El juez federal Daniel Rafecas cerró la investigación de la causa por los sobornos en el Senado. Al menos, en lo que corresponde a los nueve procesados. Así, los ex senadores José Genoud, Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda, al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, al ex jefe de la SIDE Fernando De Santibañes y al ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto comenzaron a transitar el camino que los llevará al juicio oral, tal como informó Página/12 la semana pasada. El magistrado consideró que hay pruebas suficientes para que los acusados sean juzgados por haber pagado o recibido dinero para aprobar la Ley de Reforma Laboral. Luego, tendrá que definir la situación del ex presidente Fernando de la Rúa y resolver si avanza sobre otros legisladores, como Angel Pardo.

Rafecas giró ayer la causa al fiscal Federico Delgado para que presente el requerimiento de elevación a juicio, lo que se concretará esta semana. Todos los involucrados están acusados del delito de cohecho –coimas–, que tiene una pena máxima de seis años. Como la denuncia judicial sobre este tema acaba de cumplir esa misma cantidad de tiempo, el efecto secundario del escrito de Delgado será la interrupción de la prescripción. Genoud, Cantarero, Alasino, Tell, Costanzo, Branda, Flamarique, De Santibañes y Pontaquarto fueron procesados en agosto del año pasado por Rafecas, medida fue confirmada por la Cámara Federal en diciembre pasado. Las principales pruebas que hay en la causa son:

- La confesión de Pontaquarto. El ex secretario parlamentario se presentó a la Justicia en diciembre de 2003 y aseguró que el 18 de abril de 2000 retiró de la SIDE 5 millones de pesos/dólares que repartió una semana después. Cuatro millones 300 mil pesos –dijo– fueron entregados al senador Cantarero en su departamento el 26 de abril por la noche. Los otros 700 mil los habría recibido al día siguiente Genoud en su despacho del Congreso. Cantarero habría repartido la plata con otros legisladores que pasaron por su casa a retirarla después de la sesión. Pontaquarto agregó que Genoud le dijo que la mitad de lo que había recibido era para Flamarique.

- Los registros de la SIDE que comprueban que Pontaquarto estuvo en el lugar.

- Los rastreos telefónicos de los acusados. Se trata de una prueba muy importante, ya que confirma el relato del “arrepentido”. Esta pericia permite saber no sólo quién, a qué hora y a qué numero se hizo una llamada, sino también desde dónde se realizó. Las compañías telefónicas dividen la ciudad en una cuadrícula y detectan desde cuál de ellas (y a cuál de ellas) se estableció la comunicación. Así se ratificó que Alasino, Costanzo, Tell y Branda estuvieron en la celda 52 –que corresponde al departamento de Cantarero– el 26 de abril de 2000 por la noche.

- Costanzo tuvo que reconocer que estuvo en el lugar porque usó el teléfono de línea de su colega para llamar a varios dirigentes del PJ de Río Negro y a su propio hijo. Tell aseguró que había estado en La Biela (como es cerca de la casa de Cantarero también responde a la celda 52) con Pardo, pero este último lo desmintió.

- Los dichos de Cantarero a la periodista Fernanda Villosio, que fueron publicados en La Nación. El legislador reconoció que existieron los sobornos. El diario lo publicó primero sin revelar la fuente. Luego, divulgó la identidad del senador.

- El testimonio de Sandra Montero, la ex asistente de Costanzo que se presentó inesperadamente ante el juez la semana pasada y confirmó que se pagaron las coimas. Aseguró que vio un maletín con la plata de los sobornos en el despacho del legislador y que Costanzo estaba enfadado porque le habían prometido 600 mil pesos y le dieron 300 mil. También aseguró que Costanzo la amenazó para que no contara todo lo que sabía. Otra ex secretaria confirmó la relación de confianza que tenían Montero y Costanzo. Según dijo, era “profesional y personal”.

Rafecas tenía previsto pedir la elevación a juicio de la causa en julio, pero distintos planteos de la defensa de Flamarique retrasaron la medida. Esto permitió que el testimonio de Montero pueda ser tenido en cuenta en esta etapa. De existir nuevas revelaciones sobre estos acusados, deberán evaluarse en el juicio oral. Pero el juez sí continuará la investigación respecto de otros sospechosos. Es el caso de Fernando de la Rúa o Pardo. Este último actualmente tiene falta de mérito, pero fue mencionado por Montero como uno de los senadores que recibió dinero por aprobar la Ley de Reforma Laboral. El juez ordenó que el cuerpo médico forense revisara a Pardo, que está enfermo, para evaluar si puede ser sometido a un proceso penal.

El ex presidente ya fue indagado y pidió algunas medidas de prueba que se llevarán a cabo antes de que el juez resuelva su situación procesal. De la Rúa está imputado por haber estado al tanto de los sobornos y no impedirlos. En su caso, no hay peligro de prescripción, ya que el plazo fue interrumpido cuando De la Rúa fue convocado a declarar.

Si el ex presidente es procesado, se realizaría otro juicio oral, aunque también podría ocurrir que el proceso se postergara para juntar a estos nueve acusados con De la Rúa. Esto dependerá del tribunal que toque en suerte y de los tiempos judiciales. De cualquier manera el primer juicio estaría en condiciones de realizarse a fines del año próximo o principios del siguiente.