Gracias al fogoneo del diputado duhaldista Jorge Sarghini, Diputados comenzó a analizar en comisión un proyecto que postula utilizar los 3500 millones de pesos atesorados hasta ahora como Aportes del Tesoro Nacional en la caja del Ministerio del Interior para cancelar deudas que las provincias tienen con el poder central. La iniciativa, que también prevé girar directamente al interior parte de la recaudación de Ganancias que hoy nutre los ATN, es una de las herramientas previstas para paliar la crítica situación fiscal del interior. Muchos bancos provinciales están hoy técnicamente inhibidos de dar ese auxilio.

Por el aumento del gasto público, que no tuvo su consiguiente correlato en los ingresos, el superávit del conjunto de las provincias se fue licuando paulatinamente. Buenos Aires lidera esta situación crítica y, a semejanza de otras administraciones del interior, terminaría este ejercicio con las cuentas en rojo. En este contexto, el proyecto redactado por Sarghini –uno de los principales impulsores de la candidatura presidencial de Roberto Lavagna– encontró un terreno fértil, al menos para conseguir las doce firmas adicionales a la propia. Entre ellas, la del radical Roberto Iglesias, del socialista Hermes Binner y la de otro seguidor de Duhalde, Eduardo Camaño.

La presentación formal del proyecto fue acompañada por una carta enviada a cada gobernador de provincia en la que se explican los puntos medulares de la iniciativa. El primero: que se reconozca como una obligación a favor de las provincias los fondos de ATN no distribuidos y que, en base a los índices de coparticipación, se giren a las gobernaciones o se utilicen para compensar deudas provinciales a favor de la Nación. El segundo: que anualmente se remitan directamente a las provincias 750 millones de pesos del Impuesto a las Ganancias que hoy integran esos Aportes.

La iniciativa estimulada por el ex secretario de Hacienda de Lavagna tiene la indudable intención política de acotar la facultad de que dispone el gobierno nacional para el manejo discrecional de esos recursos, que desde las filas duhaldistas cuestionan atribuyéndole a la cartera política distribuir los fondos en función de su voluntad y no bajo ningún parámetro objetivo. En rigor, un principio igualmente discrecional al que rige para realizar las Transferencias a las Provincias, el rubro del gasto público nacional que más creció en los últimos ejercicios.

Pero el proyecto en cuestión, al que previsiblemente mucho le costará conseguir el aval kirchnerista, tiene como primer propósito explícito alivianar la situación económica y financiera de los estados del interior, donde hay una creciente inquina hacia la Nación porque no coparticipa impuestos claves como las retenciones y el denominado impuesto al cheque.

Para los gobernadores, la búsqueda de fondos es vital, en particular porque muchas administraciones tienen como principal destino de sus recursos el pago de sueldos, un gasto no sólo “inflexible” sino con perspectivas de aumentar. Y, para su desgracia, el recurrente auxilio de los bancos públicos, hoy está muy limitado.

Según destaca un flamante análisis del Ieral, brazo académico de la Fundación Mediterránea, las entidades provinciales ya llegaron al máximo permitido por el Central para financiar al sector público no financiero, equivalente al 40 por ciento de sus activos. En otros términos, o esos bancos aumentan sus activos o no pueden prestarle un peso más a sus gobernadores.