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De acuerdo con la Ley 992/02, de la ciudad de Buenos Aires, los recuperadores urbanos debieron haber sido integrados a la recolección diferenciada que rige con el nuevo pliego de higiene urbana desde principios de este año. Sin embargo, su incorporación quedó relegada a la inscripción en un registro.
Desde el año pasado, distintas intervenciones judiciales procuran que el Gobierno respete y haga cumplir sus deberes constituciones, los acuerdos internacionales y las legislaciones locales acerca de la prevención y erradicación del trabajo infantil, tanto como el fomento de acciones tendientes a facilitar la reinserción escolar de los hijos de los cartoneros.
Más allá de lo loable de estas actuaciones o de la polémica que pudieran generar por inmiscuirse en facultades propias de los poderes Ejecutivo y Legislativo, parecieran ser los hijos de los cartoneros registrados los únicos casos donde el Estado incumple sus obligaciones respectivas. Los beneficios de la infancia y las obligaciones del Estado tienen carácter universal y no exclusivo para una minoría registrada. ¿O acaso alguien supone que los únicos menores que trabajan son los hijos de los cartoneros registrados? Los menores realizaban sus actividades laborales en forma previa al registro de sus padres y nadie espera estar registrado para ejercer la actividad. El incumplimiento de las obligaciones de Estado que se denuncian se evidencia en tanto exista trabajo infantil, no sólo de hijos de padres cartoneros y registrados.
Además, estas medidas no hacen más que acentuar el carácter registrador del Programa de Recuperadores Urbanos, a pesar de haber sido concebido como uno de los pocos instrumentos existentes de integración económicosocial a través de formalizar una actividad históricamente marginal.
Lamentablemente, hasta ahora la Justicia no avanzó sobre aspectos sustanciales vinculados al cumplimiento de la Ley 992: la incorporación de los recuperadores al servicio de recolección diferenciada. Al omitir el tratamiento de esta verdadera “cuestión de fondo” y permitir la continuidad de la actividad en sus actuales condiciones de informalidad, se perpetúan las razones principales que originan y favorecen el trabajo infantil.
Es la pobreza que se origina en situaciones de desempleo, informalidad y mala remuneración el principal factor que empuja a las familias a incorporar a los niños al trabajo. Por lo tanto, sólo modificando dichas situaciones será posible evitar el trabajo de los niños. Cuando el juez ordena al Gobierno otorgar un subsidio mensual de 205 pesos por cada hijo menor de 17 años que tuvieran los cartoneros inscriptos en el registro no contribuye a evitar al trabajo infantil. En cambio, obligar al Estado a cumplir la ley que incorpora a los recuperadores al servicio de higiene pública hubiera significado no sólo la demostración de una verdadera preocupación por evitar el trabajo de los menores, sino una real actuación por atacar sus causas.

* Antropólogo. Docente e investigador de la Universidad Nacional de Lanús.