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El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, asociaciones de consumidores, el ombudsman nacional y hasta la oportuna visitante francesa Danielle Mitterrand, ex primera dama, aludieron a la idea de que el servicio de agua potable y cloacas sea prestado a través de una empresa mixta, en caso de que se formalice la rescisión del contrato con Aguas Argentinas. Esta fórmula –planteada ahora como eventual sustituta del modelo de licitación actual– no es totalmente novedosa en este contexto de conflicto. Por el contrario, durante la abortada renegociación contractual ya se habían esbozado nítidamente dos cuestiones: el Estado no tiene ningún afán de reestatizar el servicio, pero sí asumiría el rol de principal inversor, interviniendo de algún modo la caja de la compañía a cargo de accionistas privados.
“Que traigan las inversiones que corresponden al pueblo”, espetó Néstor Kirchner a los accionistas en retirada. Las circunstancias belicosas parecen haber obligado a dar una nueva vuelta de tuerca sobre aquel esquema ya puesto sobre la mesa. Por eso, empezó a tallar más nítidamente la idea de conseguir un operador privado que sea técnica y políticamente responsable por la operación del servicio, cuya expansión se costearía con los fondos estatales.
“El Estado tiene que asumir en algunos casos el rol de operador y no hay que avergonzarse”, declaró ayer Fernández, empeñado en demostrar que al Gobierno no le asusta una eventual reestatización. Sin embargo, no son ésos los planes oficiales, tal como el propio jefe de gabinete dejó en claro poco después. “Lo que hace falta es buscar un mix (público-privado) donde el Estado actúe con inteligencia, garantizando el mejor servicio.”
En un reciente reportaje concedido a Página/12, el propio Julio De Vido descartó la intención de reprivatizar el servicio tanto como promovió la de buscar un operador privado que pudiera reemplazar a la sociedad adjudicataria actual, si la asamblea de accionistas de mañana finalmente ratifica la decisión de apartarse de la concesión.
El ombudsman de la Nación, Eduardo Mondino, arremetió con un esquema aún más innovador, en el que la potabilización esté confiada a una empresa privada mientras que la distribución se prorratee entre varios municipios. Mitterrand, líder de una fundación promotora de la potabilización del agua, apuntaló esta idea con las declaraciones que formuló ayer, durante su visita a esta capital. “Hay una experiencia muy valiosa que es la municipalización del servicio, que alcanzó una reducción del 50 por ciento de los costos”, alentó, después de opinar que Suez incumplió con sus obligaciones contractuales.
En la abortada renegociación, los técnicos de Aguas y los de la UniRen ya habían arrimado posiciones sobre algunas cuestiones básicas, como la conformación de un fondo fiduciario para el financiamiento de las obras de expansión de la red, uno de los puntos débiles del sistema. Ese pozo estaría básicamente nutrido con aportes del Estado, que luego se cobraría con una porción de la tarifa a aumentar. En alguna medida, esta fórmula era el germen de una empresa mixta, aunque no se haya planteado formalmente en esos términos.
Por qué la situación se tensó al punto de quiebre actual es algo que aún no está demasiado claro. Voceros empresarios sugieren que, a último momento, el propio Néstor Kirchner se habría negado a convalidar un ajuste ya pactado, que permitiría aumentar la tarifa en dos tramos en 2006. O, al menos, que no habría querido convalidar lo acordado por la Unidad de Renegociación antes de las elecciones. Desde el Gobierno se sugiere que fue la propia Aguas la que pretendió un incremento mayor al acordado informalmente, con el propósito de cubrir un reciente ajuste salarial que le insumiría más de 40 millones de pesos por año. Amén de su aspiración de que el crédito BID otorgado a Obras Sanitarias de la Nación –pero heredado y ejecutado por el concesionario privado– fuera repagado íntegramente por el Tesoro.
José Luis Lingeri, figura relevante en todo este proceso de renegociación y representante del programa de propiedad participada en el seno de la privatizada, aclaró ayer que en la reunión de directorio del día lunes se abstuvo de votar la recomendación promovida por Suez de abandonar el contrato. Una decisión que Alberto Fernández calificó de “unilateral”, buscando cerrar las puertas a cualquier reclamo indemnizatorio y abrírselas al Estado para demandar por abandono del servicio.