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“Yo comprendo que la gente se canse de tardar horas para atravesar la ciudad de Buenos Aires porque hay un piquete inesperado, pero también hay que atender el reclamo de los desocupados. No es por casualidad que se producen los piquetes.” Carmen Argibay todavía está lejos, en La Haya, “una ciudad muy chiquita” donde juzga los crímenes en la ex Yugoslavia. Sin embargo, cuando habla, parece que estuviera acá. Si se castiga a los piqueteros por reclamar sus derechos básicos, insiste, “no se cumple la igualdad ante la ley”.
A la nueva jueza de la Corte Suprema no se le escapa ni un detalle. Dice que el endurecimiento de penas no arregla la inseguridad y bajar la edad de imputabilidad de los menores es un mal camino. La clave, sostiene, es atender “el problema social”. Argentina, advierte Argibay, incumple buena parte de los tratados internacionales que suscribe en derechos humanos, derechos del niño y derechos sociales. Su sueño es que el máximo tribunal tenga audiencias públicas para que la gente sepa qué hacen sus integrantes supremos. “Soy una persona muy normal”, se define.
–¿Siguió desde Holanda la sesión en el Senado el día de su designación?
–Por las diferencias horarias era imposible. Cuando empezó acá eran las cuatro de la tarde, pleno horario de trabajo. La noticia de la aprobación me la dio mi madre, como a la una de la mañana para mí. Me empezaron a llamar un montón de amigos y el presidente de la Comisión de Acuerdos. No pude dormir. Después el debate lo leí.
–¿Qué le pareció?
–Supongo que todas las sesiones del Senado tienen vueltas, así que no me llamó demasiado la atención.
–¿Qué cambiaría del proceso de selección que tuvo que atravesar?
–Me parece que es bueno, que transparenta mucho los nombramientos. Pero como es nuevo, indudablemente lo que también necesitamos es práctica, pulir cosas. Hay ciertos detalles sobre los candidatos que en realidad no deberían publicarse en Internet, no por ocultamiento sino por seguridad. No es que uno no quiera decirlo, por supuesto tiene que decirlo.
–¿Se refiere a los datos de las declaraciones juradas?
–No hablo de las declaraciones juradas en sí. Me refiero, por ejemplo, al número de las cuentas bancarias y al banco donde están. Eso se presta a que cualquiera pueda ir y depositarte una cantidad de dinero que nadie sabe de dónde viene y el día de mañana te digan que estás recibiendo un “regalito” por alguna cuestión. Acá en Holanda el que quiere depositar dinero en una cuenta ajena tiene que decir el motivo y el banco avisa del depósito. Creo que hay que dar los datos de las cuentas, pero tiene que estar en un expediente reservado con acceso sólo para quien dé motivos relevantes. Es por tranquilidad personal.
–La nueva Corte Suprema iba a derogar una acordada que permitió a sus integrantes mantener las declaraciones juradas en secreto, pero aún no tomó ni esa medida ni otra. ¿Deberían hacerlas públicas, al menos en cuanto a datos generales?
–Está bien que los jueces hagan una declaración patrimonial antes de asumir, la renueven todos los años y al dejar el cargo para demostrar que no se enriquecieron ilícitamente. Debemos decir lo que tenemos, estar sometidos a la Ley de Etica Pública, pero hay ciertos detalles que no se deben dar a conocer. Por otra parte, es inconveniente que todo el mundo se entere cuál es el número de teléfono de tu casa. Te pueden volver loco.
–¿Por qué cree que la atacaron tanto, sobre todo la Iglesia?
–No tengo la menor idea, hay que preguntarles a ellos.
–Pero, ¿se sorprendió por eso?
–Bastante, sí. Nunca se me ocurrió que mis opiniones o creencias personales pudieran dar lugar a un ataque semejante. Soy una persona muy normal, me pareció perfectamente posible tener opiniones diferentes.
–¿Las concepciones sobre el aborto, la libertad de decidir y las creencias religiosas son criterios válidos para evaluar a un futuro juez?
–Creo que las opiniones personales no tienen nada que ver, que cada uno puede tener su opinión así como nosotros, los jueces, jamás hemos tenido una actividad político-partidaria porque está prohibido. Lo que interesa no es lo que piensa uno el día que va a votar. No es posible que a los jueces nos prohíban tener opiniones. Lo que la Constitución exige es idoneidad, honestidad, y eso sí se debe juzgar por la conducta durante el tiempo que uno ha estado en el ejercicio de la profesión o en la jurisdicción como juez, pero no por las opiniones personales.
–¿En algún momento pensó que podía complicarse su nombramiento?
–Lo pensé, sí, pero tampoco me preocupé demasiado.
Desigualdades
–¿Qué experiencias o enseñanzas de su trabajo en el tribunal de La Haya podrá trasladar a su futuro trabajo en la Corte Suprema?
–Esta tarea ha sido muy valiosa y hay conceptos sobre ciertos delitos internacionales que se pueden adaptar a nuestra jurisprudencia local. No sé si hay algún ejemplo sencillo para explicarlo, pero sí creo que el manejo de todas las convenciones internacionales es una experiencia muy válida para trasladar a la Argentina, porque nosotros las tenemos a casi todas en la Constitución.
–¿Argentina cumple con los tratados internacionales que suscribe, ya sea en materia de derechos humanos, de derechos del niño, de derecho al trabajo, por ejemplo?
–Con algunos sí, con otros no. A veces a medias. Con toda la crisis que ha vivido el país, es notable que todavía no se haya adecuado la legislación nacional a algunas de las convenciones internacionales que hemos firmado. Algunas leyes de patronato quedaron abiertamente en contra de la Convención de los Derechos del Niño. Cuanto menos habría que dejar de aplicarlas, pero no he visto que se haya hecho. Son normas que hacen al tratamiento de los menores sometidos a patronato por causas judiciales. Por la ley de patronatos, hay un sistema especial de menores que no les reconoce derechos que puede tener cualquier otra persona que está bajo proceso penal, cuando deberían tenerlos.
–¿Qué consecuencias tiene esa situación de desigualdad?
–Es un conflicto serio que todavía no ha tenido consecuencias, pero que podría derivar en presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana y podríamos tener alguna sentencia o recomendación en contra.
–¿Está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad de los menores?
–No estoy de acuerdo. Creo que ya está bastante baja y encima tenemos el problema de la falta de educación que en muchos casos hace que estemos empujando a los chicos a hacer lo que no deben. No me parece bien meterlos en la cárcel como si fueran mayores, haciéndolos responsables de actos, por horrorosos que puedan ser. La Convención de los Derechos del Niño considera niño a toda persona hasta los 18 años. De todos modos, el tema pasa ante todo por la educación y el problema social.
–¿La falta de definición de la Corte Suprema sobre la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto final implica un incumplimiento de los pactos de derechos humanos adoptados por Argentina?
–Puede ser. Pero eso está en trámite, hay que ver qué se resuelve. Aún no está terminada la instancia interna.
–Hace tiempo que el tema está en veremos. ¿Debería haber resuelto ya la Corte?
–No lo sé, porque no conozco el expediente. Los jueces trabajamos sobre los expedientes. El asunto es ver qué hay en la causa, y si el tiempo que ha pasado significa un atraso serio.
–¿Tiene posición tomada sobre el tema?
–Sí, pero mejor que no la diga, para que no me recusen.
–En cuanto al acceso al trabajo, ¿el país cumple con sus compromisos internacionales?
–(Se ríe.) Objetivamente no se cumplen, el tema es tratar de ver por qué. No es una cuestión fácil de resolver, no se puede inventar y la situación del país es muy mala. A todos nos gustaría que hubiera una varita mágica para resolver estos problemas.
–La Justicia tiende a criminalizar la protesta de los desocupados y a hacer prevalecer el derecho a la libre circulación por sobre el de peticionar y sobre los derechos básicos que los excluidos reclaman en sus manifestaciones (a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la educación, entre otros). ¿Qué debe predominar?
–Una contratapa de Página/12, “Los piqueteros de mi barrio”, habla de algo de esto. La gente está enojada porque los piqueteros dificultan el tránsito, los taxistas se quejan porque no pueden circular. Todo eso es válido, pero hay que ver cómo obstaculizan el tránsito otros que no son considerados piqueteros pero que tienen una serie de privilegios, con lo cual no se cumple la igualdad ante la ley, un principio fundamental de la Constitución. Cuando hay un conflicto de intereses hay que tratar de resolverlo de la mejor manera para todo el mundo. Yo comprendo que la gente se canse de tardar horas para atravesar la ciudad de Buenos Aires porque hay un piquete inesperado, pero también hay que atender el reclamo de los desocupados. No es por casualidad que se producen los piquetes.
Futuro supremo
–¿Cuál se imagina que será su rol en la Corte?
–Todavía no me lo puedo imaginar. No sé ni cuándo vuelvo, ni cuándo voy a jurar, ni con qué me voy a encontrar. Mi regreso depende mucho de cuándo termine el juicio acá, que viene con atraso. Calculo que será a fin de año. Estamos tratando de acelerar, pero es difícil manejar los tiempos. Hay que traer testigos desde los Balcanes y distintos lugares del mundo. A veces nos pasa que nos quedamos con un día medio en blanco porque un testigo terminó antes y el próximo no llegó. Son situaciones que no se pueden manejar. Por mi parte, estoy deseando que terminemos lo antes posible. La verdad es que ahora quiero volver.
–¿Qué le gustaría cambiar en el alto tribunal?
–Es difícil decirlo porque por las noticias que me han llegado ya hay cosas que están cambiando. A mí me gustaría, creo que también lo dijo Raúl Zaffaroni, que se pudieran hacer audiencias públicas para que la gente se entere de qué es lo que está haciendo la Corte o qué es lo que oye la Corte en determinados casos. Con las audiencias públicas uno puede saber por lo menos de qué se habló. La publicidad es importante. No sé si se va hacer, no sé si se puede. Hay cosas que a uno en los papeles le parecen muy bonitas pero que después no se pueden llevar a cabo.
–¿Tiene amigos entre sus futuros compañeros?
–Sí, Zaffaroni es uno, hemos trabajado juntos. También Elena Highton. Así que tengo por lo menos dos amigos ahí, que no es poco.
–¿Cuál será el mayor desafío para su gestión?
–El mayor desafío era llegar. Tener mujeres en la Corte era un viejo anhelo de casi todas las juezas, supongo. El desafío ahora es, precisamente, estar entre las primeras mujeres en la Corte y ver qué podemos hacer y demostrar qué podemos hacer.
–¿Qué pueden transformar o aportar dos mujeres a la Corte?
–Por lo pronto, una mirada distinta. Somos mujeres, vemos las cosas de diferente manera, esto es parte de nuestro género. Lo que podemos demostrar es que con nuestra mirada puede haber cambios, sobre todo en las materias que afectan más a las mujeres y a los niños.
–Usted dijo recientemente que la Corte podría resolver algunos de los grandes temas que tiene pendientes, como la legalidad de la pesificación, sin necesidad de esperarla.
–Creo que sí, son ocho jueces ya. No creo que me tengan que esperar para nada. La Corte tiene que seguir su propio ritmo. No sé específicamente si se puede resolver la cuestión de la pesificación. Vi que salió un fallo sobre eso pero todavía no lo leí.
–¿Imagina que podría haber una nueva mayoría automática?
–No lo creo, y además espero que no.