Cuando parecía que la relación entre el gobierno nacional y los grupos más concentrados de la producción de ganado y la industria frigorífica estaba en su peor momento, alumbró el acuerdo que promete un horizonte de paz en el sector hasta fin de año. Acuerdo que sorprendió a los que seguían el asunto desde afuera, pero no a los que intervienen directamente de la pulseada, ya que en ningún momento, de los últimos dos meses al menos, se dejó de negociar. El broche final lo pusieron el secretario de Coordinación, Lisandro Salas, y el subsecretario de Ganadería, Javier De Urquiza, después de una negociación simultánea sobre los términos y condiciones para la reapertura de las exportaciones y para garantizar el abastecimiento de hacienda al mercado. El acuerdo llegó, todos sonrieron para la foto, pero sólo después de superar una abultada sucesión de presiones y amenazas cruzadas, y con un cuchillo que cada parte se dejó guardado bajo el poncho. Por si acaso.

El Gobierno venía de un profundo desencuentro con las organizaciones representativas de los ganaderos más fuertes –Sociedad Rural y CRA– y de los frigoríficos más grandes –Consorcio de Exportadores–, que hicieron punta en retirar la firma del preacuerdo que se intentó suscribir a principios de año para contener la suba de la carne al público. Ante el riesgo de que la actitud negativa de los ganaderos –asociados a los consignatarios– pudiera derivar en un desabastecimiento del mercado al retraer la oferta de hacienda, el Gobierno lanzó la medida de suspender por 180 días las exportaciones. No fue una medida extrema ni el último recurso, como se vio luego, pero fue una carta brava en una partida que ya pintaba como duramente agresiva.

El Gobierno confiaba en quebrar el frente privado. Calculó que los pequeños y medianos productores de hacienda, junto con los frigoríficos que no exportan, se alinearían con la medida de restricción a las exportaciones y facilitarían su éxito, bajando los precios al contar con más oferta disponible. Pero las cosas se dificultaron. Por un lado, los ganaderos y exportadores de carne lograron ganar tiempo, utilizando declaraciones de operaciones de venta al exterior supuestamente concertadas con anterioridad, eludiendo así la prohibición. Prácticamente durante todo el mes de marzo siguieron exportando en volúmenes casi normales gracias a ese recurso. En consecuencia, la demanda de hacienda de los frigoríficos exportadores no aflojó todo lo que se esperaba.

Pero la conducta de los operadores en el mercado doméstico no fue más favorable al interés del Gobierno. La actitud de los matarifes, sin frigoríficos propios y en una importante proporción ni siquiera registrados fiscalmente (trabajan “en negro”), complicó las cosas. El Gobierno empezó a detectar la creciente presencia de este tipo de operadores en la compra de hacienda, que luego faenan en frigoríficos de terceros para distribuir luego en carnicerías los cortes y medias reses que retiran. Cuando el precio de la hacienda bajó, particularmente durante la segunda quincena de marzo, se verificó que los matarifes adquirieron la mayor proporción de los animales, que luego vendían a los negocios minoristas sin reflejar la baja de la hacienda en pie. Una estimación a trazo grueso de un área de Gobierno señala que “en el mes, con la baja de la hacienda que no se trasladó a las carnicerías, y encima con gran parte de esta operatoria vendiendo ‘en negro’, la intermediación se quedó con una diferencia de 150 a 250 palos (millones de pesos)”.

Mientras esto sucedía en los poco transparentes mercados, la pulseada seguía con los representantes de las organizaciones privadas, con los cuales el Gobierno nunca cortó totalmente los puentes. Las negociaciones se desarrollaron lejos de la Secretaría de Agricultura y sin la presencia de su titular, Miguel Campos. Javier De Urquiza y Lisandro Salas fueron los negociadores oficiales, a los que en algún momento Felipe Solá le sumó sus buenos oficios de mediador para acercar a las partes.Las negociaciones empezaron a encaminarse recién cuando cada parte mostró unas cuantas cartas sobre la mesa. El Gobierno mostró firmeza con la suspensión de exportaciones y amenazaba jugar todavía más fuerte, con medidas de intervención directa como hacer caer la concesión del Mercado Nacional de Hacienda o lanzando una campaña de control fiscal estricto sobre la comercialización. A la vez, no ocultaba su debilidad por el tema precios, en el que si no lograba vencer iba a pagar un costo político altísimo.

Como resultado de estas negociaciones, fueron surgiendo distintas alternativas de acuerdo. La primera, casi en simultáneo con el anticipo oficial de que se iban a suspender las exportaciones (principios de marzo), tenía como eje una reducción “voluntaria” de las ventas externas por parte de los frigoríficos. Kirchner la rechazó porque no daba garantías explícitas de reducción de los precios al consumidor. Una segunda, formulada a fines de marzo, tenía elementos muy parecidos a los que finalmente se acordaron este jueves, pero colocaba los precios “sugeridos” al mostrador entre un 10 y un 15 por ciento más altos que los que se firmaron esta semana. Finalmente, entre miércoles y jueves de esta semana se le dio forma al acuerdo definitivo que se conoció en la noche de este último día.

Gobierno y el núcleo duro del negocio de la carne (ganaderos, consignatarios y grandes frigoríficos) se siguen desconfiando mutuamente. Uno y otro optaron, en esta instancia, por un acuerdo que preserve sus intereses sin creer, de ninguno de los dos lados, que se alcanzó una solución definitiva. Por eso, por las dudas, por si la confrontación vuelve, ninguna de las dos partes entregó las armas no utilizadas. Simplemente las envolvió y guardó para otra ocasión.