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“No tengo ningún dato que me indique que estamos cerca de un ajuste de sueldos.” Con esa frase, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, desinfló las expectativas sobre un inminente anuncio de incrementos salariales. El Gobierno tal vez haya evaluado que la desmentida fue demasiado categórica, porque unas horas después volvió sobre sus pasos. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, adelantó que “seguramente la próxima semana habrá algunas referencias sobre el tema”. Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a Página/12 que Néstor Kirchner se reunirá la semana que viene, posiblemente el martes, con Alberto Fernández, Roberto Lavagna y Tomada para decidir qué hacer. La idea predominante hasta anoche era la convocatoria al Consejo del Empleo y el Salario Mínimo, descartando la alternativa del decreto.
Lo único seguro es que el Poder Ejecutivo promoverá una recomposición de haberes. Más allá de esa definición, las versiones sobre la forma que adoptará se multiplican. La suba del salario mínimo de 350 a 400 pesos y la incorporación a los sueldos de los trabajadores del sector privado de los 50 pesos actualmente no remunerativos es muy probable. El Gobierno empujará por esas medidas. Hay más dudas sobre si habrá otros 50 pesos para los asalariados del sector privado. Y, si los hubiera, si se integrarán o no a los sueldos. Lavagna resiste esta opción. Su recomendación es impulsar negociaciones sector por sector entre empresarios y sindicatos. El titular de Hacienda afirma que la realidad de cada rubro es distinta y que no es conveniente imponer lo mismo a todos.
El problema es que la fuerza de negociación de los trabajadores en un contexto de tan alto desempleo es escasa. Y si todo queda sólo en la incorporación al salario de los 50 pesos no remunerativos, al final habría una baja en los sueldos de bolsillo por los descuentos jubilatorios y a la seguridad social.
Las incógnitas no cambian demasiado con respecto a los sueldos de los empleados públicos. El problema, en este caso, es político. Hace un par de meses, Kirchner prácticamente le prometió a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), sindicato aliado al Gobierno, que en septiembre habría otros 100 pesos para los empleados con sueldos inferiores a 1000, adicionales a los 150 ya concedidos. En las arcas del Estado hay fondos suficientes como para otorgar el aumento, ya que la evolución de la recaudación fue incluso mejor a la prevista. El punto es que varias provincias no están en la misma situación, empezando por Buenos Aires y Córdoba. La presión de los gobernadores contra la suba es importante. Para Kirchner, además, avanzar a pesar de esa oposición le traería un nuevo conflicto con buena parte del PJ, en momentos en que eligió bajar los decibeles de esa pelea.
El ministro de Trabajo bonaerense, Roberto Moullerón, fue claro ayer en su mensaje al Ejecutivo nacional. “Estas cuestiones hay que consensuarlas”, reclamó. “No decimos que no sea justo, pero antes de hacer nada hay que consultar a las provincias, porque cuando (los incrementos) no están calculados en los presupuestos se generan problemas, como ya ocurrió”, advirtió.
El Gobierno, entonces, quedó en medio de reclamos cruzados, con los gremios estatales de un lado y los gobernadores del otro. Para más complicaciones, algunos en la CGT analizan vetar la invitación de Kirch-ner a la CTA para sumarse al Consejo del Empleo y el Salario Mínimo. En la sede de la calle Azopardo cayó como una bomba el reconocimiento presidencial a la otra central sindical, que allí ningunean. La ley argentina, afirman, ordena que los consejeros que participen en las negociaciones salariales deben ser de la central sindical con personería gremial. “Es la central sindical con personería gremial”, insisten, remarcando el singular y la cuestión jurídica. Los más enojados amagan con recurrir a la Justicia para impugnar a la CTA.
El diputado Claudio Lozano, que forma parte de la CTA, cuestionó a su vez que el Gobierno concentre la política de ingresos en los incrementos salariales al sector formal. “Sólo el 33 por ciento de la fuerza de trabajo del país está en blanco: 19 por ciento en el sector privado y 14 en el público. El resto transita entre la informalidad, el cuentapropismo y el desempleo. Mejorar los sueldos no alcanza, porque el 70 por ciento de la población no percibirá ninguna mejora”, explicó. De acuerdo con su interpretación, el Gobierno debería avanzar con una batería de medidas para mejorar los ingresos. Entre ellas, una asignación universal por hijo, otro subsidio para los mayores de 65 años sin jubilación, desarrollar un sistema integrado de salud y establecer la tarifa social para los servicios públicos. De ese modo, concluyó, se mejorarían las condiciones generales y los trabajadores del sector privado tendrían fuerza para negociar sus propios aumentos.