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El Ciadi es un tribunal internacional que no es ecuánime ni legítimo para la resolución de múltiples demandas planteadas por multinacionales contra la Argentina. Depende del Banco Mundial, organismo que actúa en varios de esos casos de acreedor, accionista y juez, como en el pleito impulsado por Aguas Argentinas. El asesor jurídico principal del Banco Mundial es, a la vez, el secretario general del Ciadi. El más mínimo sentido común indicaría que un país debería cuestionar, denunciar y finalmente desconocer los fallos de un tribunal a todas luces parcial. Y eso es lo que promete hacer el Gobierno. Sostiene que remitirá fallos adversos a revisión de la Corte Suprema como gesto de rebeldía a ese tribunal arbitral. Esta audacia en un contexto internacional de pocos amigos con la Argentina en sus batallas (canje y privatizadas), sin embargo, no tendría efectos prácticos. La revisión de la Corte aparece como un elemento de presión antes que de resolución del conflicto porque si, ante fallos negativos como el de CMS, la Argentina decide no pagar, lo más probable es que el Estado del país de la empresa litigante (Estados Unidos) inicie un reclamo diplomático. Por lo pronto, Randal Quarles, subsecretario interino para asuntos internacionales del Tesoro de Estados Unidos, ya advirtió la semana pasada en una entrevista a la agencia Reuters que espera que “esos derechos fueran honrados”.
La clave para enfrentar los juicios del Ciadi, además de revelar ese mecanismo de dominación de los poderosos, hay que buscarla en el camino que arrojó al país a esa trampa. Y el pecado original ha sido la firma irresponsable de Tratados Bilaterales de las Inversiones Extranjeras (TBI) durante los noventa, ratificados luego por el Congreso de la Nación. Esos tratados brindaron al inversor extranjero privilegios que excedieron la pretendida igualdad de derechos con el inversor nacional: pasaron a tener beneficios mayores. Por ejemplo, a través de TBI adquirieron el derecho de dirimir controversias en el Ciadi. O sea, la Argentina aceptó por ley la cesión de competencia y jurisdicción nacional. Así desconocer un fallo no tiene efectos jurídicos en el plano internacional, porque los tratados firmados por la Argentina prorrogaron la jurisdicción nacional a favor del Ciadi y la convención de ese organismo dice que las sentencias tienen valor de cosa juzgada y fuerza ejecutoria. La estrategia para enfrentar al Ciadi no es completa, entonces, si no se denuncian esos TBI, que el canciller Rafael Bielsa va renovando a medida que van venciendo. Tiene mucho valor desnudar la trampa del Ciadi. Resulta una ineficiencia intolerable caer otra vez en el pecado original.