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El futuro del gas licuado del petróleo, combustible que consumen más de 4 millones de hogares argentinos, está sujeto a la suerte que corran algunos de los dos proyectos justicialistas con miras a regular la actividad que se discuten en el Congreso. El del Senado, más afín a las aspiraciones de la Secretaría de Energía, que casi mantiene el statu quo sobre la situación actual del mercado. Y el de Diputados, que promete reducir el valor de la garrafa de los 24 pesos actuales a sólo 15 y limitar la participación de los productores en el negocio, algo que haría especial mella en Repsol, líder de un mercado concentrado.
Una y otra iniciativa aspiran a cumplir un cometido que está pendiente desde hace doce años, desde cuando todos los intentos para sancionar un marco que regule la producción, fraccionamiento y distribución del combustible que usan preferentemente los sectores de menores ingresos abortaron irremediablemente, dejando inalteradas las condiciones de la actividad.
Con el objetivo confeso de solucionar los problemas de “escasa transparencia” en la fijación de un precio “abusivo” y remediar “los problemas de control y seguridad”, los diputados justicialistas Blanca Osuna y Jesús Blanco redactaron un texto que consiguió hasta ahora el aval de las comisiones de Energía y Defensa del Consumidor y espera en quince días un pronunciamiento de Presupuesto y Hacienda. De obtener este respaldo, podría llegar al recinto una propuesta poco simpática para Planificación, por lo que los subordinados del ministro Julio De Vido consideran como un intervencionismo estatal excesivo e inconveniente.
La propuesta prevé un nuevo método regulado de fijación del precio a granel del combustible, por el cual este valor podría reducirse de los casi 800 pesos la tonelada a alrededor de 450 pesos. En ese complejo mecanismo también tallarían las retenciones, que Osuna y Blanco proponen elevar al mismo nivel que las mínimas que rigen para el crudo: 45 por ciento.
La propuesta de Diputados le confiere además al fraccionamiento y distribución del gas licuado el carácter de “servicio público”, lo que reforzaría el control que sobre la actividad ejercen tanto el Estado como los consumidores. Por otra parte, impide que un productor pueda tener más del 15 por ciento de la comercialización de envases para uso domiciliario, restricción que podría afectar fuertemente a Repsol, responsable de más de la mitad de la producción y más del 25 por ciento del fraccionamiento.
En sus visitas a la Cámara para debatir la iniciativa, el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, se mostraron en desacuerdo con varias de estas ideas, aunque aceptaron la de reducir el IVA al 10,5 por ciento. En esas sucesivas visitas protagonizaron contrapuntos con los legisladores Miguel Bona-
sso, Alicia Castro y Juan Carlos Gioja, ejemplo de un espectro multipartidario de apoyo al proyecto.
En cambio, el proyecto que redactó el senador santacruceño Nicolás Fernández sólo plantea retoques menores respecto de las pautas actuales de organización del negocio, de consecuencias poco deseables para los consumidores. El GLP, reconocido como el combustible de los pobres, es paradójicamente más caro que el gas de redes, al punto que un usuario de garrafa que demande la misma cantidad que el otro debe desembolsar 2000 pesos anuales contra 300. Otra cara de este fenómeno es el hecho de que el producto cuesta prácticamente lo mismo que en Estados Unidos, país netamente importador, cuando el grueso de la producción argentina se exporta.