El Senado convirtió ayer en ley el reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a jubilados y beneficiarios de planes sociales por sus compras en comercios minoristas a través de medios electrónicos. El proyecto fue aprobado por unanimidad con el voto de los 61 senadores presentes en la Cámara alta. La iniciativa contempla la devolución de hasta 15 puntos del IVA en las compras realizadas con tarjetas de débito o crédito habilitadas por la AFIP. El universo estimado de beneficiarios alcanza a 9,2 millones de personas e implicará un costo de 30 mil millones de pesos para el Estado, según fuentes oficiales. Durante el debate, senadores de distintos bloques pidieron sin éxito que el beneficio se financie con aportes del Tesoro para no afectar las arcas provinciales. La ley contempla que finalmente será financiado con recursos que afectan la Coparticipación Federal.

Previo al inicio de la sesión, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina, había adelantado el apoyo del Frente para la Victoria para bajar la presión tributaria a los sectores más vulnerables y “transitar un camino a un régimen impositivo más progresivo”. El senador sostuvo que la medida tiene sentido en un contexto donde muchos sectores están viviendo una situación compleja por el aumento de tarifas. Los otros dos bloques mayoritarios, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista, también acompañaron con su voto.

La magnitud del reintegro, que será por cada prestación recibida, será de hasta 15 puntos del IVA, y con un tope mensual inicialmente de 300 pesos. Ese monto máximo será ajustado en base a la evolución del Indice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec, el cual comenzará a ser difundido la próxima semana con la medición de mayo. Podrán acceder jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima, titulares de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo y beneficiarios de pensiones no contributivas. Hay artículos de la canasta básica que tributan 10,5 por ciento de IVA, como pan, harinas, arroz, cereales, carne vacuna, frutas, verduras, tubérculos y legumbres. Leche y agua directamente no pagan este impuesto.

Para acceder a la devolución, las compras deberán hacerse en comercios que estén adheridos al servicio de PosNet, ya que es la única manera de registrar la operación para que después se compute la devolución a depositarse en la cuenta del beneficiario. Para lograr mayor disponibilidad de este servicio, el proyecto establece que el costo para los comercios minoristas, que usualmente es de 1,5 por ciento sobre el total de transacciones, sea gratis. Tras las modificaciones introducidas por Diputados, el proyecto arribó al Senado con un “error” en la redacción. El artículo 10, que permite que se subsidie a los pequeños comerciantes los costos del PosNet, había quedado redactado de manera tal que incluía a los súper e hipermercados. Los senadores convinieron que sería subsanado cuando se reglamente la ley.

Sobre este tema se plantearon algunos inconvenientes respecto de su aplicación en los distritos con menor acceso tecnológico. “Existen poblaciones en el Interior sin PosNet ni telefonía y debemos trabajar en ello”, explicó el senador Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos). Liliana Fellner (FpV-Jujuy) hizo hincapié en las deudas que existen en materia de conectividad, en particular en las provincias del Norte, donde incluso en algunas localidades “no llega el teléfono fijo”. Esto hará menos accesible el beneficio para un segmento importante de la población que no tiene la posibilidad de trasladarse a otras localidades para hacer la compra en comercios que tengan cobro electrónico. Esta situación también se da en numerosos barrios de Buenos Aires.

La mayoría de los senadores de la oposición pidió que el costo fiscal de la ley, estimado en 30 mil millones de pesos, sea absorbido por el Tesoro para no afectar las arcas provinciales, dado que el IVA es un impuesto coparticipable. “El costo repercutirá en las fatigadas arcas de las provincias”, dijo Norma Durango, senadora del PJ por La Pampa. Sostuvo que la retribución del 15 por ciento de la coparticipación pactada con el Gobierno nacional será “estéril” ante este nuevo compromiso. En ese reclamo se ubicó el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá (Interbloque Federal), quien se quejó de que no haya habido una reunión de gobernadores con el Presidente para tratar este tema. Desde el FpV, el rionegrino Miguel Pichetto previó que el tema del financiamiento del costo derivado de la devolución del IVA “seguramente va a ser motivo de controversia judicial”. Finalmente, la oposición votó el proyecto sin cambiar este punto, tal como llegó desde Diputados.