La reforma impositiva que promueve el gobierno de la provincia de Buenos Aires introduce una novedad que encendió todas las luces de alerta de banqueros y economistas ortodoxos: la pretensión de gravar activos financieros. A partir de enero próximo, si el proyecto es aprobado a tiempo en la Legislatura, la oficina de Rentas aplicará una tasa de entre 0,25 y 0,75 por ciento a los contribuyentes provinciales que posean bienes muebles, inmuebles y activos financieros –depósitos en caja de ahorro, plazo fijo, acciones y bonos– por un monto total superior a 500 mil pesos. La iniciativa ofrece múltiples abordajes, desde la tensión que genera con el gobierno nacional por avanzar en un terreno que le es propio hasta sus cualidades o deficiencias técnicas, pero también, y más que nada, abre un debate imprescindible, largamente tapado: la necesidad de cobrar impuestos a la valorización financiera.

Una aclaración inicial es que el proyecto de ley no grava la renta financiera, es decir las ganancias obtenidas por inversiones en acciones, títulos de deuda o depósitos bancarios, sino la tenencia de esos activos. Y el impuesto recae sobre personas físicas, en tanto las sociedades ya están alcanzadas a través del impuesto a las Ganancias que cobra la Nación. Santiago Montoya, recaudador bonaerense, explicó a Página/12 que si el objetivo es poner un impuesto a la riqueza, no sería lógico excluir el capítulo de bienes financieros. “Por qué dejaríamos afuera esa parte del patrimonio”, señaló. La tasa de 0,25 a 0,75 por ciento se aplicará a través de los impuestos inmobiliario, automotor y a los activos financieros.

El principal argumento en favor de gravar las inversiones financieras es que no hacerlo produce una grave distorsión en favor de éstas y en desmedro de las productivas. “Supone una asimetría muy fuerte entre los impuestos al trabajo personal y a la producción empresaria, que deben pagar Ganancias con una tasa máxima de 35 por ciento, y la apuesta a activos financieros que están exentos”, describió un tributarista vinculado al gobierno nacional que pidió mantener su nombre en reserva. “Es una asimetría perversa para todo el desarrollo productivo”, completó.

Alejandro Otero, ex director de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires, agregó en la misma línea: “Gravar la renta financiera es una medida necesaria porque induce a un proceso de acumulación y valorización productiva del capital”.

Banqueros, tributaristas y economistas ortodoxos lanzaron, no bien se conoció el proyecto bonaerense, una feroz ofensiva en contra de la posibilidad de que se cree un impuesto sobre los activos financieros. Argumentaron que un tributo semejante no hará más que alentar una fuga de capitales. Por eso mismo, dijeron, la Nación los dejó exentos para la liquidación de Bienes Personales.

Montoya respondió que “no es más que un pretexto”, porque la Argentina sufrió grandes oleadas de salida de divisas a pesar de que el impuesto no existía. El último ejemplo fue antes del derrumbe de la convertibilidad. La experiencia de las últimas décadas demuestra que las fugas estuvieron motivadas en graves desequilibrios macroeconómicos –procesos de alta inflación e hiperinflación, caída en recesiones profundas– y en estallidos del sector bancario –como el Plan Bonex y el corralito– antes que en razones impositivas. “Es más –insistió Montoya–, países como Chile o Brasil cobran impuestos a la renta financiera y no tuvieron salidas de capitales como nosotros.”

En defensa de esa posición, algunos se animan a dar vuelta el argumento: la Argentina es el único país de desarrollo medio que no grava la renta financiera, por lo cual para el inversor es una situación inestable porque supone que en algún momento transitará hacia la normalidad y empezará a cobrar lo que ahora deja exento. “No hay ninguna evidencia de que la desgravación nos haya traído ningún provecho de ingreso de divisas de manera estable”, remarcó Otero.

Otra objeción que hacen los banqueros es que un impuesto a los activos financieros provocaría una suba de la tasa de interés de los créditos. Para Montoya, “es ridículo”. “Frente al impuesto al cheque que genera una recaudación de 10.000 millones de pesos al año, el impuesto que proponemos a los activos financieros aportaría apenas 60 millones”, puntualizó. Otros proponen imponer un tributo a la renta financiera y disminuir la tasa del impuesto al cheque, a fin de evitar la doble carga. Pero, en ese caso, el gravamen debería ser nacional.

Más allá de los ataques de los banqueros, hay tributaristas que comparten la filosofía del proyecto bonaerense pero lo critican porque consideran que será poco eficaz. Advierten, por ejemplo, que habrá una mudanza masiva de contribuyentes a otros distritos, a fin de evitar la incidencia de los nuevos gravámenes. En ese sentido, interpretan que la intención de la gobernación bonaerense es presionar al gobierno nacional para que aumente su cuota de la coparticipación federal. Y lo hace poniendo el dedo en la llaga, allí donde la administración central no avanza, como en el caso de la renta financiera. Otros especialistas, como Antonio Figueroa, cuestionan que se intente poner un impuesto al patrimonio, sin considerar que los contribuyentes también tienen deudas y no sólo activos. El mérito innegable del proyecto es haber instalado el tema en la agenda de debate.