La presión ejercida por el Gobierno para que los exportadores de trigo se “autorregulen” le abrió un nuevo conflicto con el campo. Ahora ya no sólo enfrenta a la “patria ganadera”, sino también a los productores del cultivo fundador de la colonización agrícola que convirtió al país en el “granero del mundo” a fines del siglo XIX. En ambos casos, el factor desencadenante fue la amenaza de desabastecimiento y la consecuente suba de precios. Sin embargo, una de las causas centrales del conflicto reside en la expansión acelerada de la soja. En los últimos diez años la superficie sembrada subió de 6,6 a 15 millones de toneladas, desplazando a la ganadería de zonas tradicionales de cría e invernada y sustituyendo cultivos como trigo, girasol, algodón y arroz. Así dejó en evidencia los problemas que genera el mercado cuando se convierte en el principal asignador de recursos ante la pasividad estatal.

En la última cosecha, la producción de trigo cayó de 16 a 12,5 millones (21,9 por ciento), debido a la sequía en el sur de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y la región triguera del norte (Chaco, Tucumán, Santiago del Estero y Salta). No obstante, la superficie sembrada ha venido disminuyendo, más allá de variaciones coyunturales, desde la campaña 1996/’97 y acumula una caída promedio de 31,6 por ciento, que se agudizó en Santa Fe (-47,3) y Buenos Aires (-34,1).

La disminución de la superficie triguera es una consecuencia de la soja, pues en el mismo período en las provincias citadas la semilla verde se expandió 40 y 135 por ciento respectivamente. El desplazamiento del trigo no impactó más en la producción debido a las mejoras en el rendimiento por hectárea que pasó de 2200 a 2600 toneladas. Es posible que el próximo año la superficie sembrada aumente entre 15 y 20 por ciento y la producción crezca, como sostiene el Gobierno, pero los analistas consultados por este diario coincidieron en afirmar que eso no corregirá el desequilibrio generado por la soja.

Con la carne la situación ha sido similar. En el documento que detalla el Plan Ganadero, distribuido por el Gobierno a mediados de la semana pasada, se destaca que entre 1994 y 2003 el stock cayó de 55,4 a 54,6 millones de cabezas, mientras que la faena aumentó de 13 a 14,25 millones por año, lo que estaría indicando “una fase de liquidación de stock de cierta magnitud”. Esa liquidación tiene entre sus motivos principales el extraordinario negocio que significó, y aún significa, la producción de soja. Por eso muchos empresarios decidieron pasarse de la ganadería a la agricultura. Ahora el Gobierno busca revertir ese proceso otorgando créditos y otros incentivos al sector ganadero.

La soja también puso en jaque cultivos industriales como el algodón. En la campaña 1997/’98 la superficie sembrada era de 1,1 millón de hectáreas, pero su rentabilidad resultó poco competitiva frente a la semilla verde y comenzó a caer año tras año, hasta llegar al piso de 158 mil hectáreas (-86 por ciento). Desde entonces, se ha ido recuperando lentamente, pero continúa en niveles bajos. El mejor ejemplo de lo ocurrido puede verse en el Chaco. Allí la superficie sembrada de algodón cayó en diez años de 612 a 252 mil hectáreas, mientras que la superficie con soja creció de 70 mil a 664 mil hectáreas.

Ese desplazamiento generó pérdidas importantes de capital en las desmontadoras de algodón y obligó a las industrias hilanderas a importar fibra para responder a la demanda creciente que acompañó a la reactivación económica. Además, impactó en el entramado productivo porque el algodón le generaba ingresos a pequeños productores y a miles de trabajadores que “levantaban” la cosecha con su familia. Mientras que la soja excluye al pequeño productor y demanda menos mano de obra. La semana pasada se conoció que el Gobierno ultima detalles para destinar 50 millones de pesos tendientes a impulsar un plan de desarrollo sustentable y fomento de la producción de algodón, pero no se ocupa directamente de la soja. Las superficies arroceras también fueron víctimas de la expansión sojera. En Entre Ríos la sustitución de arroz por soja fue moneda corriente. En la campaña 1995/’96, la superficie de arroz sembrada en esa provincia era 111 mil hectáreas. Diez años después disminuyó a 61 mil. La soja, en cambio, se expandió de 149 mil a 1,2 millón de hectáreas.

Las divisas que generó la soja en momentos de crisis fueron celebradas por el Gobierno, que dejó que el “oro verde” se expandiera casi sin límites impulsado por la mayor rentabilidad que otorgaba con relación a los otros cultivos. La consecuencia actual es una estructura agroindustrial basada en un monocultivo, con la consiguiente pérdida en la diversidad productiva. Un informe elaborado por la Secretaría de Agricultura revela que en las zonas centro y sur de Santa Fe la soja cubre entre el 85 y 90 por ciento de la superficie sembrada. En Córdoba llega al 85 por ciento del área cultivada y en Entre Ríos al 60 por ciento. Una alta concentración se observa también en las zonas norte y sureste de la provincia.

Con la crisis de la carne y el incipiente conflicto del trigo se han visto algunas de las consecuencias generadas por la pérdida de diversidad productiva. Sin embargo, la expansión indiscriminada de la soja no sólo impacta en los precios de aquellos productos que han sido desplazados. También genera una vulnerabilidad externa potencial que se podría sentir en la balanza comercial si los precios de la semilla llegaran a bajar en algún momento. Eso sin contar las discusiones que plantean los ambientalistas sobre los efectos que provoca la soja en el ecosistema a partir de la desertización creciente.