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“Nos salió todo mal, hicimos todo mal. Compramos una operación y, por si fuera poco, operamos esa operación. No servimos para nada. Somos un desastre.” Al alto funcionario que ayer se confesó con estas palabras ante Página/12 sólo le faltó aplicarse el silicio; el mea culpa fue más que gráfico. Apesadumbrado, el hombre de Gobierno se refería a la actitud que la administración de Eduardo Duhalde adoptó, primero, el miércoles trágico –cuando Darío Santillán y Maximiliano Costeki cayeron fusilados por las balas policiales–, aceptando la delirante teoría pergeñada por la Bonaerense sobre una supuesta reyerta entre piqueteros que se mataron entre ellos y, en segundo lugar, el jueves, afirmando que había en marcha un plan de desestabilización nacional, hipótesis sustentada en dos informes, uno de la Side y otro de la Secretaría de Seguridad. El Presidente, hiperbólicamente, pareció coincidir con la confesión de su colaborador citado anteriormente: ayer, en el acto del Día de la Prefectura, calificó a la acción policíaca de “atroz cacería”, citando sin nombrar, quizás sin querer, a este diario.
La mejor maldita policía del mundo casi arruina la vida de Duhalde en tres oportunidades: cuando mataron a José Luis Cabezas, cuando perpetraron la masacre de Villa Ramallo fusilando a tres rehenes civiles, y el miércoles, asesinando a dos personas e hiriendo de gravedad, con balas de plomo, a un todavía número indeterminado de manifestantes piqueteros. Puede haber sido esa la razón por la cual el Presidente recordó ayer a Cabezas en el acto de la Prefectura, flanqueado por el secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, y del ministro del Interior, Jorge Matzkin. “La familia argentina está de luto y desgraciadamente quienes deben custodiar el orden son los que cometieron esta atroz cacería”, dijo el Presidente en el acto de los prefectos, modificando radicalmente el discurso oficial machacado hasta el paroxismo –oficial y extraoficialmente– hasta el jueves a la tarde.
El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, cambió también, oportunamente, el discurso; lo sintonizó, aunque no mucho, con el del Presidente. Dijo que se acabó la impunidad en Argentina, que esta vez iba en serio y desechó la teoría que el Gobierno había sostenido hasta apenas 16 horas antes: “Deseo descartar cualquier vinculación entre cómo ocurrieron los hechos de violencia que llevaron a la muerte de los chicos y la intención de los grupos minoritarios que apelan al caos y que hablan de situación prerrevolucionaria. Más que de complot, debemos hablar de los indicios que hoy (por ayer) aparecen en los testimonios gráficos de los medios”, dijo a la prensa en la Casa de Gobierno.
Atanasof fue el pregonero oficial del cambio en la política de seguridad. Desde hace quince días, el jefe de Gabinete fue amenazando con que el Estado no permitiría nuevos cortes de calles, rutas o puentes, girando en 180 grados la estrategia de permitir la protesta y hacerla, así, languidecer. Esta estrategia permitió al Gobierno que en casi seis meses de gestión, en un país empobrecido e hiperconvulsionado, no se produjesen muertos. Eso cambió brutalmente el miércoles.
Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia, quizás no tuvo tiempo para procesar el cambio de discurso oficial que produjo la evidencia periodística, gracias a la cual pudo desentrañarse que la policía fue la culpable de las muertes, tal como Página/12 viene sosteniendo desde el día en que se produjeron los asesinatos. Ayer, en disonancia con Duhalde y Atanasof, Fernández repitió la teoría del complot piquetero nacional, dio datos extraídos de dos informes, uno de la Side y otro trabajado en la Secretaría de Seguridad –que si fuesen calificados como burdos sería apelar a la generosidad–, y sostuvo que “no hubo provocación; hubo una vocación formal de que sucediera lo que sucedió, así se planteó. Yo lo sé hace 20 días y hace 20 días (los piqueteros) vienen diciendo ‘vamos por un 19 y 20 de diciembre’”.
El Gobierno no sólo hizo un papelón mayúsculo en estos tres días. Caracterizarlo de esa manera cuando hay dos jóvenes muertos y otros dos en estado grave sería una frivolidad. La administración de Duhalde puso en vilo su propia existencia y estuvo al borde de degradar aun más la democracia argentina, dando un giro feroz hacia la criminalización de la protesta social, basado en operaciones de la propia policía que asesinó a los manifestantes y en informes de sustento dudoso y rigor genuflexo.
El staff que habita Olivos, la Rosada y adyacencias durmió el sueño de los justos hasta que el jueves a las 19 –dos horas después de que Matzkin emitiera su bando sobre un complot revolucionario– fue avivado de que los periódicos, entre ellos Página/12, habían descubierto (gracias a la tarea monumental de los reporteros gráficos y reconstruyendo testimonios directos en el lugar de los hechos) que fue la policía de Avellaneda la culpable de las muertes. Las generales de la ley le caben al gobierno bonaerense de Felipe Solá.
Además de eso, el periodismo determinó –como el lector puede comprobar en esta edición– que no sólo tiraron las ordas del comisario Alfredo Franchiotti, sino que, lejos de la estación de trenes, por las avenidas Pavón y Mitre, hubo otros policías que dispararon balas de plomo hiriendo a los manifestantes (ver página 3).
El Gobierno preparó el terreno para la represión a fuerza de declaraciones de Atanasof, amenazando con que no se permitirían cortes. Y no ordenó taxativamente evitar disparos de armas de fuego. Es más, envalentonó a las mesnadas policíacas impulsándolas a evitar que se corte el tránsito por el puente Pueyrredón, “por los medios que sea necesario”.
“Su información es correcta. Estuvimos muy mal, derrapamos”, confesó un funcionario del Ministerio del Interior a este diario, ayer por la tarde. Y, casi en una letanía, reconoció: “El ánimo (en la Rosada) estaba un poco mejor. Parece que viene la misión del FMI, puede haber acuerdo y hasta Matzkin le arrancó la firma del convenio con la Nación a Córdoba. Pero nada puede, al menos hoy, reparar el moco que nos mandamos”.