Detrás del liderazgo de México, Argentina se ubica en el poco honroso ranking de las comisiones más elevadas que cobran las AFJP en relación con el aporte del trabajador. En promedio, cada afiliado le destina casi 4 pesos de cada 10 de su aporte a engrosar la caja de las administradoras. Así, junto al país azteca, el sistema local muestra su elevada generosidad con las compañías de jubilación privada. Gran parte de la comisión se debe a los altos costos de los seguros que, en la mayoría de los casos, son contratados con empresas vinculadas al grupo financiero que maneja la AFJP.

En el caso de un afiliado que percibe un salario bruto de 1000 pesos, el aporte a la AFJP es de 70 pesos. De ese total, 25,80 pesos –el 36,9 por ciento– se destina a la comisión. A su cuenta personal de capitalización van 44,20 pesos. Ese nivel de retención sólo es superado por el régimen mexicano, donde la comisión trepa al 43,1 por ciento del aporte previsional. Bolivia tiene el sistema más barato: el costo promedio alcanza al 18,1 por ciento del aporte. De manera ascendente, en el ranking le siguen Uruguay (19,1 por ciento), Chile (19,2), El Salvador (20,8), Perú (21,6), República Dominicana (25,0) y Colombia (29,0). La nómina figura en un exhaustivo informe sobre el sistema de jubilación privada preparado por la consultora MVAS Macroeconomía.

El trabajo muestra que los seguros es el rubro que se lleva gran parte de la comisión retenida del aporte del afiliado. Tanto que, en la actualidad, el seguro cuesta más que la proporción que queda en la caja propia de la AFJP. Del 2,6 por ciento que, en promedio, se descuenta del salario del afiliado, 1,2 punto corresponde a la comisión “pura” y 1,4 punto al seguro. La cuestión se hizo elocuente con la rebaja de los aportes del 11 al 7 por ciento, ya que los seguros siguieron cobrando un monto fijo y, por lo tanto, tuvieron más peso en el costo total. Las AFJP no parecen ajenas a este distorsionado sistema, ya que, en la mayoría de los casos, tanto las administradoras como las aseguradoras pertenecen al mismo grupo económico. En esta condición se encuentran los grupos HSBC, Orígenes, Consolidar (BBVA), Nación, Metropolitan Life y Previsol. Durante la presentación del trabajo, Javier Alvaredo, uno de los directores de la consultora, graficó: “Se pagan seguros como si tuviéramos un Mercedes Benz, pero en realidad tenemos un Volkswagen Gol”.

Otro de los puntos centrales de la investigación se relaciona con la posibilidad de que las administradoras utilicen parte de los fondos de los afiliados para financiar proyectos de la economía real. Se menciona, por ejemplo, que el actual flujo anual hacia las AFJP, de unos 5000 millones de pesos, serviría para financiar el 7 por ciento de la actividad de la construcción. O el 11,2 por ciento de las inversiones en bienes durables.

Por ahora, las administradoras tienen un menú de inversiones que no varió demasiado desde que fueron creadas, hace 12 años. Por entonces, un 55 por ciento de su cartera estaba colocada en títulos públicos. Ahora, en el 60,2 por ciento. Antes de la crisis, entre 30 y 40 por ciento de los recursos se dirigían a activos del sector privado (acciones, Obligaciones Negociables, plazos fijos). En la actualidad, ese porcentaje cayó al 22. Mientras tanto, crecieron las inversiones financieras en el extranjero. Un 10 por ciento de lo administrado, alrededor de 7500 millones de pesos, fue a financiar empresas brasileñas o japonesas, operaciones que no son del agrado de Banco Central porque considera que no benefician a la economía doméstica y presionan en el mercado cambiario.

Los economistas de MVA concluyeron que mientras montos elevados de capitales están en el extranjero (los activos de argentinos en el exterior trepan a 122.000 millones de dólares) y los bancos se resisten a prestar a largo plazo, las AFJP deberían ser protagonistas en financiar proyectos productivos a mediano y largo plazo. Admiten que existe el desafío de encontrar el instrumento que sea capaz de darles la mayor seguridad posible a los afiliados. Con la experiencia de la indexación como un pésimo recuerdo, otro director de la consultora, Manuel Sánchez Gómez, propuso una alternativa: el ajuste por “valor producto”. Sería para créditos a más de cinco años de plazo y se aplicaría, por ejemplo, para el productor del campo. “El préstamo se ajustaría de acuerdo con el precio del kilo vivo de ganado. Si sube, el ganadero paga más por el financiamiento. Si baja, paga menos”, sintetizó Sánchez Gómez. Según los expertos, el cambio de normativa para cambiar el perfil inversor de las AFJP sería sencillo e iría por una cuerda separada a una eventual reforma integral del sistema previsional. La urgencia, se reconoce, pasa por canalizar los recursos de los futuros jubilados hacia nichos productivos que le sigan dando sustento al crecimiento económico.