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En el secundario del Instituto Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, no hubo clases los primeros cuatro días de esta semana. Los chicos se declararon en estado de asamblea en rechazo a la decisión de la Secretaría de Educación porteña de cambiar los directivos del establecimiento.
Quienes ganaron los concursos para ser director y vice del colegio lo hicieron en buena ley. Y no hay duda de que el mecanismo del concurso de oposición y antecedentes que establece el Estatuto del Docente para cubrir las vacantes del sistema educativo es el más democrático y el que mejor garantiza que accedan a los cargos aquellos que mejor calificados están para ocuparlos.
Hizo bien Aníbal Ibarra cuando eligió la vía de los concursos para normalizar la situación de muchas escuelas que desde hace años tenían en su conducción a docentes nombrados en forma interina. Fue correcta también su decisión de vetar la ley que impulsó el macrismo para titularizarlos.
Aun cuando eso está fuera de discusión, en el Lenguas Vivas se planteó un conflicto: los chicos pedían que el recambio de autoridades no se hiciera ahora, sino antes del comienzo del próximo ciclo lectivo, como al fin y al cabo establece también el Estatuto del Docente. Cierto es que se cruzaron intereses personales e institucionales y muchos –padres y docentes, sobre todo– pretendían esa prórroga para tratar de imponer una vieja y reiterada demanda del instituto: el reconocimiento del Reglamento Orgánico Interno por el que se rigió el establecimiento hasta 1994, cuando fue transferido de la Nación a la ciudad, y que determina que los directivos del nivel medio deben ser profesores de inglés o francés.
En vista de ese antecedente, la Secretaría de Educación debería haber hecho un trabajo previo para evitar el conflicto. No lo hizo y cuando el problema estalló, lo resolvió de la peor forma posible.
Lo que menos se espera de un gobierno que priorizó la educación en medio de la crisis es que imponga la razón por la fuerza que confiere el poder y eso fue lo que ocurrió: después de haber propuesto ante padres y alumnos abrir un compás de 24 horas para seguir buscando una solución al conflicto, la directora de Enseñanza Superior porteña, Graciela Morgade, se encerró en la rectoría del colegio y puso en funciones a la nueva vicedirectora.
Los chicos perdieron cuatro días de clase, pero fuera de las aulas aprendieron algo: que es digno pelear por aquello que se considera justo y que es mejor aún hacerlo de manera colectiva. La pregunta es qué enseñanza les deja la actitud de una funcionaria que asume un compromiso y menos de una hora después lo traiciona encerrada entre cuatro paredes.