“Una semana por mes veníamos con mi marido a verlo desde Buenos Aires. Teníamos un Citröen 3 CV y siempre llegábamos con los vidrios rotos por los ripios del camino. Nos emponchábamos con todo. Pensaba en el frío y le tejía pullóveres y medias. El los repartía para todos... Acá lo mataron, fue al primero que le llegó la ráfaga de ametralladora.” A los 84 años, la mirada cristalina de Soledad Capello, la madre de Eduardo, se nubla un instante al señalar el salón de la Base Naval Almirante Zar de Trelew, donde la Armada trató de borrar las huellas de las celdas en las que el capitán de corbeta Sosa y el teniente Bravo asesinaron a dieciséis presos políticos y dejaron mal heridos a tres en la madrugada del 22 de agosto de 1972. En ese lugar el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación colocaron ayer una placa con el lema “Nunca Más, terrorismo de Estado” con los nombres de los fusilados y un compromiso “Por siempre respeto a la Constitución nacional, por la Verdad y la Justicia”.

Todo el entorno es hostil. La estepa, el viento, la nada que rodea ese lugar todavía treinta y cuatro años después de la masacre le da otra dimensión a la fuga del penal de Rawson. El 15 de agosto, los líderes de la conducciones guerrilleras del ERP Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Mena; Fernando Vaca Narvaja (Montoneros) y Marcos Osatinsky y Roberto Quieto de las FAR habían logrado llegar al aeropuerto de Trelew para huir rumbo a Chile en un avión secuestrado. Los diecinueve cuadros políticos que salieron en segundo término llegaron tarde y tuvieron que rendirse. Violando el compromiso asumido por el capitán Sosa, no los devolvieron al penal sino que los recluyeron en la Base Almirante Zar. Una semana después los ejecutaron a mansalva. La investigación judicial recién se abrió el año pasado y pasó a Rawson en febrero. Está a cargo del juez Hugo Sastre.

Eduardo Luis Duhalde era en aquella época abogado de varios de los fugados y detenidos en Chubut. Junto a Rodolfo Ortega Peña, Carlos González Garland y Rodolfo Mattarolo fueron los primeros abogados en llegar a Trelew. Sumaron a su periplo a Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya, pero ningún recurso legal era considerado. “Es muy raro que la historia te dé una segunda oportunidad para tratar de que se haga justicia”, dice el ahora secretario de Derechos Humanos que se presentó como querellante en la causa. “La forma en la que se protegió a los autores materiales es la mejor prueba de que este episodio criminal no lo hizo la guardia, ni siquiera los mandos de la Marina. Fue una decisión de la Junta de Comandantes en Jefe. En ese momento (Alejandro Agustín) Lanusse estaba negociando con Perón ‘si le daba el cuero’ o no para volver. La fuga fue un golpe durísimo al poder de las Fuerzas Armadas. Los psicoanalistas dirían que fue una tremenda herida narcisista”, dijo a Página/12.

El paradero de los ejecutores del fusilamiento, Sosa y Bravo, que pidieron el retiro de la Armada durante la última dictadura, es uno de esos secretos que nadie explica. El secretario de Asuntos Militares, José María Vásquez Ocampo, sugirió ante este diario que se podría haber cambiado la identidad y señaló que “es un tema de la Justicia”. Duhalde recordó que uno de los jefes de la ESMA, Jorge “El Tigre” Acosta, invitó a Sosa a ese centro clandestino y lo paseó ante los prisioneros como reconocimiento a su “trabajo” precursor en la aplicación del terrorismo de Estado.

Las secuelas de la masacre en la que murieron Clarisa Lea Place, Susana Lesgart, María Angélica Sabelli, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Pedro Bonnet, Eduardo Capello, Alberto Del Rey, Mario Emilio Delfino, Alfredo Khon, José Ricardo Mena, Mariano Pujadas, Humberto Suárez, Miguel Angel Polti, Humberto Toschi y Alejandro Ulloa y fueron heridos María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y René Haidar siguieron generando más muertes. Fueron asesinados el almirante Hermes Quijano, quien desde el gabinete de Lanusse puso la cara para justificar los fusilamientos en un supuesto intento de fuga, y el juez federal del “Camarón” Jorge Quiroga, que se trasladó a Trelew para conjurar todo intento de justicia. Los represores se ensañaron con las familias de las víctimas: asesinaron a los padres, dos hermanos y una cuñada de Pujadas; a la familia de Vaca Narvaja la diezmaron; hicieron desaparecer al hermano de Capello y su esposa.

El hostigamiento alcanzó también a los posibles testigos del horror. Recién el año pasado, Miguel Marilco, empleado de la funeraria de Trelew que había tenido que poner los cuerpos en los cajones, se atrevió a dar su testimonio. “No hablés porque vamos a reventar a tu hijo”, le habían dicho y durante treinta y tres años el temor clausuró su memoria.

Alicia Sanguinetti era una de las presas políticas de Rawson. “Era una de los que íbamos a salir en los camiones que no llegaron”, recuerda y explica “estábamos frustrados pero contentos por los que salieron. Teníamos una disciplina militante. Lo importante era la dirigencia, después los cuadros políticos y después los militantes”. El traslado a celdas individuales, el verdugueo constante, los interrogatorios arreciaron en el penal y “gracias a la solidaridad de afuera no fue una masacre adentro”, dice esta mujer que tiene a su compañero Alberto Funarris, a tres primos y a un cuñado desaparecidos.

Los fantasmas de aquel pasado invadieron ayer la recorrida de funcionarios, familiares y sobrevivientes de aquella tragedia. En la puerta de la Base Almirante Zar, uno de los pocos marinos que apareció se acercó a saludar a Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Una tensa mano extendida frenó al uniformado.

–¿Nos va a seguir espiando? Le cuento que llegamos ayer, hoy estamos acá y más tarde vamos a hacer un acto con Hijos...

El marino optó por el silencio. La historia y la crónica reciente no deja margen para la inocencia. En marzo pasado en esa misma base, un suboficial denunció las tareas de espionaje interno a las que lo obligaban sus jefes. La causa avanza a tientas en la Justicia, pero provocó el relevo de parte de la cúpula de la Armada y la reformulación de la Inteligencia Interior.