Sábado, 8 de abril de 2006 | Hoy
EL PAíS › EL GOBIERNO DE TABARE VAZQUEZ DIO POR CERRADAS LAS NEGOCIACIONES POR LAS PAPELERAS
Anunció que la construcción de las plantas de celulosa seguirá adelante y pidió que se reúna el Consejo del Mercosur para tratar el bloqueo de los puentes. El gobierno argentino ratificó que denunciará al país vecino ante la Corte de La Haya. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo que “es penoso que no haya podido controlar a una empresa”.
Por Laura Vales
Uruguay dio por terminada la negociación con Argentina y seguirá adelante con la construcción de las papeleras tal como fueron proyectadas. La decisión fue dada a conocer por el canciller Reinaldo Gargano, en una sorpresiva conferencia de prensa en la que anunció que así lo había decidido Tabaré Vázquez, porque el diálogo entre los presidentes “no” había “dado resultado”. Tras cortar las negociaciones directas, Uruguay llevará el conflicto al ámbito internacional. Su primera medida fue pedir que se reúna el Mercosur para tratar el bloqueo a los puentes de los vecinos de Gualeguaychú. El gobierno argentino, por su parte, ratificó que denunciará al Estado uruguayo ante la Corte de La Haya.
El giro de la administración de Tabaré ocurrió luego de que la empresa Botnia se negara a suspender por 90 días la construcción de su planta para que los dos países realizaran un estudio de impacto ambiental. Los funcionarios uruguayos habían hecho, el jueves, un último intento de convencer a los directivos de Botnia. Más tarde, propusieron a la Argentina firmar de todas maneras el acuerdo, con los puntos en los que se había avanzado, y hacer el estudio de impacto ambiental sobre las papeleras sin frenar las obras. Pero esa posibilidad fue rechazada por la Casa Rosada, que señaló un obstáculo de fondo: Botnia no quiso hasta ahora informar cómo será su sistema de producción; con la negativa de la compañía a colaborar y sin tener esos datos, no es posible hacer el estudio de impacto ambiental.
Junto con el anuncio público del canciller Gargano, Uruguay envió una carta a la embajada argentina en Montevideo dando por terminadas las negociaciones. En esa carta pidieron que se convoque al Consejo del Mercosur –su máximo órgano–, para que trate el tema en dos semanas, entre el 18 y el 20 de abril. Argentina tiene, hasta julio, la presidencia del bloque y es quien deberá llamar a la sesión.
Desde el gobierno nacional la reacción a la ruptura fue expresada por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. “Es muy penoso que (la administración de Tabaré Vázquez) no haya podido controlar a una empresa, a un inversor extranjero. Semejante muestra de falta de soberanía lo debilita”, consideró Fernández ante una consulta de Página/12. Para el funcionario, Uruguay “eligió privilegiar la relación con Botnia y no con la Argentina”, para no tener problemas “por el Acuerdo de protección de inversiones” firmado con Finlandia. Ese tratado, que viene de la presidencia de Jorge Batlle pero que no fue rescindido por su sucesor, compromete al país a indemnizar a las firmas de origen finlandés si las condiciones en que iniciaron su inversión fueran modificadas.
El jefe de Gabinete dijo que en el plazo de unos treinta días se presentará la demanda ante La Haya y consideró que el país está bien parado para impulsar el juicio.
Puertas adentro, hubo un debate sobre los riesgos de que ese tribunal falle negativamente. Fernández lo relativizó: “Estamos en una buena posición, una posición ahora incluso más cómoda porque este incidente dejó en claro que el Uruguay no pudo cumplir con lo que se había comprometido, que fue cerrar la construcción de las papeleras por noventa días. Al mismo tiempo, Uruguay ha reconocido que tiene un diferendo con la Argentina, y que producto de ese diferendo era necesario hacer un estudio de impacto ambiental. Todo esto fue dicho públicamente”.
El recurso ante la Corte de La Haya va a incluir un pedido para que el tribunal tome una medida cautelar y frene las obras hasta que se evalúe su riesgo ecológico.
Uno de los mayores problemas que este escenario conlleva para la Argentina es el de los largos tiempos judiciales. La Haya puede demorar en expedirse tanto que las papeleras terminen su construcción y entren en funcionamiento. La estrategia diplomática argentina apuesta, por esto, a que la denuncia tenga además otro tipo de efectos, como el de frenar los créditos que el Banco Mundial debe todavía otorgarle a Botnia.
La empresa financiará con el Banco Mundial sólo un 10 por ciento de los trabajos y tomará de la banca privada lo restante. Pero el crédito del Banco Mundial, aseguran los funcionarios argentinos que han estudiado el tema, desata los demás créditos.
¿Qué puede pasar con el pedido uruguayo de que el Mercosur intervenga? Tabaré Vázquez hizo en febrero una gira latinoamericana en la que se ocupó de poner al tanto a los integrantes del bloque de su posición. Uno de los potenciales peligros es que la Corte de La Haya desestime el reclamo argentino si considera que los dos países deben tratar de resolver primero su problema en ese ámbito.
El canciller Gargano anticipó que denunciarán los bloqueos de los puentes, es decir, “la violación por parte de la Argentina del Artículo 1 del Tratado de Asunción, que hace referencia a la libre circulación de personas, bienes y mercaderías entre los países miembros del bloque regional”. Junto con esto, enviarán a la Corte de La Haya un escrito “con el fin de notificar” la situación y dejar constancia de “las ingentes gestiones que hizo el gobierno uruguayo para tratar de superarla”, agregó Gargano. Si la denuncia al Mercosur es presentada antes que la demanda argentina a La Haya, Uruguay podría tener un punto a favor para que el caso se quede en el ámbito regional.
Otro de los elementos que juegan para la pelea jurídica es el de los cortes de ruta, una medida tipificada como delito por las propias leyes argentinas. Los vecinos de Gualeguaychú y Colón, que en estos días deben decidir cómo seguir adelante con su reclamo, no lo desconocen. Se encuentran así ante una situación difícil de definir. Van a debilitar sus chances en el ámbito judicial si mantienen la protesta, pero pueden quedar en el olvido, diluidos en la espera de que la Justicia dictamine mientras las papeleras se siguen construyendo, si levantan los piquetes sin reemplazarlos por otra medida de fuerte efectividad.
En la historia reciente de la Argentina, los movimientos de protesta no han encontrado la fórmula para salir de esta dificultad. El tema estará en el centro del debate que las asambleas ambientalistas de Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay y Concordia van a dar esta tarde para resolver su camino a seguir.
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