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El aumento de los precios del petróleo provoca el constante aumento de la renta petrolera, pero al mismo tiempo el Estado se apropia de una proporción cada vez menor. A pesar de las retenciones a las exportaciones, la participación del sector público sobre la renta generada en su territorio por la extracción del recurso natural no renovable continuó reduciéndose desde el 44,6 por ciento obtenido en 2001, al 36 por ciento en 2004; una caída de 8,6 puntos porcentuales en sólo tres años. Como resultado de esta disminución, en 2004 la Argentina fue el Estado de América latina que se apropió de la menor proporción de esta renta, 30 puntos porcentuales debajo de países como Ecuador y Venezuela. Las empresas, en tanto, se beneficiaron por tres vías: los aumentos de precios, la disminución de costos de producción y la menor participación del Estado. La información refuta los argumentos empresarios de caída de inversión por una supuesta falta de rentabilidad.
Los números referidos fueron presentados en bruto como anexo del informe 2005 sobre Comercio y Desarrollo de la Unctad, la división de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Página/12 accedió también al trabajo de consultoría local utilizado como insumo para el de la ONU. De la información estadística surge que mientras entre 1999 y 2004 la renta petrolera argentina se multiplicó por 3, producto del aumento de precios de los hidrocarburos en un contexto de caída del 13,7 por ciento de la producción local, las regalías percibidas por las provincias crecieron por debajo del 68 por ciento. Si bien la renta total captada por el Estado pasó en el período de 984 millones de dólares a 2568, el grueso provino del impuesto a las Ganancias empresarias, 1217 millones de dólares en 2004, y de las retenciones que se cobran desde 2002, que el último año sumaron 508 millones. Las regalías, en tanto, pasaron de 503 millones en 1999 a 843 en 2004.
Por “renta petrolera” se entiende la diferencia entre el costo de producción local, incluida una ganancia “razonable” del 12 por ciento anual sobre el capital invertido, y el precio internacional. Así, sobre la base de los balances de la española Repsol-YPF, el trabajo de Unctad determinó el costo de producción del barril, que pasó de 7,9 dólares entre 1999 y 2001, a 6,1 dólares con posterioridad a la devaluación. Esto es, el cambio de precios relativos benefició a las empresas con una caída de costos de casi el 30 por ciento, no sólo porque los salarios dejaron de estar en dólares, sino porque buena parte de los instrumentos utilizados para la extracción son de producción nacional.
El costo de producción está definido por la sumatoria de tres componentes, el costo de extracción, el de desarrollo y el de descubrimiento. Según los balances de Repsol-YPF de 2003, el primero fue de 1,72 dólares el barril, el segundo de 2,92 y el tercero de 1,46 dólares. De acuerdo con lo destacado a este diario por el consultor local José Sbatella, en el caso argentino no debería considerarse el costo de descubrimiento, pues se trata de una erogación en la que las empresas privadas no incurrieron. Si se considera esta corrección, “el costo de producción efectivo cae a 6,5 dólares antes de la devaluación y a 4,5 después”. Siguiendo la metodología de la ONU, la renta apropiada por las empresas en el mercado local entre 1999 y 2004 fue de 28.859 millones de dólares, mientras que si se excluye la contabilización del controvertido “costo de descubrimiento” la cifra se eleva a 31.354 millones.
Existe un factor adicional de renta; hasta 2002 los precios internos resultaron superiores a los de exportación (FOB), lo que ajustaría la renta en 336 millones de dólares adicionales. El consultor local destacó que merced a “la existencia de monopolio en la oferta y una demanda cautiva” el mercado interno constituyó así una fuente adicional de renta.
Una segunda dimensión del reporte de la Unctad, uno de los pocos organismos internacionales no ortodoxos, se centró en los problemas que las señales de los altos precios de las materias primas, como el petróleo, pueden enviar a los países en desarrollo. “Existe el riesgo de que la recuperación reciente de los mercados de productos básicos pueda provocar un alejamiento de las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, de los principales sectores manufactureros de los países exportadores de productos básicos en favor de las industrias extractivas”, advirtió. También señaló la importancia “del reparto de los ingresos fiscales recaudados sobre las exportaciones de las industrias extractivas, que ha sido siempre un elemento fundamental de toda estrategia de desarrollo”. En contraposición, la reducción de la porción de la renta de las actividades extractivas de la que se apropia el Estado, parece ir en sentido contrario al aprovechamiento de la fase positiva del ciclo.