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Con los últimos datos sobre los amparos exitosos contra el corralito, los bancos extranjeros redoblaron la presión sobre el Gobierno para llevar adelante un canje compulsivo de depósitos reprogramados por bonos del Estado. De hecho, esa cuestión fue uno de los temas centrales en las conversaciones entre Roberto Lavagna y la cúpula del Fondo Monetario. Y existen gestiones de la primera línea del Gobierno para lograr que la Corte Suprema avale el corralito, de manera de frenar la salida de fondos desde los bancos. Página/12 accedió a la más reciente información relevada por el Banco Central que revela que, pese a la Ley Antigoteo, en un mes la huida de depósitos por orden judicial alcanzó a 1122 millones de pesos.
Según los datos compilados por el Central, los amparos permitieron una salida total de 3574 millones de pesos. La mayor parte –unos 2400 millones– se fueron hasta finales de abril, momento en el cual se sancionó la Ley Tapón imponiendo restricciones. La salida de dinero menguó hasta mediados de mayo. Pero a partir de ese momento la huida volvió a tomar impulso. Por orden de los magistrados, entre el 14 de mayo y el 13 de este mes se fueron de los bancos 1122 millones de pesos (49 millones diarios). En forma extraoficial, altas fuentes del Central estimaron, en diálogo con Página/12, que el volumen de la fuga resultó incluso más importante en las últimas dos semanas.
Con el 16,5 por ciento del total, el Banco Nación es la entidad con mayor cantidad de recursos en su contra. Los siguientes cuatro bancos en el ranking de amparos son extranjeros: BankBoston (13 por ciento); Santander-Río (12); BBVA Francés (10) y Citibank (9).
Un financista consultado por este diario explicó que la Ley Tapón “resultó ineficiente” para detener el goteo. “Los jueces adaptaron sus fallos a la nueva norma y les dieron prioridad a los casos urgentes, como los mayores de 75 años y a los ahorristas con alguna enfermedad”, explicó.
Frente a este panorama, la presión de los bancos extranjeros se intensificó: apuestan por un fracaso del Plan Bonos, lanzado por Lavagna como un canje voluntario de los depósitos reprogramados por títulos públicos. En el Banco Central también son partidarios de un plan forzoso. Si bien Mario Blejer ya le había arrancado a Lavagna la limitación de las compras de bienes con los nuevos bonos estatales, en el directorio siguen creyendo que lo mejor sería frenar definitivamente los amparos.
Los depósitos reprogramados suman 29.000 millones de pesos. Y en el plan monetario que acaba de redactar el BC y que Lavagna presentó en su viaje a Washington se prevé una salida de éstos por 3500 millones hasta fin de año. Pero la realidad está colocando bajo tela de juicio los pronósticos oficiales. El FMI lo sabe y éste fue uno de los motivos que llevó a sus técnicos a bochar el plan monetario.
Atento a esta realidad, el Gobierno pretende que la Corte Suprema dicte un fallo que termine con los amparos. La causa testigo, aquella que sentaría jurisprudencia, sería la de San Luis. A través de ella, la provincia reclama la restitución de sus fondos encerrados en el corralito. En las negociaciones abiertas entre el Ejecutivo con la Corte, los magistrados ya plasmaron su posición: para dar un guiño reclaman que el Gobierno deje de lado el juicio político en el Congreso.
El arribo de la nueva misión del Fondo a Buenos Aires abrirá las puertas a negociaciones sobre el sistema financiero que se viene. Y una definición sobre los depósitos reprogramados formará parte de esas discusiones.