El fallo de la Corte Suprema que ordenó crear un índice de movilidad de las jubilaciones reavivó la discusión sobre la salud del sistema previsional en su conjunto. El titular de la CGT, Hugo Moyano, hizo ayer un enfático reclamo en favor de una reforma y calificó a las AFJP como “una de las más grandes estafas que se le han hecho al pueblo argentino”. Luego pidió que el Gobierno permita la libre opción entre el régimen de reparto y el de capitalización y consideró que, si así fuera, “el 90 por ciento de los trabajadores volvería al Estado”. El sindicalista expuso en un seminario que se desarrolló en el Congreso, durante el cual legisladores del oficialismo y la oposición debatieron sobre el futuro mecanismo de ajuste de las jubilaciones. El tema produce cortocircuitos dentro mismo del Gobierno y entre el Ejecutivo y los legisladores.

Además de Moyano, participaron del evento el vicepresidente Daniel Scioli, diputados del kirchnerismo como Juan Carlos Díaz Roig, Héctor Recalde y Ricardo Wilder, los opositores María América González (ARI) y Rubén Giustiniani (senador por el socialismo), el juez de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social Luis Herrero y diversos especialistas en la materia. El seminario fue organizado por el sindicato de trabajadores de la Anses (Apops), presidido por Leonardo Fabre, y por la Asociación del Personal Legislativo (APL), comandada por Norberto Di Próspero. El seminario se desarrolló en el Salón Azul de la Cámara de Senadores.

El Gobierno prefirió no adelantar sus opiniones en medio de una discusión que está tomando cada vez más temperatura y a último momento canceló su participación. Habían comprometido su presencia el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la Anses, Sergio Massa.

Dentro mismo del oficialismo hay una fuerte disputa por cómo resolver lo establecido por la Corte. Existen posiciones enfrentadas entre quienes pretenden crear un índice de movilidad de las jubilaciones atado únicamente a los ingresos de la seguridad social y aquellos que postulan vincularlo con los salarios de los trabajadores activos. La primera postura es defendida por la Anses, mientras que la segunda es la aspiración de máxima de los diputados de la Comisión de Previsión de la Cámara baja. El oficialista Díaz Roig propone una salida intermedia, que vincule ambas variables.

El previsionalista Gerardo Gentile, experto que disertó en el mismo seminario, atacó duramente la idea de determinar la movilidad de los haberes por la recaudación de la seguridad social. “Es lo que hicieron Domingo Cavallo y Armando Caro Figueroa en los ’90 y fracasó. No podemos volver a lo mismo”, protestó. El argumento es que los jubilados no pueden depender de la eficiencia (o ineficiencia) del Estado para recaudar y, en segundo lugar, que los haberes de los pasivos deben guardar una relación directa con los sueldos de los activos.

Ayer se hizo la primera reunión de los diputados que participan de la subcomisión parlamentaria encargada de estudiar posibles fórmulas para el índice. La única definición fue que el tema debe resolverse con una ley específica, que ingresará para su tratamiento antes de la llegada del Presupuesto 2007, prevista para el 15 de septiembre. Díaz Roig expuso en la reunión su propuesta de que el índice tenga en cuenta tanto los salarios de los activos como la recaudación previsional, pero la idea todavía se encuentra en estado embrionario. El Gobierno, por su parte, aún no ventiló sus intenciones. Una de las razones es que existirían diferencias entre la Anses y la Secretaría de Seguridad Social.

La subcomisión parlamentaria volverá a reunirse mañana. Varios de los diputados que la integran piden aprovechar esta oportunidad para insistir con una reforma integral del sistema previsional. Lo mismo dijo ayer Moyano. Scioli, quien lo sucedió en el uso de la palabra, no respondió. Sólo remarcó que “nunca un gobierno hizo tanto por los jubilados como el actual” y que hoy “tenemos recursos para resolver los problemas”. Fabre, organizador del evento, fue igual de duro que Moyano con las AFJP, pero además cuestionó al Gobierno por demorar cambios estructurales en el sistema jubilatorio.