Argentina dio ayer un primer paso para cerrar con Bolivia un “acuerdo energético de largo plazo”, con miras a asegurarse la provisión de gas desde ese país, vital para eludir en el corto plazo una crisis por falta de ese carburante. Una comisión binacional tendrá hasta el 15 de mayo para definir el precio y la cantidad de gas a vender, algo que en gran medida depende de la capacidad boliviana para aumentar su producción. Pero ayer en La Paz comenzaron a despejarse otras incógnitas. Esas operaciones se concretarán a través de las estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Energía Argentina SA (Enarsa), que también “suscribirán los acuerdos necesarios para llevar adelante el GNEA”, el controvertido Gasoducto del Nordeste Argentino, que en su momento propuso construir Techint.

Todos son puntos de la declaración conjunta que ayer firmaron en aquella capital el ministro de Hidrocarburos boliviano, Andrés Soliz Rada, y el de Planificación, Julio De Vido, jefe de una delegación local que también integraron el subsecretario de Combustible, Cristian Folgar, y el presidente de la agencia oficial Télam, Martín Granovsky. Además de la posibilidad de revisar el acuerdo de compra de gas que expiró este mes, el texto también incluye expresamente la posibilidad de que, “a través de la constitución de empresas binacionales”, Argentina participe en el desarrollo de la industrialización del gas boliviano. Aquí talla, básicamente, la idea de promover la producción de GNC, incluyendo en ello al transporte público.

Los dos viajes consecutivos que hizo esta semana Julio De Vido a La Paz dan la pauta de la envergadura del problema que intenta resolver con la administración de Evo Morales. Si Argentina no consigue cerrar un buen acuerdo para importar desde ese país al menos 20 millones de metros cúbicos adicionales por día, en poco más de un año será ineludible una crisis energética por faltante de ese combustible. Si lo logra, tendrá que resolver cómo transportarlo, porque los caños locales están casi saturados.

Aunque eluda decirlo en público, el ministro de Planificación sabe que faltará gas. Argentina tiene una demanda creciente, que aumenta a razón del 5 por ciento anual, contra una producción estancada o menguante. Según estimaciones privadas, a partir del 2008 Argentina no podrá atender su demanda, ni restringiendo las exportaciones ni con la incorporación de Atucha II y Yacyretá. El Instituto Argentino de la Energía (IAE) tiene un diagnóstico aún más alarmante: hoy ya faltan alrededor de 20 millones de metros cúbicos por día, que son cubiertos con algunas restricciones o migrando hacia otras fuentes muy onerosas, como el fuel oil.

Frente a esto, el gas boliviano resulta la alternativa más razonable para resolver un problema que se avizora como ineludible en el corto plazo. Parte porque sus generosas reservas están muy cerca, parte porque en el Gobierno hay esperanzas de conseguir un precio admisible tras la negociación. Hoy Argentina compra alrededor de 5 millones de metros cúbicos/día (con opción de extenderlo hasta 7) a poco más de 3 dólares el millón de BTU, la mitad del precio al que las productoras locales exportan a Chile, pero un poco menos de lo que paga Brasil.

A Bolivia le conviene exportar, en gran medida porque la nueva ley de Hidrocarburos le permite una recaudación importante por los impuestos que recauda sobre los hidrocarburos. El problema es que con la producción actual, Bolivia hoy sólo tiene un excedente de 3 millones de metros cúbicos por día para vender –el resto está afectado a contratos de venta o consumo local–, cantidad que resulta poca para los requerimientos argentinos.

Aumentar la producción de gas boliviano depende, en gran medida, de que las petroleras radicadas en ese territorio ejecuten inversiones congeladas por la incertidumbre acerca de cuál será su suerte. Evo Morales habló de “nacionalizar” los recursos, pero las empresas no tienen en claro si esto roza el improbable extremo de la expropiación o alude a otras fórmulas ya ensayadas en la región. Hugo Chávez obligó a los productores a asociarse a la estatal Pdvsa, recortando drásticamente su margen de ganancias. México puso en práctica un simple contrato de gerenciamiento: el Estado conserva la propiedad de los hidrocarburos, pero remunera a las petroleras por su servicio.

Esta definición y su supuesto efecto sobre las inversiones no es un tema ajeno a la Argentina, que espera ansiosa un compromiso de provisión boliviano. Confiando en conseguirlo, desempolvó el proyecto anunciado hace dos años de construir un gasoducto que uniría a Bolivia con Santa Fe, con un presupuesto mínimo de 1000 millones de dólares. La iniciativa fue impulsada por Techint con varias motivaciones –entre ellas, la obvia de proveer los caños y la de garantizar que no se privará de gas a Siderca–, pero objetado, entre otras cuestiones, porque constituiría una adjudicación directa.

Los técnicos del Instituto de la Energía aseguran que es imprescindible un nuevo gasoducto, ya que el sistema local estaría casi colapsado. Tiene una capacidad tope de transporte de 125 millones de metros cúbicos por día, muy cerca del pico de 120 que se produjo en el último invierno y bastante por debajo de lo que se debería transportar en un par de años. Con este justificativo, se convocaría a una licitación sobre el sistema de iniciativa privada: habrá que superar la idea de los Rocca.