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El Gobierno está a punto de conseguir una vez más la aprobación de un acuerdo con una privatizada de una manera muy particular: sin que el Congreso se expida al respecto. Se trata del acta transitoria de renegociación de contrato con la transportadora eléctrica Transener. El domingo vence el plazo para que los legisladores convaliden o rechacen el entendimiento entre el Poder Ejecutivo y la empresa, pero como en la sesión de ayer en la Cámara de Diputados no hubo quórum y ya no hay más tiempo para otra sesión esta semana, el convenio quedará avalado de hecho.
La aprobación tácita o ficta fue establecida en la ley que habilita al Gobierno a renegociar los contratos con las privatizadas. Esa norma le dio un máximo de 60 días al Congreso para que dictamine sobre esos acuerdos, pero pasado ese tiempo queda firme lo pactado por el Ejecutivo. Así ocurrirá con Transener, al igual que antes pasó con las autopistas del Oeste y Norte, la distribuidora eléctrica Distrocuyo y las terminales portuarias. Hasta el momento, el único convenio con una operadora de servicios públicos que tuvo un apoyo explícito del Parlamento fue el de Edelap.
La oposición había pedido para ayer una sesión especial en el Congreso a fin de evitar que el acuerdo con Transener tuviera una aprobación ficta. Sin embargo, el oficialismo no dio quórum. En los hechos, esa actitud bloqueó la posibilidad de una votación, que si se hubiera dado, no hubiese sido nada sencilla para las aspiraciones del Gobierno. Pero los diputados kirchneristas se libraron del costo político de sancionar un acuerdo que recibió muchas críticas.
El Gobierno autoriza a Transener a aumentar las tarifas un 31 por ciento de manera retroactiva al 1º de junio. Además, acepta un recálculo automático de las tarifas si la empresa puede demostrar un incremento de sus costos del 5 por ciento. Todo esto es parte del acta transitoria, pero el mismo convenio establece una revisión integral de las tarifas con nuevas subas a partir del 1º de febrero de 2006. Otro aspecto muy criticado por la oposición es que el convenio dispone una refinanciación de las multas por fallas en la prestación del servicio. La empresa podrá pagarlas en seis cuotas semestrales a partir de agosto de 2006.
Los legisladores que estuvieron ayer en el recinto y sesionaron en minoría advirtieron, por otra parte, que Transener se encuentra en una situación financiera muy delicada, que obligaría a repensar su continuidad al frente del servicio. Así lo dijo la diputada María América González (ARI). El socialista Héctor Polino, por su parte, criticó duramente el hecho de que se preserve el derecho de los accionistas minoritarios a continuar con sus reclamos ante el Ciadi, mientras que a los accionistas mayoritarios sólo se les pide suspender y no renunciar a sus demandas ante ese tribunal. El diputado también indicó que la aprobación ficta “es inconstitucional”, puesto que viola el artículo 82 que prohíbe expresamente la sanción tácita. El ARI presentará una acción de amparo para bloquear el convenio por esa misma razón.