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El vocero del Fondo Monetario Internacional, Thomas Dawson, y el ministro de Economía, Roberto Lavagna, confirmaron que Argentina no pagará los vencimientos no obligatorios con el organismo, lo que permitirá un alivio del panorama financiero, pero no evitará la necesidad de seguir colocando deuda en el mercado doméstico. La noticia había trascendido el miércoles y era descontada por los analistas privados.
Durante 2005 el país debía afrontar vencimientos con el FMI por casi 5200 millones de dólares. De este total, alrededor de 1900 millones son los pagos denominados “base expectativas”, cuya característica es que pueden ser prorrogados automáticamente por un año sin necesidad de que exista un nuevo acuerdo. La desventaja de esta prórroga es que los vencimientos se convierten en obligaciones al año siguiente. Un dato adicional es que, si bien se supone que la prórroga es automática, el hecho de que el FMI considere que la Argentina sigue en default –por no arreglar con quienes rechazaron el canje, los holdouts– implica que la postergación deberá ser aprobada por el directorio del Fondo. Así lo recordó ayer Dawson, aunque en Economía descartan que la aprobación será sólo un trámite.
Hasta ahora, la decisión de Economía fue pagar puntualmente todos los vencimientos, incluyendo los prorrogables. En lo que va del año, por estos pagos se desembolsaron unos 400 millones de dólares, con lo que restaban hasta fin de año cerca de 1500 millones adicionales, los que ahora se correrán a 2006.
Para Lavagna, quien ayer concedió un reportaje a la agencia de noticias estatal, todo marcha de acuerdo con lo escrito y previsto. El marco de las negociaciones que lleva adelante en Washington el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, se basa en “el artículo IV del escenario macroeconómico”, declaró, donde “se habla de un eventual diferimiento de los pagos”.
Consultado por el resto de la negociación con el FMI, afirmó que “todas las cuestiones macroeconómicas son objeto de discusión”. No obstante, existen algunos puntos que no serían negociables. “La posición argentina en la mayoría de los temas es conocida y nos atenemos a ella”, dijo. En particular, siguiendo con el estilo de lo escrito y previsto, aclaró que “la cláusula 8 del acuerdo que está vigente y suspendido supedita el superávit fiscal al crecimiento de la economía, del empleo y la disminución de la pobreza”. De esta manera, negó la posibilidad de que dicho superávit se elevara del 3 al 4,5 por ciento del producto.
Vale comparar los 400 millones de dólares renovables pagados en lo que va del año con los 1000 millones de pesos colocados recientemente en el mercado doméstico a tasas de al menos el 15 por ciento anual. Sin dudas se trató de una opción bastante más onerosa para el fisco. En el Ministerio de Economía justifican la decisión bajo el argumento de que durante el canje no era bueno hacer ruido en la relación con el FMI. También consideran positivo el dato de haber conseguido financiación en el mercado doméstico a una “tasa real” (descontada la inflación) del 6,51 por ciento. La base de esta segunda argumentación es que era más fácil negociar con el organismo “con los bolsillo llenos”. En cualquier caso, tras la reestructuración, e incluso suponiendo una refinanciación total con los organismos, la Argentina parece haber recomenzado un nuevo capítulo de tomar nueva deuda para pagar los vencimientos de la vieja. Y, una vez más, quienes están dispuestos a prestarle al Gobierno son los bancos y las AFJP, una situación que introducirá distorsiones en el mercado financiero privado doméstico, ya que teniendo al Estado como cliente, los bancos no se preocuparán en prestarles a los privados a tasas competitivas.
En su último informe semanal, el Banco Galicia sostuvo que para cumplir con el programa financiero deberán colocarse en el mercado voluntario cerca de 3800 millones de pesos más. Está claro que en este contexto, discutir un acuerdo con los holdouts, que demandaría aun más pagos, parece impensable. Pero para los organismos siempre es posible un paso más, porejemplo, aumentando el superávit fiscal, alternativa poco viable en un año electoral.