios del Plan Nacional de Vivienda van a llegar a las familias más vulnerables como así también a las de clase media”, aseguró ayer el gobierno. La meta prevista para los próximos cuatro años es construir 120 mil viviendas, dar 175 mil créditos subsidiados que incluirán los del Pro.Cre.Ar (próximo a ser relanzado, se prometió), otorgar 450 mil microcréditos para refacción y “ayudar a que otro medio millón de familias argentinas obtenga un crédito hipotecario en bancos públicos o privados”. En conjunto, el plan representaría una inversión de 100 mil millones de pesos en cuatro años y estaría en capacidad de generar más de doscientos mil puestos de trabajo en todo el país. “Este es el camino para crecer, esta es la forma de generar trabajo, cuidar los puestos de trabajo que tenemos ahora y crear nuevos”, enfatizó Macri.

El plan integral presentado ayer contempla los siguientes lineamientos:

- Dar soluciones sustentables en los 505 lugares más vulnerables, ubicados “en zonas fronterizas, rurales y de pueblos originarios”.

- Trabajar en los 280 asentamientos más complejos, para convertirlos en barrios con acceso a agua potable y cloacas, calles identificadas, veredas iluminadas, etc.

- Otorgamiento de microcréditos de hasta 15 mil pesos para arreglos en el hogar o la conexión a las redes de gas o agua potable.

- Relanzamiento del Pro.Cre.Ar en las próximas semanas. El sistema de adjudicación será por puntaje en vez de sorteo y tendrán prioridad las familias con hijos, discapacidades, déficit habitacional y de bajos ingresos.

- Habrá varias opciones nuevas de créditos hipotecarios, además de los ajustables por inflación recientemente presentados por el Banco Central.

- Desarrollo de viviendas económicas o medias por emprendimientos privados en asociación con el Estado.

Los 3,8 millones de familias con déficit habitacional o viviendo en unidades con problemas de infraestructura representan el 28 por ciento del total de hogares del país. Pero, desde el vamos, el alcance de las soluciones habitacionales propuestas es diverso. Se promete construir 120 mil viviendas y otorgar créditos para refacción para otras 450 mil, pero el monto de los créditos no excedería los 15 mil pesos. A valores de mercado, este monto no alcanza ni para cambiar un artefacto. Tampoco está claro de qué forma se ofrecerán créditos hipotecarios accesibles a través del sistema bancario, ya que el único que se conoce es el de capital indexado (mediante el valor de referencia UVI) y no se habló, en el anuncio de ayer, de subsidio en las tasas para los que se están por lanzar.

Durante los dos períodos de Macri al frente de la Ciudad, la política de viviendas resultó un conflicto permanente. Jaime Sorín, ex vicedecano de la Facultad de Arquitectura de la UBA, cuestionó insistentemente el “criterio inmobiliario” con el que el gobierno tomó el problema de las villas, así como la falta de preocupación por los desalojos, personas hacinadas en hoteles o en situación de calle. La ausencia de planificación en la materia, el desfinanciamiento de programas de vivienda y el desmantelamiento de los organismos de control fueron las características imperantes.