Los empresarios que operan en Bolivia dicen que no les sorprende la decisión adoptada por Repsol-YPF. “No es nada que no se hubiera advertido. Desde julio del año pasado, cuando fue promulgada la actual Ley de Hidrocarburos, prevalece la incertidumbre y eso no genera el ambiente más propicio para invertir en Bolivia”, se quejó el vocero de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, Carlos Alberto López, ante una consulta de Página/12. Para López, la inscripción por parte de Repsol de las reservas que explota en Bolivia como propias no violó ninguna norma y se limitó a un “procedimiento contable” dentro de las disposiciones de la Bolsa de Nueva York.

“Las compañías ya dijeron que realizarán el mínimo de inversiones para seguir operando y cumplir con los actuales contratos actuales, pero no para afrontar nuevas obligaciones. Las inversiones, de 604,8 millones de dólares en 1998, descendieron a 120 millones en 2005”, recordó.

La ley a la que se refiere López establece, entre otras disposiciones, la recuperación de la propiedad estatal de los hidrocarburos en boca de pozo. La norma anterior –materializada en contratos de riesgo compartido– establecía la libre disponibilidad de las empresas una vez que los energéticos eran sacados a la superficie.

La “profundización” de la actual ley, prometida por el nuevo ministro de Hidrocarburos, el nacionalista de línea dura Andrés Soliz Rada, incluye entre otras modificaciones la de dotar al Estado, a través de YPFB, de la facultad de fijar los precios de exportación. “Vamos a elaborar un proyecto de ley de (cambio de) artículos puntuales de la Ley de Hidrocarburos, que nos den más fuerza como gobierno. Por ejemplo, no es posible que Repsol Bolivia venda a Repsol Argentina al precio que ellos ponen”, dijo el funcionario. “El Estado tiene que participar en la fijación de los precios externos, también en los precios internos”, agregó.

“La primera tarea será anotar en bolsas y otras instancias las reservas de gas a nombre del país. Esta es una de las medidas clave de la nacionalización”, había prometido Soliz Rada luego de asumir el cargo en el flamante gabinete de Evo Morales. Según el ministro –quien no reconoce a la Cámara Boliviana de Hidrocarburos como interlocutor gremial y plantea negociar por separado con cada empresa–, Bolivia posee “entre reservas probadas y probables 48,7 trillones de pies cúbicos de reservas de gas. A un valor mínimo de 3000 millones de dólares por trillón de pie cúbico, significa unos 150.000 millones de dólares”.

Las empresas tomaron el nombramiento del nuevo ministro como una “mala señal” hacia el sector. “Es posiblemente la señal más preocupante que ha dado el nuevo gobierno. Soliz Rada no tiene ningún sustento técnico y se mueve en función de su ideología radical”, dijo una fuente ligada a las empresas que se mantuvo en reserva y pintó un panorama oscuro en las relaciones gobierno-empresas.