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Si con algunas de las iniciativas contempladas en el Plan Antievasión II el Gobierno consiguiese atenuar el problema del empleo en negro, podría decirse que habría avanzado un paso en el combate de la pobreza. Según coinciden varios estudios realizados sobre los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, la informalidad laboral está unida a la pobreza: el 67 por ciento de las empleadas domésticas, cuyo blanqueo se intenta impulsar, ostenta el privilegio de estar en ambas categorías.
Esa coincidencia acaba de ser expuesta en un seminario donde los técnicos de la Fundación Mediterránea, Gabriel Sánchez y Nadín Argañaraz, junto con Ernesto Kritz, del SEL, analizaron la informalidad laboral y los caminos para combatirla. Esto ocurrió en el mismo momento en que el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, anunciaba medidas orientadas en este sentido, como el estímulo para blanquear personal doméstico, o facilitar el seguimiento del pago de aportes laborales vía Internet a los propios empleados.
De esas exposiciones elaboradas en base a datos oficiales y algunos ejercicios propios surge un perfil del problema que ninguno de los gobiernos consiguió aliviar:
- La informalidad es especialmente alta en hogares indigentes, donde el 44 por ciento de los ocupados está en esta categoría, y pobres, en los que ese porcentaje desciende al 38. Otra cara de esa situación es que el 47,5 por ciento de quienes viven en hogares donde no es posible cubrir la canasta mínima de calorías diarias requeridas están directamente desocupados.
- La informalidad es mayor en las empresas pequeñas y medianas. Valga de ejemplo que el 69 por ciento de los empleados de establecimientos que tienen entre dos y cinco empleados no están declarados, proporción que sube al 88 por ciento cuando sólo se tiene a cargo a una persona, pero que desciende abruptamente hasta el 11 por ciento en el caso de las compañías con más de quinientos empleados.
- La evasión de aportes patronales creció de modo armónico con la evasión general de impuestos. Según revela un estudio de la Fundación Mediterránea, en la década que va desde 1992 al 2002 la evasión del IVA subió del 31 por ciento al 47 por ciento, crecimiento muy similar al de la informalidad laboral, que trepó del 30 al 40 por ciento.