[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Ayer al mediodía, por segunda vez y durante casi dos horas, la jueza en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta García prestó declaración ante el Consejo de la Magistratura para justificar su participación en la estructura financiera masserista que desapoderó de sus bienes a los empresarios mendocinos Victorio Cerutti, Conrado Gómez y Horacio Palma, secuestrados y asesinados en la ESMA. Emilia Marta García funcionó como accionista de Will-Ri, la sociedad a la que traspasaron las tierras de Chacras de Coria robadas a los detenidos. Familiares y camaristas del fuero asistieron a la audiencia en señal de respaldo a la magistrada, quien lloró y arrancó lágrimas a su auditorio. García aseguró que sus actos y el secreto en el que los mantuvo fueron producto de la coerción y del miedo. Omitió confesar que el ocultamiento también fue una condición necesaria para el desarrollo de su carrera judicial.
La jueza relató que todo comenzó en octubre de 1976, cuando su hermana Graciela García Romero, “la Negrita”, militante montonera, desapareciera y fuera dada por muerta por su familia. Al poco tiempo salieron del error. Sus padres recibieron una llamada que les anunció que “la Negrita” los visitaría esa noche en su domicilio. Graciela García Romero llegó acompañada de un hombre que se presentó como “Santiago”. Mientras ella permanecía en silencio, “Santiago” les comunicó que “la Negrita” formaba parte de un grupo de personas “rescatables”, es decir, resocializables, y su supervivencia estaba garantizada si la familia colaboraba. En el curso de una segunda visita –de acuerdo a la narración de la jueza–, “Santiago” les dijo que otra de las hermanas, estudiante de historia, estaba vinculada a una organización regida por jesuitas y filomontoneros. Que la tranquilidad de ésta y la continuidad de las comunicaciones con “la Negrita” dependían de los servicios que prestara la actual magistrada concurriendo, tres veces por semana, a la escribanía de Ariel Sosa Moliné. La jueza contó que, además de hacerle firmar papeles cuyos fines presuntamente ignoraba, Sosa Moliné se quejaba de que lo único que le faltaba era “trabajar con la hermana de una montonera”. García se enteraría más tarde de que “Santiago” era, en verdad, Jorge “El Tigre” Acosta. Manifestó que una vez restaurada la democracia leyó que en Mendoza se había iniciado una causa penal donde se investigaba a Will-Ri. Así comenzó a relacionar los hechos. Una versión curiosa puesto que para esas fechas hacía años que “la Negrita” había sido puesta en libertad (1978) y su condición de integrante del “mini staff” (grupo de ex montoneros convertidos en personal de confianza de los marinos) le permitía acceder a la información más reservada de la ESMA. Mas aún, “la Negrita” mantenía una fogosa relación amorosa con Acosta, quien, según ella confesara a otras cautivas, “la había hecho sentir mujer”.
La jueza García informó a la comisión que cuando durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue citada a declarar por el juez de instrucción porteño Rodolfo Ricotta Denby, no contó la verdad. Poco antes –se excusó– había ido a verla el contador naval Mario Cédola, quien mostrando las muletas en las que se apoyaba le aconsejó que fuera cauta, que a él lo acababa de atropellar un auto y Sosa Moliné había fallecido y no de muerte natural. Otra curiosidad de la declaración de la jueza: Cédola había sido compañero de estudios de Massera y pertenecía al riñón del ex almirante. El consejero Beinusz Szmuckler quiso saber por qué la jueza no había relatado estos hechos durante su primera declaración ante el Consejo. García respondió que recién ahora creía llegado el momento de hacerlo. En aquella ocasión, negando lo que ahora admite, alegó con dramatismo: “Mi familia fue víctima de aquella historia. Hoy siento que me pasa lo mismo: aparecí en una libretita de alguien y ahora vienen a buscarme”. Era un reproche lastimero y falaz, una simulación poco compatible con la dignidad del cargo.