La nueva ley para deudores hipotecarios con acreedores privados, sancionada en la madrugada de ayer por la Cámara de Diputados, ya empezó a cosechar críticas tanto de la oposición como de entidades de deudores. La norma busca frenar los remates judiciales y establece que estas deudas deberán ser canceladas a una paridad del orden de 1,83 pesos por dólar. Sin embargo, según los críticos, sólo podría beneficiar a unas 8000 familias, de un universo de 85.000 deudores en esta condición. La próxima semana, los legisladores del oficialismo tratarán la situación de otras 25.000 familias que contrajeron deudas con el Banco Hipotecario antes de la convertibilidad y que actualmente corren riesgo de ejecución de sus viviendas.

La ley sancionada por Diputados en la madrugada del jueves apunta a resolver la situación de los deudores extrabancarios para quienes, ante el reclamo judicial de los acreedores, los jueces no reconocen la pesificación 1 a 1 de las deudas. Y en muchos casos avanzaron con el remate de las viviendas.

Así, la norma establece un sistema de conciliación para salvar las diferencias entre acreedores privados y deudores, pero de persistir esas diferencias obliga al magistrado actuante a recalcular la deuda. El texto está limitado a deudores que hubieran caído en mora entre el 1º de enero de 2001 y el 11 de septiembre de 2003, a raíz de la compra de una vivienda única de un monto no mayor a los 100 mil pesos. Además, suspende las ejecuciones y desalojos.

El juez actuante deberá recalcular el monto de la deuda con una fórmula que hoy arroja un valor del orden de 1,83 peso por cada dólar, un valor algo inferior al que vienen determinando los jueces para estos casos (2,05) invocando la “teoría del esfuerzo compartido”. La norma establece, además, que una vez dictado el fallo judicial la deuda deberá ser saldada en un plazo de 45 días. Para las 8000 familias incluidas en el Fondo Fiduciario de refinanciación de hipotecas, administrado por el Banco Nación, no habría mayor problema: ya que el Fondo pagaría al acreedor, refinanciando así los créditos. Pero, según los críticos, la norma nada dice de los deudores con acreedores privados que no ingresaron al Fondo y no podrían afrontar el pago total.