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Jubilarse en los últimos tiempos para quienes optaron, a partir de 1994, por una AFJP se ha convertido en una verdadera odisea. Según datos oficiales, a los que accedió Página/12, conseguir la jubilación a través de una AFJP demora, en promedio, 1 año y 2 meses, durante los cuales hay que arreglárselas para sobrevivir sin ingresos. En Orígenes, la AFJP líder del mercado, la tardanza es todavía mayor: 16 meses. En contraste, para quienes se jubilan por el sistema de reparto el trámite insume, en promedio, poco más de 2 meses. Por los atrasos en la liquidación de haberes, la Superintendencia de AFJP está aplicando multas millonarias.
La ineficiencia de las administradoras –especializadas en marketing y ventas, no en gestión previsional– para agilizar los expedientes explica buena parte del problema. Pero no todo. La Anses detectó que había AFJP que retenían el dinero girado por el organismo a los jubilados en el régimen privado –dada la juventud del sistema de capitalización, casi el 80 por ciento del beneficio hoy todavía lo abona el Estado–, sin rendir cuentas de qué hacían con los fondos.
Por mes, las AFJP liquidan, en promedio, unas 3300 nuevas jubilaciones de personas que aportaron hasta 1994 al Estado, y a partir de entonces decidieron pasarse al régimen privado de capitalización. Por la ley de reforma del sistema previsional, las AFJP liquidan el total del haber de sus afiliados, aunque en realidad la mayor parte del beneficio la transfiere por ahora el Estado (dados los años de aporte a uno y otro régimen de las personas en edad de jubilarse en la actualidad). A su vez, la Anses, a solicitud de la AFJP, debe realizar la verificación de los años de “servicios prestados”. Una vez que el organismo establece que el jubilado tiene derecho a cobrar el beneficio, actualiza el aporte de los últimos 10 años y determina el monto de la jubilación.
Una de las excusas habituales que esgrimen las compañías privadas ante las protestas por la escandalosa dilación es que “el expediente está en la Anses” para su verificación (ver aparte).
Sin embargo, el organismo elaboró un informe que lo desmiente. Según la información oficial, en promedio, los expedientes pasan en la Anses sólo 44 días hábiles (2 meses) para su verificación, mientras que los 262 días hábiles restantes (12 meses) se extravían en la burocracia de la AFJP. Dicho de otro modo: de los 14 meses que tarda en promedio el trámite para empezar a cobrar el haber por el sistema privado, 1 año es atribuible a “demora pura” de la AFJP.
Para los afiliados de Orígenes, la administradora de más aportantes, el retraso llega en total a 348 días hábiles (16 meses), de los cuales 304 días (14 meses) son responsabilidad exclusiva de la AFJP (ver cuadro). En el otro extremo, MET (Metropolitan Life) es la más expeditiva en destrabar la primera liquidación: 96 días hábiles (4 meses y medio). Sin embargo, esta última es la administradora más nueva del mercado y cuenta, por ahora, con un pequeña cantidad de afiliados.
El contraste con el sistema público de reparto, gestionado en su totalidad por el Estado, es patético. Como ya se dijo, el régimen privado dispone mensualmente el alta de 3300 nuevas jubilaciones, con una demora promedio de 14 meses para cada expediente.
La Anses liquida mensualmente 19.000 nuevas jubilaciones del sistema público de reparto. No obstante, la demora promedio por expediente es de poco más de 2 meses.
¿Cómo se explica que jubilarse por una AFJP sea una odisea, cuando procesan 6 veces menos expedientes que la Anses?
Una interpretación, benévola, es que, contra toda publicidad, las administradoras privadas son tremendamente ineficientes en relación al Estado (ver aparte). De los 12.000 empleados de las AFJP la mayoría son promotores y personal especializado en ventas y marketing, mientras que los expertos en administración previsional se cuentan con los dedos. La Anses, en cambio, no posee estructura comercial y la mayor parte de los 7150 empleados están abocados a las áreas de gestión previsional, verificación de activos, liquidaciones del seguro de desempleo, asignaciones familiares y pensiones.
“Las AFJP no saben pedir la documentación cuando arranca el trámite, y envían permanentemente la información incompleta a la Anses. Otras veces, piden muchas verificaciones por cada expediente, en algunos casos del mismo servicio”, dispara Sergio Massa, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Para atacar este problema, la Anses dispondrá la descentralización de todos los trámites jubilatorios. Así, las verificaciones se harán en el lugar de inicio del trámite jubilatorio, lo cual ejercería una presión adicional sobre las administradoras privadas. “Así la oficina de la AFJP en Mar del Plata ya no le podrá decir más a su afiliado que el expediente está demorado en la Anses de Buenos Aires. Bastará que el afiliado se corra unas cuadras hasta la sucursal de la Anses para comprobar que el expediente lo tiene parado la AFJP”, explican en el organismo oficial.
La fecha de largada de la llamada “descentralización” estaba prevista para julio. Pero fue prorrogada hasta el 15 de agosto próximo, a solicitud de las propias AFJP, que explicaron por nota que todavía no estaban preparadas “técnicamente” para el nuevo sistema de liquidación de beneficios. Según se excusaron las empresas, su “capacidad de producción” no estaba en condiciones, en el corto plazo, para agilizar el procesamiento de los expedientes. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Otra interpretación, más conspirativa, es que las AFJP regulan los trámites de acuerdo a la disponibilidad de liquidez. “Hacen un esquema de corral: van regulando la puesta al cobro de las jubilaciones, según la cantidad de trámites iniciados”, sostuvo una fuente del sector a este diario.
Massa denunció ante Página/12 que “en muchos casos el beneficiario tiene otorgado el beneficio, la Anses transfiere los fondos a las administradoras, pero después el beneficiario no recibe el monto del beneficio”. La Superintendencia ya aplicó este año suculentas multas a Orígenes, Consolidar, Siembra y Máxima, entre otras, al comprobar esa retención indebida del dinero de los jubilados y los interminables atrasos en los trámites (ver cuadro).
En números redondos, la Anses transfiere mensualmente a las AFJP unos 60 millones de pesos mensuales para cubrir la componente pública (los años de aportes al Estado) de las jubilaciones pagadas en el sistema privado. Unos 35 millones corresponden al haber y retroactivo (desde el inicio del trámite de jubilación hasta que se empieza a pagar) de nuevos beneficios, mientras que los 25 millones restantes cubren haberes en proceso de pago.
Los funcionarios descubrieron que las AFJP congelaban, como mínimo, 3 meses el dinero transferido por la Anses desde el momento del alta hasta que el jubilado cobraba por primera vez. De esa manera, alrededor de 70 millones de pesos quedaban “atrapados” en el circuito financiero de las AFJP, mientras los ancianos veían cómo se estiraba aún más la espera para percibir el haber. Para colmo, las administradoras no rendían cuentas al Estado sobre el destino de los fondos transferidos.
Para evitar estas maniobras con el dinero de los jubilados, la Anses y la Superintendencia de AFJP pondrán en marcha un mecanismo de “pagos por separado”, para que el jubilado sepa exactamente cuál es el monto del haber que abona el Estado y cuál la AFJP (ver aparte). Y, más importante aún, correr del medio a “intermediarios” más habituados a los negocios financieros que a la administración de servicios previsionales.