En un fallo que tiene pocos antecedentes en el país, la Justicia condenó a Telefónica de Argentina por haber discriminado a un grupo de empleados que se organizó sindicalmente. El episodio que le dio origen es propio de los tiempos que corren, en los que hay sectores de trabajadores que buscan recuperar derechos laborales en un marco difícil. La historia tiene un interés especial porque sus protagonistas fueron empleados a los que se consideró especialmente débiles, todos mayores de 45 años, ninguno de ellos con experiencia gremial.

Se originó a fines del 2003, cuando un gerente advirtió a cuatro ingenieros y un técnico que no tendrían aumentos de sueldo mientras estuvieran afiliados al gremio (el Centro de Profesionales Telefónicos-Cepetel), amenaza que efectivamente concretó, ya que los cinco vieron sus salarios congelados. Desde entonces, la compañía los mantuvo, además, cumpliendo funciones secundarias, por debajo de sus capacidades. Ahora, la jueza del Trabajo, Liliana Tarbuch, ordenó a Telefónica que cese en esa conducta, que consideró “discriminatoria” y contraria a la libertad de agremiación.

La demanda fue impulsada por Pedro Filipuzzi, Juan Valmaggia, Marcelo Grossi, Jorge De Franco y Carlos Otegui, integrantes de la Gerencia de Redes Dedicadas de la empresa. Es un área de profesionales con buenos sueldos, una franja que ha estado en la mira de la empresa para su reestructuración.

En el año 2002, Telefónica impulsó suspensiones masivas que afectaron especialmente a sus ingenieros. Los mandaban a su casa sin nada que hacer, en una situación que podía extenderse durante meses y parecía el preludio de un despido. Al mismo tiempo, les ofrecía el retiro voluntario. La empresa argumentaba una situación de crisis –y la consiguiente necesidad de achicar costos– para este comportamiento.

Como reacción, los profesionales comenzaron a reunirse en asambleas. En la década menemista, su gremio, el Cepetel, había sido desarticulado: entre otras cosas porque en los ’90 muchos profesionales compraron el discurso de que sindicalizarse les quitaba jerarquía. A principios del 2002, el sindicato casi no existía, sus bienes habían sido liquidados, no tenía siquiera edificio, pero todavía contaba con personería jurídica.

Las asambleas sirvieron a los trabajadores para fortalecerse y disminuir los retiros y las suspensiones. Con excepción de un caso, la totalidad de los cesanteados debió ser reincorporada. En este marco decidieron reflotar al Cepetel, y comenzaron las presiones por la desafiliación.

Los episodios que denunciaron a la Justicia fueron dos: el 30 de diciembre de 2003 ocurrió el ya mencionado, cuando un gerente les dijo que no recibirían nuevos aumentos de sueldo mientras estuvieran afiliados. Poco después, las amenazas se repitieron ante un grupo más amplio.

En la causa que llevó la jueza Tarbuch, el testigo Walter Bringas, compañero de trabajo de los damnificados, contó que todos los integrantes del Area Redes Dedicadas fueron reunidos por la gerencia para recibir la misma amenaza: que tenían “la oportunidad de mejorar” sus “salarios si se desafiliaban del Cepetel, y que “era conveniente” para sus familias que tomaran esta decisión.

La jueza valoró especialmente su testimonio, en el que Bringas relató que el trato de la empresa hacia los cinco profesionales que rechazaron desafiliarse se convirtió en “distante”. “Se nota que no intervienen en los proyectos importantes de la empresa, que fueron virtualmente puestos de lado.”

Otra de las pruebas del caso fue una pericia que constató que todos los del sector recibieron aumentos, a excepción de los denunciantes.

El fallo de Tarbuch sostuvo que Telefónica los “excluyó de aumentos remunerativos sin causa fundada (...), vulnerando la igualdad de derechos que tiene reconocimiento constitucional”. En lo estrictamente legal, no tiene mayor entidad que la advertencia a la empresa sobre su conducta. Pero operó cambios importantes en el espacio de trabajo, donde ayudó a disipar el miedo y fortalecer la organización gremial.

Carlos Spaventa Domenech, abogado de los denunciantes, consideró que el caso servirá para sentar jurisprudencia. En los últimos cinco años hubo algunos pocos casos favorables a la defensa de la agremiación sindical y la expresión de las ideas políticas, como el de Karina Greppi (una secretaria ejecutiva que había sido despedida también por Telefónica luego de respaldar un reclamo de los aeronáuticos usando un mail laboral) y el de Pepsico.

La empresa, por su parte, desplazó tras la condena judicial a los gerentes que ejercieron la presión. Les dio el retiro al autor de las advertencias, así como también al responsable en el área de recursos humanos.