El día que tanto esperaban en La Plata finalmente llegó. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires restituyó los “superpoderes” al recaudador Santiago Montoya para que avance con los secuestros de automotores, yates y otros bienes de los deudores de Rentas, potestad que le había sido impugnada por un juez de Mar del Plata. Cual Superman que logró deshacerse de la kriptonita que lo debilitaba, el polémico subsecretario de Ingresos Públicos anunció que volverá a la carga con la incautación de autos lujosos y, apenas reciba otro guiño judicial, pondrá en práctica el embargo de unas 50.000 cajas de ahorro y cuentas corrientes de morosos impositivos. Por su parte, el gobernador Felipe Solá se mostró partidario de contar con un ley penal tributaria como la vigente a nivel nacional para encarcelar a los grandes evasores de la provincia.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense falló ayer en favor de las facultades extraordinarias para secuestrar autos que le otorga a Montoya el nuevo código fiscal de la provincia, reformado a fines del año pasado. Tales facultades habían sido impugnadas hace más de un mes por un juez marplatense, que hizo lugar a un amparo presentado por un contribuyente moroso. La decisión de la Corte era esperada con ansiedad en la administración de Felipe Solá, porque le permitirá a Rentas volver a la carga con sus espectaculares operativos antievasión.

“Durante dos días no habrá secuestros para que los remolones se enteren a través de la prensa, y entonces cancelen su deuda. No queremos show mediático, queremos cobrar”, afirmó Montoya. En realidad, en los papeles, Rentas bonaerense no podría reanudar los operativos hasta tanto la entidad no sea notificada oficialmente por la Corte, lo cual ocurriría en las próximas horas. Así, recién entre lunes o martes estarían dadas las condiciones legales para que Montoya vuelva a las andanzas.

Además del decomiso de automotores y yates amarrados en los selectos clubes de la zona Norte, Rentas avanzará con el embargo de cuentas bancarias. “Planeamos una primera ronda de embargos con 6000 casos que deben 140 millones de pesos que están en saldo bancario”, apuntó el funcionario. “La idea es tomar ese dinero de forma cautelar, porque quien realmente puede disponer del uso del dinero para cancelar deudas es un juez”, explicó. En una segunda etapa, la cantidad de cuentas (cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos) en la mira de Rentas asciende a 51.000.

Para Montoya los contribuyentes intimados “no pueden alegar desconocimiento de que hay que pagar impuestos”. Según dijo, “la casi totalidad de los deudores recibió de 20 a 30 intimaciones, además de que cada boleta de pago de impuestos que reciben les llega colorada con un cartel gigante que dice ‘registro de deuda pendiente’”.

Por su parte, Solá, quien respaldó hasta ahora cada una de las televisivas movidas del recaudador bonaerense, anunció que promoverá una ley penal tributaria similar a la que se aplica en la Nación. “Cierta clase de evasores que ya han transgredido todas las reglas deben ir presos; no a manera de castigo sino de ejemplo para los que adeudan impuestos”, expresó el gobernador. La ley penal tributaria permite a la Afip, a nivel nacional, denunciar a evasores o deudores impositivos de más de 100.000 pesos y solicitar ante la Justicia penas de hasta 9 años de prisión.

En cuanto al fallo conocido ayer, Solá sostuvo que “la Suprema Corte nos ha dado la razón”, y dio su propia interpretación de lo dispuesto por el tribunal: “Hoy nos dice que tenemos derecho, en los casos de deudas muy altas y muy antiguas del Impuesto a los Automotores, a embargar esos vehículos hasta tanto el contribuyente regularice su situación”, explicó.

El mandatario vaticinó que “lo mismo va a ocurrir con los embargos que pensamos ir haciendo de a poco sobre cuentas corrientes, sobre plazos fijos o cajas de ahorro”, aclarando que “hablamos siempre de los más ricos, de los que pueden pagar, de los que se resisten a hacerlo”. Entre los funcionarios provinciales, Montoya sobresale por lejos en las encuestas de opinión como el más conocido del gabinete de Solá, pese a ocupar el rango de subsecretario, un puesto de segunda línea en la administración provincial.