El nombre de Belén, la joven encarcelada arbitrariamente por un aborto desde hace dos años en Tucumán, resonó ayer por el microcentro porteño. Organizaciones de mujeres, de la diversidad, y agrupaciones de izquierda, se movilizaron poco después del mediodía a la Casa de la provincia de Tucumán, en Suipacha al 100, para exigir su excarcelación y reclamar la nulidad del juicio que la condenó diez días atrás, sin pruebas, a 8 años de prisión “por homicidio agravado por el vínculo y alevosía”. Un vallado de la Policía Federal impedía llegar, por lo que la concentración se corrió a la esquina con Rivadavia, y una delegación, integrada por el diputado nacional tucumano de Libres del Sur, Federico Masso, y activistas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fue autorizada a pasar y entregar un petitorio “por la liberación de Belén”.

La concentración fue convocada por la Campaña. “Está presa por ser pobre”, denunció la dirigente del MST, Vilma Ripoll. “El primer paso es liberarla. Es una vergüenza que esté presa desde hace dos años”, agregó. “Fue una condena moral, los médicos la condenaron antes del que el caso llegue a la justicia”, analizó el diputado Masso. “Que se prepare el personal del hospital que la denunció, ejerció violencia institucional y violó el secreto profesional. Es muy grave”, advirtió Ripoll. Masso y Ripoll formaron parte de la delegación que entregó el petitorio, junto a Elsa Schvartzman, de la Campaña, Raquel Vivanco, de MuMaLá, y otras activistas. El diputado se comprometió a llevar hoy a la gobernación de Tucumán, adonde tenía previsto viajar, una copia del petitorio.

Tal como informó Página/12, Belén –ese nombre es ficticio, para preservar su identidad– llegó el 21 de marzo de 2014 con dolores abdominales al Hospital Avellaneda de la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde sufrió un aborto espontáneo. Luego de recibir tratos degradantes por parte del personal de salud, fue denunciada a la guardia policial. En el expediente figura que, por indicación del médico Daniel Martín, la jefa de Parteras acudió con efectivos policiales a los baños del hospital “a la búsqueda del producto que habría expulsado” Belén. En un baño –existen contradicciones acerca de en cuál de ellos, ya que hay varios–, encontraron un feto que automáticamente fue nombrado por médicos/as, policías y operadores judiciales como “hijo” de Belén, sin que se haya realizado ningún estudio de ADN que corroborara el vínculo, hasta el día de hoy. Belén declaró ante el tribunal que “un enfermero me trajo un feto en una cajita y me insultó por lo que le había hecho. Yo le decía eso no es mío y me decía mira este es tu hijo”. También declaró que “cuando despertó del legrado en su cama de la Sala 5 estaba rodeada por varios policías que le inspeccionaban sus partes”.

Ayer, a metros de la Casa de la Provincia, custodiada por efectivos de la Federal, más de un centenar de manifestantes reclamaban después del mediodía la liberación de Belén, de 27 años, y la despenalización y legalización del aborto en el país. “Libertad para Belén: sin discriminación, sin torturas, sin criminalización”, decía uno de los carteles pegados en las vallas policiales.

La joven fue condenada el 19 de abril a 8 años de prisión por la Sala III de la Cámara Penal por “homicidio doblemente agravado y por alevosía”, en un proceso judicial en el que se vulneraron sus derechos desde el comienzo, cuando fue denunciada mientras estaba internada, con lo que se violó el secreto profesional que ampara la consulta médica. En el caso tomó intervención la Fiscalía V, a cargo de Washington Dávila, quien dispuso que Belén quede presa. Desde que llegó al Hospital Avellaneda, la joven, entonces de 25 años, no pudo volver nunca más a su casa porque luego se dictó su prisión preventiva, que continúa hasta el día de hoy. Belén está detenida en la Unidad Penitenciaria N 4 de Tucumán. Tras la sentencia, tomó su representación legal la abogada Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir. Deza está preparando la apelación y un pedido de excarcelación para que la joven pueda recuperar la libertad.

“Desde el momento de su internación y durante el proceso judicial se han vulnerado innumerables derechos de la joven, siendo violentada por las mismas instituciones que debieran garantizar sus derechos humanos y protegerla”, señaló Vivanco, de MuMaLá. “Manifestamos nuestro repudio a la criminalización de las mujeres y exigimos que se garantice nuestro derecho a la salud integral. El aborto legal sigue siendo una deuda pendiente de la democracia”, añadió.

Con el acompañamiento de legisladores nacionales de distintos bloques, la diputada Myriam Bregman, del PTS en el FIT, presentó un proyecto de resolución en el que se repudia al fallo. La iniciativa propone rechazar la sistemática violación a los derechos humanos de la joven tucumana, particularmente de su derecho a la salud, a permanecer libre de torturas y malos tratos, a la confidencialidad y al debido proceso, de las que fue objeto desde el momento de su internación en el Hospital Avellaneda, señala el texto. La misma iniciativa fue presentada en distintas jurisdicciones, por otros legisladores del FIT: en Mendoza por la senadora Noelia Barbeito, en Córdoba por la diputada Laura Vilches, en la Ciudad de Buenos Aires por el legislador Patricio del Corro y en Neuquén por Raúl Godoy.

El proyecto propone, además, “que la Cámara de Diputados de la Nación aborde sin más dilaciones el tratamiento del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, presentado ya cinco veces consecutivas por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”. En los próximos días se realizará una nueva presentación, con una versión actualizada del proyecto de la Campaña, consensuado entre más de trescientas organizaciones de mujeres, sindicales, políticas, de derechos humanos y académicas, de todo el país.