“Yo no pienso nada, pero lo que pasó es muy extraño. La idea de los que me atacaron fue pegarme. Nada más que pegarme. No me quisieron robar. Me pegaron después de declarar y se fueron”. Carlos Lossada es periodista y vive en Paso de los Libres, en una vivienda que está al lado del predio –hoy semiabandonado– que ocupó el Regimiento 5 de Infantería. En ese lugar, en noviembre de 1976, Lossada estuvo dos días detenido junto con su ex esposa Noemí Cotto y su hermana Lilian Ruth Lossada, que pasó varios años presa durante la dictadura militar. Carlos Lossada, con quien dialogó ayer Página/12, es uno de los principales testigos de cargo en la causa por desapariciones y torturas ocurridas en el centro clandestino de detención que funcionó en la estancia La Polaca, cerca de la frontera con Brasil. Luego de su declaración, en agosto, fue detenido el oficial de inteligencia José Luis Marchisio, uno de los diez militares y civiles presos por su participación en los hechos investigados. En Libres el estigma de la desaparición de Jorge Julio López sobrevuela, al punto que está por reabrirse la causa por la extraña muerte de otro testigo civil, Albino Montecucco, cercano al poder militar, que se llevó muchos secretos a la tumba. El testigo apareció ahorcado en octubre, horas antes de declarar por La Polaca. Se dijo que fue suicidio, pero la Justicia quiere reabrir el caso.

En la madrugada del viernes pasado, cerca de las 3.30, Carlos Lossada regresaba a su hogar, a media cuadra del Regimiento 5 de Infantería, cuando a 50 metros de la puerta de entrada lo interceptaron dos hombres que ni siquiera le dijeron media palabra. Uno de ellos le pegó una trompada en la cara y después los dos atacantes lo molieron a trompadas. Cuando cayó al piso le pegaron varios puntapiés. Lo salvó el hecho de que pasara un auto e iluminara el rostro de los golpeadores. “Nadie me dijo nada sobre La Polaca ni sobre mi declaración en el juicio, pero es muy extraño que me hayan venido a golpear. ¿Por qué motivo puede haber sido? Yo no tengo ninguna certeza de nada, salvo que en ningún momento me quisieron robar. Si no fue un robo, ¿qué es lo que pasó?”. Lossada hizo la denuncia policial y la comisaría local le puso una custodia permanente, porque todo hace pensar que el “apriete” fue por La Polaca.

El testigo en peligro pidió la intervención del subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Pablo Vassel, y de la Fiscalía General de Corrientes, “porque es necesario que se promueva la protección integral de los testigos, porque acá estamos librados al azar, nadie se preocupa por lo que nos puede pasar”. La historia de la familia Lossada comenzó a complicarse en noviembre de 1976, cuando fue asesinado en la ciudad de Resistencia, Chaco, en un supuesto enfrentamiento, el joven estudiante correntino Pablo Martinelli, hijo de un capitán del Ejército, que en ese momento era novio de Lilian Ruth Lossada. Cuando los militares entregaron el cuerpo a la familia Martinelli, los padres y también su novia comprobaron que el joven había recibido varios balazos por la espalda, lo que hizo dudar sobre la veracidad de la versión oficial acerca de las presuntas circunstancias de la muerte.

Cuatro días después de la muerte de Martinelli fue allanada la casa de la familia Lossada, en Paso de los Libres. En ese operativo, realizado por el Ejército, se llevaron detenidos a Carlos y Lilian Lossada y a la entonces esposa del primero, Noemí Cotto. Mientras el matrimonio estuvo preso durante sólo dos días en la sede del Regimiento 5 de Infantería, a Lilian Ruth Lo-ssada la mantuvieron presa durante tres años y medio, primero en la provincia y luego en distintas cárceles del país. En el Regimiento 5, la mujer fue torturada con picana eléctrica. Por esa razón, a mediados de años, tanto ella como su hermano fueron llamados a declarar en la causa por las desapariciones y torturas en La Polaca. A la joven la condenó un Tribunal Militar con sede en La Liguria, en el Chaco.

El aporte de Carlos Lossada en la causa fue señalar, como responsable de los interrogatorios, al teniente coronel de Inteligencia del Ejército José Luis Marchisio, que vive en Paso de los Libres y que perdió su libertad a partir del testimonio, que corroboraba otras pruebas que figuran en el expediente. Con Marchisio ya son cuatro los libreños detenidos y acusados de violaciones a los derechos humanos, un tema que estuvo acallado por años en la ciudad fronteriza. Los otros presos locales son los ex agentes civiles del Destacamento 123 de Paso de los Libres –todavía funciona sobre la calle Madariaga, en pleno centro– Rubén Darío Ledesma, Carlos Faraldo y Víctor Irineo Aldave.

“Me pegaron, no hay nada más, no me robaron, no me amenazaron, pero igual queda la duda. Es raro, es extraño, no tengo enemigos, nadie tiene razones para golpearme de esa manera. Yo declaré en el mes de agosto y por mi declaración, además de otras pruebas, hubo detenciones. Es todo lo que puedo decir, por ahora, del episodio”. Carlos Lossada trabaja en un portal de Internet que se llama Infolibres, que junto con otra página web, la de Momarandu.com, son de los pocos medios periodísticos locales que hablan sobre las actuaciones de La Polaca.

La defensa de Marchisio había hecho una presentación, ante el juez federal Juan Angel Oliva, a cargo de la causa, para que se imputara a Lossada por “falso testimonio”. La pretensión fue desestimada un par de días antes de la extraña golpiza a la que fue sometido el periodista Lossada. El lugar donde fue golpeado el testigo es muy poco transitado de noche. La casa está pegado al predio donde funcionó el Regimiento 5 de Infantería, donde ahora sólo tiene un lugar el Colegio San José, que pertenece al Opus Dei. En otro extremo del amplio predio hay una guardia uniformada integrada por personal del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). Jorge Olivera, uno de los abogados querellantes en la causa de La Polaca, le dijo a este diario que “nadie sabe qué es lo que están custodiando allí los hombres de inteligencia”.

El caso Montecucco

El testigo que murió a comienzos de noviembre pasado, horas antes de declarar en la causa, se llamaba Albino Montecucco, tenía algo más de 70 años y era una de las personas más conocidas en Paso de los Libres. Dueño de una armería, era considerado como “un todo terreno de los servicios de inteligencia”, le comentó a Página/12 un abogado y ex juez de Paso de los Libres que estuvo preso durante la dictadura. Las historias que se cuentan sobre Montecucco son infinitas. Se dice que llegó a hacer “mucho dinero” y que siempre estuvo sospechado, incluso en algunas causas judiciales concretas, como presunto contrabandista de armas, un negocio muy común en una zona fronteriza como Libres.

En el expediente de La Polaca estaría probado que el propio Montecucco fue quien hizo los contactos con los dueños del lugar para que se lo cedieran al Ejército, a principios de 1976. Sin embargo, el predio recién fue utilizado en 1980, cuando comenzaron a producirse los secuestros de militantes de la organización Montoneros que regresaban al país en el marco de lo que se llamó la “contraofensiva” para tratar de desalojar del poder al gobierno militar. En la causa se investigan, entre otras, las desapariciones de Lorenzo David Viñas, el sacerdote tercermundista Jorge Adur y Carlos Marcón. La estancia fue alquilada por el oficial de Inteligencia José Mario Filipo, quien precedió a Marchisio como segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 123.

Por estar muy cerca de la frontera, La Polaca era un lugar discreto para los traslados de detenidos desde Brasil. De lo contrario había que cruzar toda la ciudad hasta llegar a la zona donde estaban los distintos regimientos, que abundaban y abundan en Libres. Al punto de que los abogados dicen que es una ciudad “militar-cívico y no cívico-militar”. En ese marco, se dice que Montecucco trabajó muy cerca del poder militar, en algunos negocios relacionados con el tráfico de armas e incluso en la colaboración para hacer “desaparecer cadáveres”, sostiene el ex juez consultado por ese diario.

A comienzos de noviembre, el armero estaba citado a declarar ante el juez federal Oliva. Tres horas antes lo encontraron colgado de una cabriada. En la causa prestó declaración testimonial su viuda, con la que vivía bajo el mismo techo, pero en habitaciones separadas, desde hacía unos treinta años. La mujer dijo que se levantó esa mañana y le pareció extraño que su marido no estuviera en su pieza. La muerte se produjo en una chacra, propiedad de Montecucco, ubicada en las afueras de la ciudad, a unos diez kilómetros de la vivienda familiar. La investigación del caso la llevó una jueza civil, Ana Atencia.

Como le surgieron algunas dudas, luego de inhumado el cadáver del armero ordenó una exhumación. En la autopsia se buscó la posibilidad de que hubiera ingerido algún tipo de droga o veneno. No encontraron nada. En cuanto al ahorcamiento, no hubo conclusiones rotundas sobre si fue un suicidio o un asesinato. “Las señas que se encontraron pueden indicar una cosa o la otra, lo importante sería profundizar la investigación, algo que hasta ahora no se hizo”, recalcó el abogado Jorge Olivera. “Montecucco sabía muchos secretos y ahora se los llevó a la tumba. Ese es el punto que despierta sospechas. ¿No es sospechoso que haya aparecido muerto tres horas antes de que le tomaran declaración?”, insistió el letrado.

En el barrio, Montecucco tenía fama de timorato, de un hombre de poco carácter, que había sido “manejado” por los militares. Su nombre fue mencionado, incluso, en una famosa causa local por contrabando de televisores, en la cual también había sido mencionado uno de los militares involucrados ahora en la causa de La Polaca. “Sabía mucho, por no decir todo, y por su carácter, todos piensan que iba a escupir todo”, comentó el ex juez de Libres. Las dudas subsisten y por eso el juez Oliva analiza la posibilidad de incorporar el caso a la causa madre y así poder profundizar la investigación sobre el presunto suicidio.

“En Libres es muy difícil ser querellante en una causa contra militares. Los abogados que la llevan (Olivera y Eduardo Molina Giachetti) están muy solos en un lugar inhóspito para hacer justicia cuando los acusados tienen uniforme”, opinó el ex juez de Libres.