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En Quilmes nunca se van a olvidar del día en que en medio de una fuerte lluvia vieron cómo flotaban un par de cajones del cementerio privado Campo Dorado. Esa es, tal vez, la imagen más alucinada de lo que les pasó a los vecinos de ese predio, pero no la única. Porque todo es extraño en esa historia que empezó cuando años atrás se presentó un hombre como apoderado del emprendimiento para convencerlos de apoyar la creación del cementerio y ese mismo hombre terminó siendo secretario de Hacienda del municipio. Pese a la oposición de los habitantes, el cementerio se hizo, nunca tuvo la habilitación en regla, pero jamás fue clausurado y hoy cada vez que el barrio se inunda los vecinos sienten que esas aguas les acercan la muerte hasta el umbral de sus casas. Por eso un grupo de abogados acaba de presentar un recurso de amparo ambiental reclamando que lo cierren. Argumentan que las obras realizadas provocan inundaciones que “derivan en la propagación por toda la zona de residuos cadavéricos”.
Angélica Otero y su marido Ernesto Bernal viven frente al cementerio ubicado en Aramburu y Martín Rodríguez. Dicen que las primeras noticias las tuvieron en 1992, cuando Carlos Coloma se presentó a la Sociedad de Fomento como apoderado de la empresa Campo Dorado SA para plantear la creación de un cementerio en un predio que incluiría un jardín de infantes, un polideportivo, asfalto e iluminación. “Convocamos a los vecinos y lo discutimos –cuenta Angélica–. Se votó por el no. Y entonces se formó la comisión ‘No al cementerio privado’.”
El motivo de la negativa, dicen ellos, es que habían comprado sus terrenos en una zona residencial. “Nosotros no elegimos vivir frente a un cementerio: ellos lo pusieron ahí cuando ya habíamos comprado nuestras casas.” Decidieron entonces escribir cartas a todos los concejales y entidades municipales. “Nos decían que no había ningún proyecto –explica Bernal–, pensamos que el asunto se había muerto.”
Pero, valga la paradoja, el cementerio estaba vivito y coleando. En 1996 se enteraron de que el Concejo Deliberante estaba a punto de votar una ordenanza que regulaba la instalación de cementerios privados en el partido de Quilmes, ordenanza que según ellos estaba hecha a medida de esta empresa. Ese día fueron todos los vecinos al concejo. “No leyeron el orden del día –cuenta Bernal–, sino que hablaban en clave, con números. Dijeron un número, levantaron la mano y quedó aprobado. Después hubo un escándalo, huevazos y tuvieron que salir corriendo.”
Claro que los rumores también corrieron. Días después, explica Otero, el diputado Angel Abasto, del PJ, dijo en un programa de radio que “se habría pagado una coima de 250.000 dólares por la aprobación de la ordenanza. Una fiscal lo citó a declarar, pero no se presentó”.
Para el año 2000, el cementerio ya estaba funcionando, el mismo año en que asumía al frente del municipio Fernando Geronés, de la UCR, cuya gestión terminó en 2003 en medio de acusaciones por defraudación a la administración pública. Su secretario de Hacienda resultó ser nada menos que Carlos Coloma, el contador que se había presentado como apoderado de Campo Dorado. Con amigos así, quién iba a fijarse en trámites: el cementerio sólo tuvo una habilitación provisoria, que fue renovada y al fin venció. La definitiva no la consiguió nunca porque no realizó las obras exigidas por la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas, pero no por eso lo cerraron. Aún hoy, cuando el municipio está encabezado por Sergio Villordo (PJ), el cementerio funciona sin habilitación. El nuevo gobierno admite que es uno de los problemas difíciles que recibieron, pero con la “población” que se ha ido acumulando en los últimos años cualquier determinación requiere manos de seda (ver nota aparte).
Denuncias, intimaciones nunca acatadas y otros antecedentes fueron ahora tomados por la Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes, representada por los abogados Alejandra Butti, Osvaldo Sidoli y Pablo Fernández, para presentar un recurso de amparo ambiental. Allí sostienen que, además de no tener habilitación definitiva, ni haber realizado el estudio de impacto ambiental obligatorio, el cementerio “altera el medio ambiente, al provocar inundaciones que derivan en la propagación por toda la zona de residuos cadavéricos”.
La Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas intimó en varias ocasiones a Campo Dorado a remover obras realizadas que obstaculizaban los desagües, sin mayor éxito. La Fiscalía de Estado estableció que es una obra clandestina que afecta el sistema hídrico.
Pero allí sigue el cementerio. Según Angélica Otero, cada vez que llueve más de 36 milímetros, el predio se inunda y las aguas van hacia las casas de los vecinos. “La realización del cerco perimetral –se afirma en el recurso de amparo– implicó el cierre arbitrario de calles y la obstrucción de desagües, lo que derivó en inundaciones frecuentes, arrastrando líquido que provenía de las tierras del cementerio.”
El episodio de los cajones flotantes sucedió una vez. Los vecinos lo vieron, alucinados, y salieron con sus cámaras fotográficas. “Uno de los cajones se destapó –cuenta Angélica– y se vio el cuerpo. Entonces la gente del cementerio se lo llevó, creo que ni pudieron avisarle a la familia. Después ya no flotaron los féretros, pero igual el agua nos llega.”