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Las peleas con el FMI y con los acreedores retomaron ayer la intensidad que habían perdido los últimos dos meses. Uno de los cruces fue con el portavoz del organismo, Thomas Dawson, quien afirmó en Washington que el gobierno argentino había pedido retrasar unas semanas la próxima auditoría del acuerdo, por lo cual la visita se postergaba de fines de mayo a junio. De inmediato, el Ministerio de Economía emitió un comunicado para aclarar que en ningún momento hizo la supuesta solicitud y que “la fecha de la tercera revisión es la que estaba prevista originalmente”, es decir, en junio. En Nueva York, mientras tanto, los fondos buitre que ganaron una demanda contra Argentina por el default por unos 800 millones de dólares reclamaron al juez Thomas Griesa, quien lleva la causa, que se apure al gobierno argentino para que identifique los activos embargables.
Griesa respondió con señales cruzadas. Acusó tanto a los demandantes por “haber provisto información inútil” sobre los bienes susceptibles de ejecución, como a los abogados que representan al país por la demora en entregar los datos. “Cuando todo esto empezó, yo asumí que los abogados de Argentina sabían que tenían que entregar información acerca de los activos comerciales. Esa es su obligación ante el tribunal”, reprochó el magistrado.
John Blackman, el abogado que representó al país (para participar de un juicio en Estados Unidos tiene que intervenir un estudio jurídico de ese país), respondió que su tarea para reunir antecedentes podría terminar a fines de junio. Pero Blackman pidió que sean los fondos buitre los que entreguen una lista de entidades vinculadas al Estado a las que quieran investigar, para no entrar así en el complicado proceso de buscar información sobre cada uno de los organismos existentes. El abogado puso como ejemplo el Ballet Argentino, que depende del Estado pero que difícilmente podría tener relevancia en el caso, que busca dar con activos embargables para pagar demandas ganadas por los fondos Old Castle Holdings, Lightwater, Macrotecnic y EM, por unos 800 millones de dólares.
Griesa reclamó que Argentina identifique todas aquellas actividades comerciales que muevan más de 5 millones de dólares anuales en cualquier parte del mundo. Asimismo, pidió identificar operaciones de movimiento de capitales hasta 60 días antes de la declaración del default. El magistrado también consideró que los demandantes no hicieron aportes significativos en la búsqueda de bienes ejecutables y hasta amenazó con cerrar esa instancia en el corto plazo.
En Economía restan importancia a las instancias judiciales. Consideran que lo importante es cerrar un acuerdo de reestructuración de deuda y conseguir el apoyo del Grupo de los Siete y del FMI para desalentar los juicios de los acreedores que no entren en el canje.
A lo que prestaron más atención ayer en Economía fue a las declaraciones de Dawson, el vocero del FMI, afirmando que “la misión para la tercera revisión de las metas se pospuso por pedido de las autoridades argentinas”. Según el funcionario, la postergación “refleja que las autoridades están muy ocupadas en manejar sus temas de deuda y en alcanzar un consenso dentro de la Argentina sobre algunas reformas estructurales que son necesarias”, agregó, sin dar detalles de cuáles serían esos temas, aunque pudo presumirse que se refería a las negociaciones con las provincias para una nueva ley de coparticipación.
El FMI debería hacer un desembolso de 719 millones el 15 de junio y, tres días después, la Argentina debe cancelar intereses por 316 millones. Si la aprobación de la revisión de las metas se demora, el Gobierno se vería nuevamente frente a la disyuntiva de cubrir o no cubrir el vencimiento.
Las palabras de Dawson cayeron mal en el Palacio de Hacienda, que a través de un comunicado destacó que “la fecha de la tercera revisión es la que estaba prevista originalmente, dado que ni el Gobierno ni nadie ha pedido prórroga alguna”.