[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La Corte de Apelaciones de Nueva York dejó en suspenso una definición sobre el embargo de los bonos argentinos. Luego de una audiencia caliente, en la que expusieron los abogados contratados por el Gobierno y los representantes del fondo buitre NML Capital, los jueces neoyorquinos decidieron pasar a un cuarto intermedio. No se fijó fecha para una nueva reunión, lo que en la práctica se tradujo como una nueva postergación del cierre del canje de la deuda. “Esperemos que sea rápido”, dijo una fuente del Palacio de Hacienda a Página/12, con la esperanza de que haya una resolución la próxima semana. En Economía creen que las chances de ganar la pulseada siguen intactas. Roberto Lavagna dijo que la decisión de la Corte “estaba prevista”.
La presencia en la audiencia de Leonardo Madcur, estrecho colaborador de Lavagna, quien viajó especialmente para la ocasión, da una idea de la relevancia que el Gobierno le otorga a la pelea judicial con los fondos buitre. Esa preocupación quedó demostrada en la exposición de los letrados que defienden los intereses argentinos. Jonathan Blackman, uno de los abogados, advirtió que si los jueces les dan la razón a esos inversores harían caer el canje. “Tendrían que embargar bonos por 28.000 millones de dólares, casi la mitad de lo que entró a la operación”, dijo.
La advertencia fue expresada luego de que se detectara que los fondos buitre hicieron causa común reclamando nuevos embargos. Al NML Capital, de la familia de fondos Elliot, se sumó el EM de Kenneth Dart y otros con menores tenencias de papeles argentinos. Los abogados de Elliot y de Dart actuaron ayer en sociedad durante la audiencia.
Antes de atender el caso de la deuda argentina, los jueces de la Corte analizaron otros cinco asuntos. El más llamativo correspondió a una denuncia por un asesinato mafioso contra una familia de origen italiano. En ninguno de los juicios hubo definición. Durante una conferencia de prensa, Lavagna contó que la decisión del tribunal será, como suele suceder, por escrito. Además, adelantó que, de darse un fallo en contra de la Argentina, “no está prevista una apelación” ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Para reforzar su estrategia, los abogados que representan a la Argentina presentaron informes preparados por inversores que adhirieron al canje. Fijaron su postura los fondos de inversión Clearing House y Fintech y un tercero elaborado por las AFJP. En ellos se hizo hincapié en que la operación corría serio peligro si se atendía a las demandas de los fondos buitre.
Durante los 45 minutos que duró la audiencia hubo tiempo para que expusieran las dos partes. Los jueces interrumpieron con preguntas a los abogados, sin dejar entrever cuál sería su decisión final en el juicio. Los asistentes que colmaron la gran sala de la Corte seguían los detalles del caso por el circuito cerrado de televisión. Los acreedores arremetieron con un argumento que no habían utilizado en la primera instancia y que ahora les sirvió para intentar bloquear la posición de la Argentina: que el Gobierno suspendió el canje para presionar a los jueces, ya que el embargo es sobre 7000 millones de dólares, una porción minoritaria sobre el total de la operación. “El Gobierno podría llevar adelante la transacción con los restantes 55.000 millones. No pueden alegar que se frustraría su propósito de hacer una fuerte quita de la deuda”, razonó el representante de los fondos buitre. “La suspensión del canje es sólo una amenaza”, añadió.
La defensa preparada por el estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton volvió sobre dos puntos ya presentados ante Thomas Griesa: que los bonos embargados (títulos en default) no son activos de la república sino de los acreedores y que, si se siguiera con el canje, la Argentina corre el riesgo de terminar duplicando una porción de su deuda. Los abogados también fueron terminantes al advertir sobre la posibilidad de dar por caído el canje en caso de obtener un fallo contrario. A pesar de que algunos observadores se sorprendieron por la dureza de las preguntas de los jueces a la parte argentina –que contrastó con la actitud de Griesa en la última audiencia–, en los bancos y fondos de Wall Street que enviaron a su gente para seguir el caso de cerca creen que habrá un fallo a favor de la Argentina. Y que entonces el Gobierno podrá dar por terminada la reestructuración de la deuda.