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La incógnita debería develarse hoy. Después de la segunda postergación en el anuncio de los aumentos a las retenciones, el vocero presidencial, Eduardo Amadeo, enfatizó que la medida será comunicada hoy por Jorge Remes Lenicov. La dura pelea entre el Ministerio de Economía, ruralistas y gobernadores que respaldan a estos últimos tendría un final más acorde con lo que pretenden los hombres del Palacio de Hacienda. Eduardo Duhalde, que ha dado marchas y contramarchas a lo largo de diez días, laudaría en favor de Remes Lenicov, según coincidían ayer legisladores que estuvieron reunidos con el Presidente, funcionarios de Economía y empresarios alcanzados por el incremento de las retenciones.
“He pedido una serie de estudios, que seguramente estarán terminados hoy o mañana”, declaró Duhalde, en su justificación por la falta de definiciones. Más tarde, cuando empezaban a sumarse reclamos que podían complicar las cuentas de Economía, Amadeo puso nueva fecha. La protesta partió de la provincia de Buenos Aires. Felipe Solá se manifestó en contra de la suba de las retenciones, en coincidencia con la posición de los dos principales gobernadores del peronismo, Carlos Reutemann y José Manuel de la Sota. Pero el gobernador bonaerense agregó otro elemento: dijo que, en todo caso, los ingresos adicionales por el alza del gravamen a los exportadores debería coparticiparse con las provincias.
En Economía reconocieron a Página/12 que la demora en el establecimiento de las retenciones al agro –las que se dispusieron semanas atrás– obedeció a que el Gobierno quería cerrar primero el Pacto Fiscal con los distritos del interior, a fin de no tener que redistribuir la recaudación de las retenciones. La mayoría de los gobernadores se molestó con la maniobra del Ejecutivo, pero nadie reabrió la discusión. Solá volvió ayer sobre el tema, lo cual asomaba como una complicación adicional para Remes.
Sin embargo, en Economía estaban convencidos de que Duhalde les dará la razón. De acuerdo a su versión, el esquema de retenciones quedaría con 20 por ciento para granos, oleaginosas, harinas, aceites y carnes, mientras que para las manufacturas de origen industrial y agropecuario se fijaría un rango del 8 al 12 por ciento, con el nivel más bajo para los bienes con mayor valor agregado, y un 5 por ciento para los productos primarios con fuerte incidencia en las economías regionales, como legumbres, frutas y hortalizas.
“La devaluación favoreció al sector exportador, pero la sistemática imposición de tributos y retenciones deterioran cada vez más la ya frágil seguridad jurídica”, se quejó Solá. Las cuatro entidades del agro se reunieron ayer para lanzar un mensaje de resistencia a las medidas de Economía. Pero el encuentro terminó sin que se mencionara la posibilidad de comenzar un plan de lucha. En rigor, ruralistas e industriales admiten por lo bajo que el nivel de retenciones que impondría el Gobierno se encuentra dentro de lo tolerable, sin afectar seriamente la ganancia de rentabilidad que consiguieron con la devaluación.
Especialmente, esto lo reconocen dentro de la Unión Industrial. La preocupación de los empresarios es que esta administración o la que venga avance sobre sus beneficios, elevando gradualmente las retenciones al ritmo de las necesidades fiscales. “El Estado, al que se le reclama un verdadero ajuste que le permita liberar al sector privado de los numerosos gravámenes que se fueron estableciendo progresivamente, sigue actuando como un verdadero lastre sobre la deprimida actividad productiva”, se quejó, en ese sentido, la Bolsa de Comercio de Santa Fe. La entidad nada dijo de la duplicación en sus ingresos por exportaciones que les permitió la devaluación, mientras que los sectores asalariados siguen con sus ingresos en el freezer. Remes Lenicov, por otra parte, se resiste a la presión del ministro de Trabajo, Alfredo Atanasof, para que lo recaudado con las retenciones se destine a asistencia social. El jefe de Economía pretende utilizar los fondos para cubrir otros baches fiscales y así cumplir con la meta de déficit que exige el FMI.