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Walter Abarca, presidente del bloque FpV-PJ

“La energía es un derecho humano”

Por Martín Granovsky

A los 43 años, el dirigente de Saladillo Walter Abarca preside uno de los dos bloques peronistas de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires (el del FpV-PJ, con 13 legisladores) pero, según dice, “el cargo más importante de mi vida es haber sido secretario de Néstor Kirchner”. La coordinación que emprendió con otros diputados, con ONG y con usuarios fue clave para los fallos de gas y luz.

–¿Qué desearía que falle la Corte Suprema?

–Espero que ordene hacer las audiencias públicas, que es lo establecido por la ley. Si la Corte dijera de una u otra manera que conviene esquivar los caminos legales y racionales no sería un buen mensaje. También me gustaría que el Gobierno retrotrajera sus decisiones para adecuar las tarifas por sectores sociales y económicos, pero dudo de que lo haga.

–¿Por qué?

–Porque tiene una visión empresaria de la energía, que no compartimos. Piensa en función de la rentabilidad de las empresas y no de la accesibilidad del ciudadano. La energía es un derecho humano básico. Pero un criterio empresario dice que solo es un servicio a pagar, y que la inversión la tienen que hacer los usuarios y consumidores. Nosotros pensamos que si hay un solo ciudadano que no puede acceder por el costo, el Estado debe subsidiarlo. Ojalá me equivoque, pero el Gobierno tratará de cumplir con el rito de la audiencia pública y no cambiará de criterio. Ojalá lo hiciera por supuesto, porque la energía es básica para el desarrollo de la vida de cualquier persona y para las economías urbanas y rurales. Hoy para extraer agua es más costoso el motorcito naftero que el motor eléctrico. No es solo un problema de confort sino de productividad.

–¿Cómo deberían ser las nuevas tarifas?

–Subsidiadas según lugares y sectores sociales y económicos. A un changarín le vinieron 1800 pesos de luz. Me dijo que para él equivalía a una semana de trabajo. El alquiler era otra semana o más. ¿Con qué viviría? Pongamos un medidor electrónico en cada una de las viviendas. Luego asignemos kilowatts. Como la SUBE.

–Eso sería para usuarios domiciliarios.

–También hay que sectorizar por niveles de ingreso y por sectores productivos, de acuerdo con la potencia utilizada. El horno eléctrico de un negocio sería inviable con energía cara, por ejemplo. En el sector rural no es lo mismo el que tiene dos galpones que el que tiene 40. También ahí se puede sectorizar. Claro, es un trabajo a mediano plazo. No permite aumentar la luz de hoy para mañana y eliminar los subsidios. La energía tiene que ser barata para el sector productivo y accesible para el hogar. No discutimos la readecuación. Ya me cansé de los que me corren con que en Puerto Madero no deben pagar 50 pesos por mes. Obvio, pero avancemos.

–Algunos fallos hablaron de progresividad y razonabilidad de los aumentos.

–Por eso la importancia de las audiencias públicas. Las empresas tienen que explicar el costo de la energía, la inversión y toda la información que hoy no quieren explicar. La audiencia pública debe transparentar el costo de la energía y el cuadro tarifario que debería pagar el usuario. En cuanto al Estado, su déficit debe solucionarse de otro modo. Por ejemplo los cinco puntos de baja de retención en la soja representan 60 o 70 mil millones de dólares.

–Gustavo Grobocopatel dijo ayer que el boom económico no llegó al agro pero sí el entusiasmo.

–Que venga a preguntarle al pequeño productor de cerdos si está contento con la suba del maíz. O a los pequeños productores si están felices con la suba de alquileres de los campos. Pasaron de 700 pesos a 1800 por hectárea por año. El aumento de la rentabilidad está en la exportación. Y no se puede hablar de energía sin tener en cuenta la diferencia entre cada sector económico y social. En las audiencias públicas también se debería discutir adecuación, costo de producción, costo de distribución y progresividad. El Gobierno debería escuchar. Yo soy escéptico. No quiero una audiencia como la de Mar del Plata. El Estado debería escuchar qué quiere la ciudadanía. Si escuchara la readecuación sería progresiva.

–¿Cuál fue su primer contacto con el asunto de las tarifas durante el gobierno de Macri?

–En Quilmes Eva Ramírez, una compañera, vio que una jubilada había recibido una factura de 2800 pesos de luz. Cuando nos comentó empezamos a consultar con abogados y surgió la idea del recurso de amparo que terminó en el fallo de la Cámara Federal de La Plata con la orden de suspender los aumentos. Se sumaron otros diputados, Marcelo Honores que está a cargo de la Defensoría del Pueblo, un club de Quilmes y una ONG. Estimo que muy rápido superamos el millón de firmas.

–¿Quedaron satisfechos con el fallo de la Cámara Federal?

–Sí, porque además el frenazo sirvió para cumplir con nuestro primer objetivo, que era morigerar el invierno. Y ayudamos a los que menos tienen cuando el tarifazo no se pudo aplicar, sobre todo en beneficio de los más humildes.

–El Gobierno sostiene que su política energética está trabada por el kirchnerismo o el peronismo, según quien hable.

–No se equivocan en que defendemos el derecho de los ciudadanos y del pueblo. Evita decía que donde hay una necesidad hay un derecho. Pero el reclamo contra el tarifazo llegó al Frente Renovador e inclusive dividió a Cambiemos, porque en varias ciudades de la provincia hay sectores del radicalismo que se oponen a la suba violenta del gas, la luz y el agua.

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Marcelo Torres, de la Comisión de Energía

“¿Solo vale el juez Griesa?”

Por M. G.

A los 53 años, el técnico en electrotecnia y licenciado en Comunicación Marcelo Torres preside la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados bonaerense. Integrante de uno de los dos bloques peronistas, el del FpV con 17 diputados, Torres participó desde un principio de las acciones colectivas que fueron coronadas con fallos contra los tarifazos de luz y gas y presentó varios proyectos, entre ellos uno sobre audiencias públicas y otro sobre la suspensión por seis meses de los aumentos.

–¿Qué hecho motivó su preocupación por el aumento de tarifas?

–A principios de marzo me llamaron de Tandil. De Cerámica Blanca y del polo metalmecánico me dijeron que no iban a seguir produciendo. Antes, a mediados de enero, yo había presentado un proyecto de emergencia laboral por los despidos de Atucha. La situación se agravaba porque en la provincia se habían parado todas las obras públicas. El nuestro fue el primer proyecto de emergencia laboral de la Argentina. Como la jurisdicción no es nacional sugeríamos formar un observatorio de seguimiento. Justo lo de Atucha era un problema laboral en un lugar vinculado a la generación de energía. Hay que tener en cuenta que cuando en la campaña Daniel Scioli visitó Atucha hasta lo llevaron en andas y habló sin megáfono a viva voz para más de mil personas. Scioli había prometido la continuidad del plan nuclear. Con Macri en la Presidencia empezaron los despidos en Atucha y vino la declaración de la emergencia energética. Empecé a darme cuenta de que los tarifazos serían un gran problema social. Nos movimos mucho los legisladores en la provincia de Buenos Aires y muchos intendentes presentaron amparos. Repercutió fuerte el impacto del tarifazo en la Patagonia. La Justicia empezó a reaccionar con fallos como el del juez Luis Arias y sentencias en San Martín y La Matanza... En Atucha ellos echaron y casi al mismo tiempo declararon la emergencia energética. Hay una relación entre un tema y otro. Una variable del escalonamiento tarifario deben ser las paritarias. No aparecerá la oferta energética solo por aumentar lo que se pague, porque entre comer y pagar la tarifa la gente va a elegir comer. El Gobierno prefiere referirse a la herencia recibida y a la crisis.

–Políticamente es natural.

–Entonces vayamos al fondo del tema. El Gobierno declaró la emergencia energética en enero, sin ningún anuncio detallado. No habló ni de soberanía energética ni de cómo reformularía la ecuación en energía. En los doce años de Néstor y Cristina hubo muchos problemas pero también se duplicó la generación de energía y se triplicó el consumo. Se generaron nuevos espacios como Atucha II, la Termoeléctrica de Ensenada y la de Campana, el inicio de la construcción de las represas en el sur y el agregado de turbinas a Embalse. Es verdad que no terminamos de cambiar la matriz y los hidrocarburos siguieron pesando. ¿La herencia recibida son solo los últimos doce años? ¿Antes estaba todo perfecto? Pasaron nueve meses de Macri y el Gobierno no sabe ni siquiera qué tiene que decirle a la gente sobre las boletas de los servicios públicos. Uno elige gobernantes para construir una certeza colectiva, pero este Estado tiene como interlocutoras a las empresas, no la gente. Y además Edesur y Edenor salieron con una campaña de miedo. No se dan cuenta de que son empresas privadas de responsabilidad pública.

–¿Cuál sería la alternativa?

–Poner la energía en función de una matriz de desarrollo económico. El Gobierno quiere aumentar la facturación a través de las tarifas para mejorar el servicio energético. Lo que hay que desarrollar es una red de energías alternativas. No hubo anuncios, salvo quizás uno, que no está mal: a través de Enarsa hablaron de continuar con Atucha III en 2017, en convenio retocado con China. Pero el fondo de inversión no debe ser el salario de los sectores medios y de los trabajadores. Eso no puede financiar los planes de inversión de la empresa privada. Si encima se tiene en cuenta la caída del 10 por ciento del salario real, más la escalada de precios, es obvio que vamos al fracaso por esa vía. El desconocimiento de la realidad hizo que las tarifas en el interior se disparasen más que en la zona metropolitana de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Recuerdo que el intendente de Guaminí me avisó que las tarifas en el interior de la provincia no tenían el famoso atraso del que se hablaba en el área metropolitana. Al mismo tiempo las cooperativas tenían y tienen cada vez más problemas, porque abarcan un universo menor.

–¿Qué sería lo mejor que podría pasar?

–Lo que queremos nosotros es una política de segmentación y escalonamiento de tarifas. Discutamos en serio. Y respetemos la Justicia. Al día siguiente del fallo de la Cámara de La Plata frenando el aumento de tarifas el ministro Juan José Aranguren recomendó pagar. Incluso Aranguren y Marcos Peña también anunciaron el tope del 400 por ciento y el 500 por ciento después de ese fallo. Eso es desoír a la Justicia. ¿O el único juez que vale y que nos obliga a discutir leyes es Thomas Griesa?

–¿Cuál sería el fallo ideal?

–Uno que obligue al desarrollo de audiencias públicas para que se pueda construir un mapa energético y tarifario con valores, balances y precios. No un trámite administrativo para cumplir un requisito formal. Después deberíamos entrar en un análisis a cargo de un comité de emergencia energética con representación de usuarios y sectores con representación legislativa para discutir un valor que tenga en cuenta los niveles de ingreso de cada sector y las condiciones geográficas y climáticas de cada lugar.

–El Gobierno ya designó un comité de ex secretarios de Energía.

–Que el Gobierno se asesore con quien quiera porque está en su derecho, pero las políticas públicas no son un programa de administración. Encima ellos mismos modificaron cuatro veces el régimen de tarifas. Me preocuparía una audiencia pública que solo destrabe la coyuntura para que el Gobierno siga siendo autista. Acá hay que barajar y dar de nuevo. No hablo de volver necesariamente a los valores anteriores. Hablo de discutir. No puede ser que se convoque a otra audiencia como la de Mar del Plata a nivel provincial, donde hablaron 25 personas para un universo de tres millones de usuarios. Discutamos lo que dice la jueza de San Martín Martina Forns, que en su fallo critica la inequidad de las tarifas. Busquemos un régimen que no sea confiscatorio del salario y lleve al Gobierno a una crisis inevitable.

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