La Cámara de Diputados dio media sanción a la emergencia nacional sobre tenencia de armas. Durante un año estarán bajo la lupa del Estado desde la tenencia hasta la exportación de armas de fuego, municiones y explosivos –y hasta las réplicas de juguete– pasando por la fabricación y el almacenamiento. El proyecto del Gobierno contempla un “plan canje” para “la entrega voluntaria de armamento” a cambio de un “incentivo económico”, que “no tendrá efecto legal ni presunción alguna contra el tenedor”, para luego destruirlas. También habrá condonación de deudas para los legítimos usuarios y hasta un “premio federal” para el municipio que consiga un mayor desarme en su población.

El proyecto es del Poder Ejecutivo, pero los legisladores de los partidos de centroderecha llevaron la voz cantante durante el transcurso del debate. El miembro informante que defendió en general la iniciativa, en nombre de las comisiones de Seguridad Interior, de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda fue Carlos Dellepiane, del Frente Popular Bonaerense. “Hay un millón y medio de armas declaradas y algunos dicen que puede haber más de 3 millones no declaradas. Esta es una medida más en la política de seguridad, pero si se reducen las armas no declaradas, se reducirán los problemas”, argumentó el diputado riquista.

Las críticas, también de los sectores de centroderecha, se volcaron sobre la declaración de emergencia y el amplio espectro que abarcará la medida “de excepción” a lo largo de un año: “tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional, registración, donación, comodato y compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o no registrados”.

“¿Cuáles van a ser los alcances de esa emergencia?”, preguntó el macrista Eugenio Burzaco, para cuestionar que si la medida alcanza a la importación y la exportación, “se está hablando de la existencia de tráfico de armas”. “¿Hay contrabando?”, también consultó la neuquina Alicia Comelli y cargó contra el Gobierno al afirmar que “la seguridad nunca estuvo en su agenda”, aunque se manifestó a favor del proyecto pero no de la emergencia. Otra macrista, Nora Ginzburg, se pronunció directamente en contra del programa de desarme con el argumento de que el incentivo económico podría promover “el objetivo delictivo de robar armas para vendérselas al Estado, dejando un sinnúmero de delitos sin resolver”. Aunque a la hora de votar, el proyecto sólo cosechó tres votos en contra y 134 por la afirmativa.

El artículo 7 del proyecto establece que la entrega voluntaria de armas –tendrá un incentivo económico que definirá el gobierno nacional– “no conllevará efecto legal ni persecución alguna contra el tenedor, quien en lo que respecta a las armas entregadas estará excluido de los alcances del artículo 189 bis del Código Penal”.

La iniciativa que aspira a reducir y blanquear el mercado de armas de fuego entre la población civil, como un aporte a la seguridad pública, también extendió la prohibición “a la fabricación, venta, comercio e importación de réplicas de armas de fuego”, que será acompañada con “campañas de sensibilización y abandono del uso” de juguetes bélicos.

El Ministerio de Interior, a través del Registro Nacional de Armas (Renar), realizará un inventario de armas de fuego y municiones en el mercado legal. Una medida que también alcanzará al parque militar de las Fuerzas Armadas y de seguridad.