Los jueces de la Corte Suprema estaban hartos de pedirlo y no lo disimulaban. Desde hace por lo menos un año reclamaban una decisión del Gobierno: que nombrara reemplazantes para los dos cargos vacantes o se achicara la estructura por ley. Sus Señorías se inclinaron de entrada por la reducción. Invocaban la necesidad agilizar las causas y lograr estabilidad institucional. Algunos recomendaban que por una cuestión de “autorrestricción” el Poder Ejecutivo no designara más supremos. Este año empezaron a quejarse porque no lograban armar mayorías para firmar fallos. La protesta se recalentó esta semana. Ricardo Lorenzetti, apenas lo nombraron nuevo presidente del tribunal, volvió sobre el tema. “Todos ya hemos manifestado esta preocupación”, remarcó.

La decisión del Gobierno de presentar un proyecto de ley para achicar la Corte a cinco miembros no parece única ni necesariamente una respuesta al reclamo supremo, sino más bien una definición política post derrota en Misiones, que sorprendió incluso a algunos de los legisladores más kirchneristas.

En la Corte hay dos vacantes desde que el año pasado se fueron Augusto Belluscio, jubilado, y Antonio Boggiano, destituido. Para entonces el Ejecutivo ya había nombrado a Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco, Raúl Zaffaroni y Lorenzetti. Hace casi un año, cuando Néstor Kirchner se recluyó en Santa Cruz para rearmar su gabinete, en el tribunal todos apostaban a que también resolvería el enigma cortesano. Pero les falló el pronóstico. Desde entonces, las ONG autoras de los documentos “Una Corte para la Democracia” cuestionaron al Gobierno por no cumplir el plazo de treinta días para cubrir vacantes que él mismo había fijado.

“Habría que terminar con la ampliación a nueve miembros (que implementó Carlos Menem) porque fue muy criticada”, advirtió Lorenzetti el martes último minutos después de triunfar en la elección presidencial interna. La indefinición, dijo, “a esta altura no tiene explicación”. Highton, que seguirá como vicepresidenta, coincidió con aires de resignación y aclaró que la decisión dependía de los otros poderes del Estado. Un día antes Argibay se había quejado por la incertidumbre. Raúl Zaffaroni sostuvo que el tribunal podría buscar su propia solución reinterpretando el reglamento de modo de fallar con cuatro votos.

La seguidilla motivó la reacción del senador K Miguel Pichetto. “No comparto la vocinglería de la Corte Suprema”, cuestionó. “No es conveniente que estén permanentemente pidiéndole al Presidente que complete la integración”, dijo. Argibay, en diálogo con Página/12, le contestó: “Se enoja sin razón. Sobre los casos en que debemos fallar hablamos por nuestras sentencias. Pero, ante las dificultades de funcionamiento en la Corte, la situación la puede resolver el Presidente y por eso le reclamamos a él, o al Congreso. Esto no afecta la independencia de poderes”.

Para Argibay es bienvenido el plan de achicamiento. “Es importante para revertir las demoras y, además, el grupo actual se lleva bien”, destacó. La mayoría de los supremos se conformaba con una Corte de siete. Los que más alentaban una de cinco eran Enrique Petracchi y Carlos Fayt, que experimentaron esa composición durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Ahora esta Corte, que viene mostrando criterios independientes, tendrá facilitado el camino para cerrar –con cuatro votos– algunos de los grandes temas pendientes como varios planteos sobre la pesificación de los depósitos y las deudas hipotecarias.