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Los estudios jurídicos y contables que han hecho de la creación de empresas offshore el leit motiv de su negocio parecen haber encontrado la forma de preservarse de los controles y prohibiciones impuestos por la Inspección General de Justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Es más: no han dejado de ofrecer sus servicios en la misma capital para todo aquel que tenga la poco sana intención de ocultar su patrimonio o lavar dinero. Incluso, mediante avisos como el que suele publicar uno de los llamados diarios especializados en economía, tarifando el costo de abrir una empresa fantasma en el exterior. “Sociedades uruguayas u$s 570 -Sociedades panameñas u$s 950”, se consigna en la publicidad, que también ofrece un teléfono y una dirección de Internet de quienes se identifican como “Contadores del Uruguay”. Ni el desprestigio y las restricciones a las que fueron sometidas estas empresas luego de la tragedia de República Cromañón impidieron que estos estudios siguieran actuando “como si nada hubiera pasado”.
Un equipo de investigación de Huella Digital, programa periodístico de Canal 7, que difundirá esta noche los resultados de su trabajo, se contactó con uno de estos estudios que ofrecía sus servicios desde Montevideo, simulando ser un interesado en poner en manos de una “empresa fantasma” sus bienes. El supuesto interesado consultó a quien se identificó como el contador Milton Grostein, sobre conveniencias, precios y manera de ocultar patrimonio antes de iniciar los trámites formales de divorcio, para no tener que dividir los bienes conyugales. Grostein no sólo le recomendó una SAFI –sociedad anónima financiera e inversora–, como denominó genéricamente a las offshore, sino que además le aclaró que “si el trámite es muy urgente, en unos días va a pasar el escribano por Buenos Aires” y podrían arreglar un encuentro en un lugar a definir, ya que el estudio no tenía oficinas en esta ciudad “para mayor seguridad de los clientes”.
Extendiendo el asesoramiento, Grostein recomendó armar dos sociedades fantasma si eran más de tres inmuebles. Y le acercó un listado de “sociedades a la venta”, ya constituidas y con fecha de inicio de actividades entre octubre de 2003 y marzo de 2005. Al modo de la planilla de una inmobiliaria, el contador uruguayo envió vía mail la oferta disponible, con 26 denominaciones de fantasía y el siguien-
te detalle, como ejemplo:
u Shelly Trust, 25/11/2003 (fecha inicio), Situación actual: A la venta. Reservada.
u Inversora Bonasol, 03/11/2003, A la venta.
u Inversora Santa Fe, 15/01/2005, A la venta. Señada, etcétera.
Desde la asunción de Ricardo Nissen al frente de la Inspección General de Justicia, en 2003, se promovieron varias medidas para restringir a estas sociedades fantasma. Pero cuando se supo que República Cromañón estaba a nombre de una empresa uruguaya de fantasía, Nissen aprovechó para dar su última estocada: prohibir la inscripción en el Registro Público de Comercio de nuevas offshore en la Ciudad de Buenos Aires.
La IGJ sólo tiene jurisdicción en Capital Federal, distrito que alberga 15 mil inmuebles a nombre de sociedades offshore. Con la vigencia de las nuevas normas, estas sociedades están obligadas a demostrar una actividad comercial en su país de origen o regularizar su situación convirtiéndose en empresa nacional. Desde marzo se han regularizado cuatro empresas por día. Sin embargo, la oferta para armar nuevas offshore que absorban bienes patrimoniales porteños no se detiene. Incluso, a través de la alternativa de inscribir la sociedad fantasma en otras jurisdicciones. Una provincia que convoca el interés de los armadores de offshore es la provincia de Neuquén, lugar elegido seguramente pensando en la fuerte inclinación de su gobernador, Jorge Sobisch, en favor del capital privado, sin preguntar origen ni propósito.